La subida de la AP-9 reabre el debate político con peticiones de gratuidad y transferencia

El PP garantiza que en manos de la Xunta se aplicarían descuentos,  y el BNG habla de «estafa legalizada»


Santiago

La anunciada subida de los peajes en la AP-9 han reabierto el debate político en el Parlamento de Galicia, donde las distintas fuerzas han coincidido en mostrar su malestar con la situación de la principal vía de comunicación de la comunidad, aunque con mensajes distintos. El Partido Popular lamentó que el Gobierno no haya avanzado hacia la transferencia de la titularidad, y Pedro Puy argumentó que bajo el control de la Xunta se podrían aplicar congelaciones en los peajes y descuentos como los que ya están en vigor en las autopisas autonómicas. 

La portavoz del Grupo Común da Esquerda, Luca Chao, fue más allá y, además de la titularidad, reclamó la gratuidad, un asunto que declaró «fundamental» para su grupo. «Queremos unha AP-9 galega, pública e gratuíta», manifestó. Ana Pontón (BNG) fue más allá  en sus calificativos e insistió en la idea de que la subida de los peajes es una «estafa legalizada», por eso ve necesario poñer fin a un «abuso continuado». Por ello advirtió a los partidos que tratan de conformar un Gobierno con el respaldo del Bloque que esta es una cuestión clave en la agenda gallega y que tendrán «unha posición firme e sólida».   

Los peajes de la AP-9 sufrirán por tercer año la mayor subida de España

carlos Punzón

Encadena un 0,84 % por el IPC, otro 1 % por Rande y 0,80 % por bonificaciones

Tercer año negro de manera consecutiva para los bolsillos de los usuarios de la autopista del Atlántico. Sus peajes serán los que más se encarezcan de toda España de nuevo a cuenta de la triple subida que las tarifas de la AP-9 registrarán cuando el próximo día 31 den las doce de la noche. Ninguna otra concesión viaria está siendo sometida en sus precios a una tensión similar cada año, sin que semeje que nada vaya a hacer cambiar que la AP-9 vaya a sufrir una dinámica de revisión de precios distinta a las del resto de las autopistas del Estado durante los próximos 17 años.

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