Comienza la cuenta atrás de dos años para que los concellos elaboren planes contra la sequía

la voz REDACCIÓN

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

Los municipios deben reducir las fugas de aguas en las redes de abastecimientopor debajo del 20 %

11 ene 2020 . Actualizado a las 19:16 h.

Galicia acota las posibilidades de que se vuelvan a repetir los dramáticos escenarios de sequía que se produjeron en la comunidad hace poco más de dos años. Y lo ha hecho reforzando la planificación de las herramientas que permitirán ampliar las garantías para el abastecimiento de agua a la población en períodos donde la reservas hídricas se reduzcan a causa de etapas prolongadas de sequía. Se trata de una ley donde se desarrollan una serie de medidas que garanticen el suministro de agua a la población ante este tipo de episodios. Este sábado entró en vigor y se trata de la única norma de estas características que existe en España, pues ninguna comunidad autónoma ha elevado al máximo rango normativo la protección del derecho de recurso básico en un contexto climático nuevo.

La Administración gallega se proclama como la autoridad responsable de velar y hacer cumplir las normas para que los ayuntamientos garanticen el suministro de agua. Lo hará proporcionándoles la asistencia técnica y financiera necesaria para lo que será esencial la colaboración de las Diputaciones Provinciales en este cometido. Sobre todo teniendo en cuenta que son los municipios los titulares de las competencias en materia de abastecimiento y que el reparto de responsabilidades en materia de gestión del dominio público hidráulico corresponde a Augas de Galicia y al Gobierno central.

Entre las medidas más significativas que se incorporan y cuya aplicación se eleva a rango de norma, es el control de las fugas de agua en las redes de suministro. Los municipios disponen de un período de tres años para acometer los trabajos que reduzcan por debajo del 20 % estas pérdidas por deficiencias en la canalización. Se harán auditorías para identificar las fugas en las redes a través de contadores de caudal, una infraestructura obligatoria para la que la Xunta habilitará ayudas específicas.

 Tarifas especiales

La nueva ley invita a las administraciones locales a que animen al uso eficiente y consumo responsable del agua por parte de los ciudadanos. Para ello, en la normativa se propone que beneficie con tarifas más atractivas a través de varios tramos según el volumen de agua consumida.

Apenas superan la veintena, pero aglutinan a los mayores núcleos de población de la comunidad. De ahí que los ayuntamientos con más de 20.000 habitantes están obligados a elaborar planes de emergencia para su aplicación en períodos de sequía. Disponen de dos años para hacerlo.

En la planificación diseñada por la Xunta se incluyen medidas para todos los concellos, como la reutilización de aguas residuales para el riego y bocas de incendios, previa desinfección y autorización sanitaria, así como dar prioridad a las obras necesarias para garantizar el suministro, incluso en la urgente ocupación de los terrenos necesarios para su ejecución. Siempre en escenarios de alerta por sequía.