La Xunta multó en tres años a 31 pisos turísticos ilegales, y abrió un centenar de expedientes

Entra en vigor la normativa que obliga a los propietarios a publicitarse con un código que avala su actividad


Desde que entró en vigor el decreto que regula la actividad de los pisos turísticos en Galicia, a principios del 2017, la Xunta abrió 107 expedientes e interpuso 31 sanciones de carácter grave, que van de los 900 a los 9.000 euros, por incumplimiento de alguna de las medidas a las que obliga el decreto o por no haber dado de alta el uso turístico de la vivienda denunciada. De los 107 expedientes abiertos, 43 se tramitaron por denuncias o reclamaciones de terceros, y otros 64, de oficio. 

Los datos los aportó la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en una comparecencia en la que el conselleiro de Turismo, Román Rodríguez, dio a conocer las novedades que entraron en vigor este año para mejorar la regulación de la actividad, favorecer la convivencia y disponer de datos reales de ocupación, dado que el Instituto Nacional de Estadística no recoge esta modalidad de alojamiento turístico: «Levamos tempo reclamándoo», advirtió el conselleiro, quien lamenta la falta de criterio estatal que unifique una actividad en la que cada comunidad autónoma tiene sus propias normas. Desde el 1 de enero del 2020, los alojamientos que se publiciten en las plataformas turísticas deberán incluir el código que las identifica en el registro de viviendas turísticas de la Xunta y que, por lo tanto, avala su actividad y garantiza su legalidad. Pero además, será también obligatorio que comuniquen sus datos de ocupación a la Xunta a través de una aplicación informática que podrán manejar en breve. El objetivo es tener datos reales de su actividad y de ocupación, que a partir de ahora figurarán como oficiales, por lo que las cifras de ocupación turística en Galicia van a aumentar: «Estes turistas non están cuantificados porque o INE non o fai; ímolo facer nós. Tamén niso imos ser pioneiros», subrayó Rodríguez en relación a que Galicia fue también de las primeras comunidades que regularon el uso turístico de las viviendas.

El caso de Santiago

En relación a la decisión del Concello de Santiago de paralizar las licencias en toda la ciudad y de pedir a la Xunta que incremente las inspecciones, las Administraciones autonómica y municipal reunirán en breve a los responsables del sector para coordinar esas medidas, si bien la obligatoriedad de incluir el código en la publicidad de los pisos facilitará esas inspecciones. Aunque la inclusión del código es obligatoria ya, la Xunta dará un mes a los propietarios para que se vayan adaptando a la normativa. De no cumplirla, la sanción será leve, pero se convertirá en grave en caso de reiteración o publicidad engañosa.

Al margen del caso de Santiago, que es la ciudad gallega con más pisos turísticos (681 frente a 339 de Vigo, que es la siguiente en el registro), el conselleiro insistió en que esta actividad no genera en Galicia un conflicto  de convivencia como ocurre en otras localidades españolas. Sin tener en cuenta a Santiago o a Sanxenxo (el concello turístico con más viviendas destinadas a este uso: 1.728), las cifras en las demás localidades gallegas están muy lejos de las que registran ciudades como Barcelona, con 18.000 pisos registrados, o comunidades como la propia Cataluña, que tiene 80.000 frente a las 9.872 de Galicia.

En cuanto a las denuncias del sector hostelero, que al menos en Santiago cifra casi en un millar el número de pisos turísticos ilegales, Román Rodríguez puntualizó que a la Xunta esos datos no le constan porque nadie los demostró ni los denunció oficialmente. Sin ponerlos en duda, el conselleiro recalcó: «Nós somos unha Administración, e unha Administración non actúa por percepcións ou sensacións, actúa por datos».

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga), cuyos asociados gestionan 9.000 plazas, aplaude las nuevas medidas adoptadas por la Xunta. «Nosotros ya le recomendábamos a nuestros asociados que pusieran el código, y en nuestra plataforma hay un apartado específico para ello. Las demás, tendrán que adaptarse —indica Dulcinea Aguín, su presidenta—. Todo lo que sea velar por la legalidad nos parece positivo».

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