Una decena de cargos imputados por la jueza De Lara ya están exculpados

T. T. LUGO / LA VOZ

GALICIA

Carlos Castro

La magistrada de las macrocausas empieza a cerrar casos, tal como prometió al Supremo tras su investigación

19 dic 2019 . Actualizado a las 08:32 h.

Otros dos imputados por la magistrada de las macrocausas de Lugo, Pilar de Lara, fueron exculpados esta semana tras años de suplicio y de verse obligados a abandonar sus respectivas funciones. Se trata de Jesús Otero, que fue subdelegado del gobierno en Lugo con el PSOE, y Maximino Losada, que fue comisario de la Policía Nacional en la provincia lucense. Con ellos ya se acerca a la decena el número de cargos imputados por De Lara que han quedado liberados.

El exsubdelegado y el excomisario estaban imputados en la causa de la operación Carioca. Permanecieron en la condición de investigados dentro del mayor sumario de España abierto contra la explotación sexual de mujeres y contra las mafias policiales. Otero, que también fue alcalde de Monterroso, tuvo que dejar el cargo tras ser inhabilitado en otro sumario, el de la anulación de multas de tráfico. «Tenemos una extraordinaria Justicia, tenemos una extraordinaria sala de lo Penal en la Audiencia de Lugo, una extraordinaria sala de lo Civil y tenemos unos extraordinarios jueces, pero como en todos los colectivos siempre hay alguna manzana podrida que acaba tirando por la borda la buena labor», dijo Otero tras conocer la noticia de su desimputación.

El exalcalde del PSdeG en Ourense, Francisco Rodríguez, es otro acusado por la magistrada De Lara que acabó exculpado de una pieza separada de la operación Pokémon que la jueza remitió a Ourense para que se investigaran diversos delitos, entre ellos los de prevaricación urbanística. En este caso, el asunto era la venta de una parcela de aprovechamiento municipal a una constructora, así como un supuesto cohecho por un viaje a Latinoamérica que había sido presuntamente abonado por la empresa y cuyo importe ascendió a unos 8.500 euros. Esta causa recayó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense y su titular decretó el sobreseimiento provisional, tras hacer suyo un informe de la Fiscalía favorable al archivo. El juez consideró «sobradamente» prescritos ambos delitos y tampoco vio prueba alguna de otros tres posibles planteados por De Lara.

Argimiro Marnotes también estuvo en la lista negra de la jueza De Lara durante su mandato como alcalde del municipio ourensano de O Carballiño. La magistrada lo acusó de adjudicar el contrato de desbroces a un empresario que figuraba en la lista de beneficiarios de Fernández Liñares en la Confederación Hidrográfica del Miño. De Lara lo imputó en febrero del 2013 y envió la pieza a un juzgado de O Carballiño. Allí, el juez encargado del caso lo archivó por falta de indicios en el mes de junio del 2016. En esos 871 días que estuvo investigado por la Justicia, Marnotes perdió la alcaldía en las municipales del año 2015, tras una campaña en la que su imputación fue una de las piezas de artillería empleadas por la oposición para atacarle.

El actual senador del PP José Manuel Rey Varela fue imputado y desimputado en la Pokémon por De Lara durante su etapa en la alcaldía de Ferrol. La magistrada lo investigó por una grabación en la que supuestamente salía su voz. Finalmente tuvo que acordar el sobreseimiento del caso al constatar los informes fonométricos encargados que la voz registrada en una conversación con el delegado de Vendex en Galicia, José María Tutor, no era la de Varela, que arrastró más de cinco meses aquella imputación.

El exalcalde socialista de Lugo José López Orozco acumula cinco archivos de causas abiertas contra él por Pilar De Lara, aunque solo dos están relacionadas con la trama Pokémon: la adjudicación de la grúa y la Fábrica de la Luz.

El Tribunal Superior de Xustiza también le cerró la puerta a su asedio a la diputada del PP Paula Prado por unos hechos de cuando era concejala en Santiago. En la capital gallega, un juzgado decretó el sobreseimiento de otra pieza contra el exasesor municipal Ángel Espadas, al que De Lara le atribuía tráfico de influencias con una empresa constructora.