Galicia es la única autonomía histórica sin la transferencia de sus autopistas

El País Vasco ya tiene todos los viales a su nombre y Cataluña dos autopistas estatales


vigo / la voz

Galicia ha asistido en las dos últimas legislaturas de las Cortes a la dilación del debate sobre la transferencia a la Xunta de la titularidad de la AP-9. De nada sirvió que la petición estuviera avalada por todo el Parlamento gallego hasta en tres ocasiones, o que solo tuviera el rechazo de 32 diputados del Congreso para abordar la cuestión. Pero los meses pasaron y lo avanzado se quedó en nada con la convocatoria de las dos últimas elecciones generales.

No ha sido así sin embargo para todas las autonomías históricas. Mientras Galicia tiene que volver a defender en el Congreso su petición, el País Vasco recibía en abril del año pasado, 12 días antes de las elecciones generales, la transferencia de su autopista AP-68 en el tramo que recorre desde Bilbao al límite de las provincia de Álava con Burgos. En ese momento, la Administración vasca acabó de hacerse con la titularidad de todas las carreteras trazadas dentro de su comunidad. Y es que unos meses antes, en noviembre del 2018, de nuevo el Ejecutivo central socialista remitía al País Vasco los derechos del tramo de la AP-1 que pasa por Álava mientras levantaba el peaje del vial que parte de Burgos.

Ya en 1999 el Gobierno de Aznar con Rafael Arias Salgado al frente de Obras Públicas, había firmado el decreto de traspaso de la autopista AP-8 (Bilbao-Behovia). Nada importó que se tratase de una carretera de interés general y que concluyese en la frontera, criterios que se han esgrimido por los gobiernos centrales de PP y PSOE para rechazar la petición gallega respecto a la AP-9.

Pero antes incluso, Cataluña ya había abierto la rendija de la ruptura de la red estatal de carreteras. En junio de 1995, con Josep Borrell como ministro, el Gobierno de Felipe González entregaba a la Generalitat la también fronteriza A-17 Barcelona-La Junquera (hoy autonómica C-33) y la A-19 Barcelona-Mataró (ahora C-32).

El agravio entre comunidades autónomas históricas es así evidente: tres autopistas estatales para el Gobierno vasco, dos para la Generalitat y cero para la Xunta.

El traspaso de la AP-68 al País Vasco en plena campaña de las generales de abril obligó a Fomento a explicarse, indicando el secretario general de Infraestructuras, Julián López, que «a largo plazo, y solo desde criterios técnicos, una vez que se aborden las alternativas posibles, como hacer alguna infraestructura alternativa que permitiese despojar a la AP-9 de su condición de vía de interés general, se podría abordar el traspaso de la autopista a la Xunta». El propio Consejo de Ministros emitía a continuación una nota oficial subrayando que el País Vasco tiene competencias, en virtud de su Estatuto, para gestionar carreteras de la red de interés general del Estado y Galicia no. «Cualquier cambio que afecte a esta situación requiere, en primer lugar su exclusión de la red de interés general», avisaba.

Desde que el Gobierno hizo en abril esa advertencia, ni se ha planteado un alternativa viaria a la AP-9, ni la autopista gallega ha dejado de figurar en la red prioritaria, pero ahora sí, a cambio de la investidura, se ha puesto este año para traspasarla a la Xunta.

La plataforma de autónomos contra la subida de peajes da de plazo dos meses para que bajen

Las organizaciones de autónomos y pequeñas empresas que han formado en Galicia la plataforma contra las subidas extraordinarias de peajes en la AP-9 otorgaron ayer al Gobierno central y a la concesionaria del vial un margen de apenas dos meses para que trasladen a las tarifas de la autopista gallega el acuerdo alcanzado por el PSOE y el BNG para proceder a la rebaja de sus precios. Encabezados por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la plataforma marca el 28 de febrero como fecha máxima de espera para que se materialice la gratuidad en la AP-9 para todos los conductores, incluidos los profesionales y también los domingos y festivos, como reza en el pacto de investidura entre socialistas y nacionalistas. «De lo contrario, es decir, superar el tiempo que desde la plataforma hemos establecido, tendrá consecuencias en modo de movilizaciones», advierte Eduardo Abad, presidente de UPTA.

Tras felicitar a ambos partidos por la decisión, pero hacerles ver también que «estaremos vigilantes», la plataforma cifra entre 300 y 600 euros al mes el ahorro que podrán obtener los autónomos cuando tengan la ida y vuelta gratis en el día en la AP-9, media anual que elevan a 4.000 euros por negocio y a unos 50 millones de euros al año para todo el sector de la pequeña empresa.

Los peajes que deje de ingresar Audasa tendrán que ser abonados por Fomento con cargo a los presupuestos del Estado.

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