El Estado español y el francés se llevan casi 50 millones de los 51,7 que quedaban por repartir del Prestige

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

El Prestige, mientras era remolcado mar adentro
El Prestige, mientras era remolcado mar adentro J. M. CASAL

El resto se distribuye entre  262 empresas, instituciones y afectados que no cobraron las ayudas adelantadas por el Gobierno y el Fidac, y siguieron el proceso judicial hasta el final

26 nov 2019 . Actualizado a las 21:23 h.

La Audiencia Provincial de A Coruña acaba de dictar una providencia con la que distribuye entre 265 afectados el dinero destinado a las indemnizaciones del Prestige procedente de las cantidades que aún no se repartieron del fondo de compensación internacional Fidac (27,19 millones de euros), del depósito realizado por la aseguradora, el London P&I Club, para limitar su responsabilidad (22,7 millones)  y 1,77 millones procedentes de la venta del fuel que se recuperó del petrolero hundido durante la gran operación de extracción.

De estos 51,7 millones, cerca de 50 se destinan a los Estados español y francés. En el caso de España, el Gobierno adelantó en su momento el pago de las compensaciones a 20.000 afectados y tuvo, al igual que Francia, que afrontar costosas operaciones de restauración ambiental, lo que explica que, finalmente, sean ambos países los principales afectados por la marea negra que llegó a sus costas entre noviembre del 2002 y febrero del 2003, principalmente. En cualquier caso, el reparto se hace de forma proporcional, según las indemnizaciones reconocidas en última instancia por el Tribunal Supremo.

El Estado español, como principal perjudicado, recibirá 40.671.748 euros, el francés 9.265.515 euros, y la Xunta de Galicia, 202.472, mientras que el resto se repartirá entre otros 262 afectados por el vertido que son particulares, empresas, mancomunidades, ayuntamientos franceses.

 El Estado español, que ya había recibido cerca de 120 millones de euros del Fidac, es el principal perjudicado, de ahí que haya iniciado un pleito en Londres para lograr los 1.000 millones de dólares (907 millones de euros) de la póliza del seguro del Prestige, un proceso judicial que se aventura muy largo, dada la resistencia de la aseguradora a reconocer la sentencia del Tribunal Supremo, que considera a la mutua británica responsable civil directo de la marea negra.