Pilar de Lara pedirá al Supremo que se suspenda la ejecución de la sanción que la obligaría a dejar el juzgado de Lugo

Según su abogado, el motivo de la petición es evitar «daños irreparables»

Pilar de Lara llegando a los juzgados de Lugo, días después de confirmarse la sancion del CGPJ
Pilar de Lara llegando a los juzgados de Lugo, días después de confirmarse la sancion del CGPJ

La jueza del Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo, Pilar de Lara, pedirá ante el Tribunal Supremo la suspensión de la ejecución de la sanción de siete meses y un día de empleo y sueldo, que acarrea pérdida de destino, que le ha impuesto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre otras cuestiones, por dilaciones indebidas.

Su abogado, Agustín Azparren, indicó que el escrito pidiendo la suspensión de ejecución del castigo se presentará mañana o el próximo martes, que es cuando se agota el plazo para recurrir ante el alto Tribunal. Ejecutar la sanción la apartaría de las macrocausas que instruye, como la Carioca, sobre redes de prostitución; o la Pokémon y el Garañón sobre mordidas a políticos.

Azparren ha destacado que el recurso que se presentará al Supremo pide como medida cautelar la suspensión de la ejecución para evitar «daños irreparables». «Lo que se valora aquí es si el hecho de que se ejecute la sanción va a ser irreparable, en el sentido de que si después el Supremo estima el recurso y se deja sin efecto la sanción ya sería irreparable», indicó el abogado.

Frente a casos en los que la sanción es una suspensión de empleo y sueldo, recuperable con posterioridad si se acepta el recurso, en el caso de De Lara «una vez que se ejecutara la pérdida de destino sí que después sería prácticamente imposible volver a recuperar la plaza», de ahí la idea del daño irreparable que defiende su abogado.

Recusaciones

Sobre las recusaciones que le plantean las defensas del ex secretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, y del ex alcalde de Lugo Xosé López Orozco, por la urbanización del Garañón, a los pies del parque Rosalía de Castro, Azparren ha sostenido que «lo que sí que está claro desde hace muchos años es que mientras no resuelva el Tribunal Supremo o no sobre la ejecución (del castigo) no se puede ejecutar».

Al respecto, ha señalado que si se «abstuviera» de estas causas, como piden Besteiro y Orozco, «podría generar nulidades y problemas».

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