La Xunta maneja una bolsa de 145.000 aspirantes a cubrir puestos temporales

Este año ha llamado a 33.600 personas, que son penalizadas si no se incorporan


santiago / la voz

La Xunta maneja un listado de 145.000 personas inscritas —algunas en varias listas— que esperan una llamada para integrarse en la plantilla autonómica con carácter de personal laboral temporal o interinos, un alivio por tiempo limitado que puede convertirse en un pequeño tesoro si se acumula antigüedad y se aprovecha para realizar cursos específicos de la Administración gallega, que pueden ser decisivos en un concurso-oposición.

El dinamismo que han adquirido las ofertas públicas de empleo de la Xunta en los últimos meses, con un sistema abierto a todo tipo de concurrentes, ha puesto en la picota a un colectivo al que los opositores por libre ven con clara ventaja competitiva, como reconoció la pasada semana Feijoo. Esa situación no se da tanto en la fase de oposición, en la que todos luchan por obtener la mejor nota y superar el corte, como en la de concurso, en la que los interinos mejoran su valoración por los méritos acumulados. «Son imbatibles», afirmó el presidente, que aclara que el modelo de concurso-oposición es el que utilizan la mayoría de las administraciones y está consensuado con los sindicatos.

Pero no todo es viento a favor para los interinos. Las listas de trabajo temporal de la Xunta tienen un funcionamiento complejo que obligó a poner unas estrictas normas para cubrir las ausencias o bajas en los servicios públicos, circunstancias «azarosas», según Facenda, que requieren de plena disponibilidad. Entre las reglas más delicadas está la suspensión de las listas durante un año si el aspirante no contesta a la oferta de empleo realizada. Unas tres mil personas se quedan fuera de juego cada año por este motivo (3.193 en el 2018), una cifra que crece ligeramente cada ejercicio, circunstancia que responde sobre todo al mejor comportamiento del mercado laboral en el ámbito privado.

Puestos poco atractivos

El mayor problema con el que se encuentra Facenda, responsable último del personal autonómico, es la cobertura de las plazas menos atractivas o las que se ofrecen en localidades distantes de los grandes núcleos de población, o bien por tener condiciones de trabajo o jornadas más duras. Muchos de esos puestos son «prioritarios» y la Xunta los necesita cubrir en el menor tiempo posible para garantizar el correcto funcionamiento de los servicios.

Los principales motivos que han llevado a Facenda a penalizar a más de tres mil aspirantes cada año suelen repetirse. No presentarse a la citación cuando correspondía por orden de prelación; no aceptar la plaza ofertada; la exclusión temporal o definitiva de las listas en casos de sanción administrativa, que pudiera darse por un despido disciplinario o la separación del servicio; o por la renuncia expresa al puesto adjudicado una vez seleccionado.

Pero hay formas legales para esquivar la sanción de un año si, por ejemplo, el interesado tiene otro puesto de trabajo y no quiere dejarlo en ese momento. «Poden solicitar a suspensión temporal de chamamentos», aclaran desde la consellería, lo que permite al aspirante mantener su posición en las listas.

Las listas reguladas que generan más movimiento de empleo temporal son las que alimentan los centros de bienestar, el servicio de lucha contraincendios, los veterinarios y el personal administrativo de las consellerías. En lo que va de año, la Xunta ha tramitado 33.600 notificaciones, y lo sigue haciendo por carta a pesar de que un reciente decreto abría la posibilidad de implantar un sistema para agilizar los avisos por medios digitales como el SMS. La «complexidade» de la plataforma obligó a aplazar varios meses esta vía.

El nuevo sindicato de funcionarios pide convocatorias de acceso libre independientes de los concursos-oposición

Las quejas de los opositores por libre que han aflorado en las últimas semanas centran sus críticas en el sistema de concurso-oposición, que mete en un mismo saco a todos los aspirantes en la fase de oposición. Pero, una vez superada esta, entran en juego elementos como la antigüedad o la formación administrativa, lo que puede dejar sin plaza a concurrentes que tengan mejor nota pero que no reúnen méritos al no haber trabajado nunca para la Xunta, cuestión que ha generado frustración entre los estudiantes.

Estas voces críticas, que se están organizando a través de las redes sociales y las academias, se encuentran con dos problemas, y es que la Xunta y los sindicatos acordaron hace unos meses en una mesa de negociación que ese sería el modelo a seguir, para dar oportunidades de estabilidad a los que, trabajando ya para la Administración, acumularon años de espera en los que las convocatorias eran muy limitadas o simplemente no existían. El otro escollo es la legalidad, porque el sistema se ajusta a derecho y es el que están utilizando la mayoría de las comunidades autónomas y el propio Estado.

Pero esta posición monolítica tiene ya una veta. El Sindicato de Empregados Públicos de Galicia (Sepga) ha manifestado su disconformidad con un sistema que, a su juicio, no garantiza el derecho de acceso al empleo público en igualdad de condiciones. ¿Y quién es Sepga para opinar en este conflicto? Nada menos que la tercera fuerza en número de representantes tras las últimas elecciones celebradas en abril en el sector público, por detrás de CIG y CSIF y superando a históricos como UGT o CC. OO.

El problema que tiene esta nueva central es que cuando la Xunta y otros sindicatos alcanzaron el acuerdo ni siquiera existía. Conformada originalmente en base a una asociación del cuerpo superior del funcionariado, que históricamente vivió ajeno a la actividad sindical, denuncian que la Dirección Xeral de Función Pública no los está teniendo en cuenta a la hora de establecer cualquier tipo de acuerdo o diálogo. De hecho, no tienen «máis información que aquela á que poidamos ter acceso a través da prensa ou doutros sindicatos», denuncian.

Sepga no se opone a la existencia de convocatorias «excepcionais» que permitan la consolidación o estabilización de puestos de interinos, pero ven injusto que se mezclen con carácter general. Además, reclaman que los procesos se renueven y que tengan en cuenta la capacitación digital y los contenidos prácticos.

Las oposiciones «históricas» que no cesan

j. C.

La cascada de jubilaciones en la Xunta augura miles de plazas, pero la gran mayoría para personal específico

Atrás quedan los años en los que las convocatorias de ofertas públicas de empleo eran ridículas, se acumulaban de un ejercicio para otro o, simplemente, no se producían. La crisis que alcanzó a las instituciones en la primera mitad de esta década y las restricciones en las tasas de reposición de personal han embalsado una gran demanda que desde este mismo año ha empezado a despejarse. La Consellería de Facenda ya utiliza con frecuencia el calificativo de «históricas» para referirse a las últimas oposiciones que ha convocado, porque ciertamente lo son, al menos en lo cuantitativo. Es tentador poner el foco político en las elecciones del 2020 para justificar el despliegue, pero lo cierto es que es muy probable que en algunas especialidades se sigan batiendo récords cada año ante la cascada de jubilaciones que se avecinan en la Administración autonómica, que tiene previsto agotar su cupo de reposición. Hasta el 2024 se jubilarán 18.000 trabajadores en la Xunta, aunque la mayoría son del ámbito de la docencia y la sanidad, que acaparan algo más de un 70 % del empleo público en Galicia, y por tanto se trata de plazas que tienen unos requisitos de formación específicos.

Seguir leyendo

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
5 votos
Comentarios

La Xunta maneja una bolsa de 145.000 aspirantes a cubrir puestos temporales