Hacienda pagó al límite su deuda con la Xunta, que exige 370 millones más

j. capeans / r. santamarta SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Feijoo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
Feijoo, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero MARCOS MIGUEZ

La última entrega a cuenta pendiente, de 107 millones, entró el 30 de diciembre

04 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Por unas horas, el Ministerio de Hacienda ha cumplido con su compromiso de pagar en el 2019 todo el dinero que adeudaba a Galicia de las llamadas entregas a cuenta, los fondos que el Estado debe de transferir a las comunidades periódicamente por el reparto en los ingresos por impuestos. Se resistió, y mucho, hasta el punto de que la última partida llegó a las arcas de la Xunta el 30 de diciembre, que es el último día del año de actividad ordinaria para la Administración.

El abono, que se dilató durante todo el año y que llegó a ser motivo de presión por parte del Gobierno para buscar el apoyo a Sánchez para superar la investidura en junio, entró técnicamente en tiempo después de que la ministra en funciones ordenase desbloquear estas entregas, que tenían achuchadas por igual a comunidades afines y abiertamente a la contra, como es el caso de la Xunta o la Junta de Andalucía. El regusto agridulce en Facenda es por las formas, y también por los plazos, considerados lesivos para el correcto funcionamiento de las Administraciones autonómicas.

En condiciones normales, el Gobierno suele liquidar estos fondos a mediados de año, lo que en los últimos ejercicios ha permitido a Galicia asumir los pagos ordinarios sin tensiones de tesorería y, lo que es más importante, sin acudir a deuda o pólizas de crédito que siempre generan intereses, por muy barato que esté el dinero. En total, a Galicia le correspondían 334 millones de la actualización de las entregas a cuenta, que la Xunta, igual que el resto de las Administraciones, había computado en sus presupuestos del 2019. Pero en vez de llegar el dinero en junio, este entró en los dos últimos meses del año, y en cuatro plazos: 60 millones el 5 de noviembre y 107 el 30 de ese mes; y las mismas cantidades el 10 y el 30 de diciembre. Teniendo en cuenta que las nuevas cuentas de Galicia entraron en vigor el 1 de enero, el último pago dejó a la Xunta «sen marxe de actuación», obligando a adelantar pagos inaplazables como pueden ser las extras de los trabajadores públicos o los medicamentos financiados, que son las dos facturas ineludibles de Facenda a la hora de priorizar el gasto público.

Cuentas en riesgo

Con el ejercicio 2019 cerrado, el departamento de Valeriano Martínez deberá sacar la calculadora para hacer el ajuste fino de las cuentas y tratar de presentar un balance saneado que permita a la Xunta volver a optar a los incentivos a los que, por ley, tienen derecho las administraciones que cumplen los parámetros de equilibrio financiero (deuda, déficit, pago a proveedores y techo de gasto). Y en ese punto vuelve a supurar la herida de la Xunta, que acusa a la ministra de Hacienda de haber puesto en riesgo el buen hacer de las comunidades cumplidoras. De hecho, Facenda advierte que no va a bajar la intensidad de sus demandas, porque entiende que el Gobierno adeuda todavía a Galicia 370 millones de euros. 170 de ellos se corresponden precisamente con el buen desempeño en los dos anteriores ejercicios, pero el Gobierno nunca ha confirmado esa cifra ni ha hecho el menor ademán de pagarla, por lo que Martínez no ha tenido más remedio que volver a separar esa partida de los presupuestos, que nunca comprometieron el gasto autonómico.

Lo que sí va a dejar un agujero en las arcas son los 200 millones del IVA que la Xunta debió cobrar de diciembre del 2017 pero que nunca llegaron a Galicia. En este caso, María Jesús Montero sí se comprometió con el presidente Feijoo a pagar esa cantidad. Fue en agosto del 2018 cuando Facenda estaba elaborando los Orzamentos del año que acaba de terminar. La Xunta se fio de la palabra de la ministra y ahora hay un desfase entre ingresos y gastos que quieren reclamar en el Consejo de Política Fiscal, que lleva 17 meses sin reunirse.