Aprobada la ley que concede tres años a los concellos para corregir las fugas de agua en la red

La oposición rechazó el texto que considera «ineficaz» y que traslada a los ayuntamientos los deberes que debería hacer la Xunta.

Imagen de archivode una fuga de agua por la rotura de una tubería en Canido
Imagen de archivode una fuga de agua por la rotura de una tubería en Canido

Santiago / La Voz

El Parlamento gallego aprobó este martes la llamada Lei de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario, un texto que sienta las bases para «blindar o abastecemento de auga á poboación», señaló el diputado popular Gonzalo Trenor, a base de actuar contra los episodios de sequía y las fugas en las redes de suministro. El texto vio la luz solo con los votos favorables del PP, pues toda la oposición votó en contra por entender que la ley no respondía a las expectativas generadas y era anticuada e ineficaz.

La nueva norma concede tres años a los concellos para que detecten y corrijan las pérdidas de agua en la red y las reduzcan del 40 al 20 %, a fin de rebajar a la mitad los 55.000 millones de litros desperdiciados cada año en pérdidas por deficiencias en el suministro. Así, los ayuntamientos deberán realizar auditorías sobre sus abastecimientos y, en el 2020, se publicará una orden de ayudas para instalar caudalímetros (contadores de caudal) en los puntos de captación y de suministro final para disponer de datos sobre las fugas.

Con esa información, los concellos deberán actuar para corregir las deficiencias y reducir las fugas al menos a la mitad, pues la ley también recoge una disposición para modificar el canon del agua con el fin de incluir un nuevo gravamen para las perdidas de agua que sean superiores al 20 %.

«A lei é necesaria, pero non da resposta ás expectativas xeradas», manifestó el socialista Luís Álvarez, que pidió sin éxito que se concedieran más plazo a los concellos para poder realizar las tareas que le impone la nueva normativa. «A Xunta desiste de facer o que debería e ponlle obrigas aos demáis», se quejó Luís Bará (BNG), algo en lo que incidió Davide Rodríguez (En Marea) al remarcar que muchos ayuntamientos «non teñen capacidade técnica nin económica para facer as auditorías». Por su parte, Marcos Cal (Común da Esquerda) justificó el voto contrario de su grupo en que el texto era «negacionista» del cambio climático y, por tanto, «ineficaz».

En nombre del grupo mayoritario, Gonzalo Trenor hizo una última llamada a la concertación al precisar que la ley había incorporado 38 enmiendas de todos los grupos de la oposición, excepto de Común da Esquerda. Y discrepó sobre la falta de recursos de los concellos para actuar en este campo y hacer frente a las fugas. «Os concellos teñen recursos», incidió, aunque «si os gastan en luces de Nadal, festas ou outras cousas, claro que non os teñen».

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