Reabierta la instrucción del caso Alvia para investigar el posible borrado de datos de averías por parte de Talgo

La Audiencia Provincial ve «ineludible» investigar la denuncia de un exempleado de la compañía sobre una presunta eliminación de información


La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, ha ordenado investigar el posible borrado por parte de Talgo de datos relativos a presuntas averías del tren Alvia siniestrado en Angrois el 24 de julio del 2013.

La decisión del órgano judicial supone reabrir la instrucción del caso para abordar esa presunta irregularidad, denunciada por un extrabajador de Talgo que aseguró que directivos de la firma ordenaron borrar de la base de datos todas las averías detectadas en el convoy accidentado, pocas horas después del descarrilamiento.

En un auto fechado este mismo martes 12 de noviembre, los magistrados del órgano judicial provincial entienden que «resulta ineludible» investigar los hechos denunciados por el exempleado, «tanto en lo que se refiere a la supuesta destrucción de pruebas como a la situación en que se hallaba el tren y su posible relación con el accidente».

Esa decisión determina «necesariamente» la vuelta de las actuaciones a la fase de diligencias previas para que «con la máxima celeridad posible se depuren estos hechos». Es decir, se reabre la investigación y el titular del juzgado de instrucción número 3 compostelano deberá indagar sobre el denunciado borrado de datos.

Además, quedan sin efecto varios autos apelados emitidos por dicho juzgado de instrucción, entre ellos el que ponía fin a la instrucción y marcaba que la causa debía seguirse contra el maquinista del tren, Francisco Garzón Amo, y el director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, como únicos imputados.

Para evitar «retrasos innecesarios» en la tramitación del proceso judicial, la Audiencia coruñesa sugiere que si la investigación de la denuncia sobre el presunto borrado resulta «infructuosa» -bien por resultar infundada, bien por no poder esclarecerse-, se vuelva al mismo punto en que se hallaba el procedimiento y se den por reproducidas las resoluciones ya dictadas y los alegatos ya realizados, para no retrasar más la celebración del juicio por la tragedia de Angrois, cuyo inicio se preveía para principios del año próximo. El descarrilamiento dejó 80 víctimas mortales y más de 140 heridos.

Satisfacción en las víctimas y también en Talgo

En relación con la decisión de la Audiencia Provincial de reabrir la instrucción para investigar los hechos denunciados por un antiguo empleado de Talgo, la compañía ha manifestado que «comparte plenamente» la «necesidad» de hacerlo y se ha puesto a disposición del Juzgado para «acreditar la falsedad de lo manifestado por este antiguo trabajador», contra el que ya emprendió acciones judiciales por lo que consideran calumnias.

Desde la Plataforma de Víctimas del Alvia 04155 han acogido positivamente la decisión de la Audiencia coruñesa de reabrir el caso. «Por una parte, estamos contentos de que se vaya a investigar. Nosotros siempre hemos defendido que se sepa toda la verdad, y unos hechos tan graves como los denunciados deben investigarse», apunta Jesús Domínguez, uno de los representantes de la plataforma. Existe, sin embargo, una «parte negativa»: «Esto supone un nuevo retraso en el proceso, y ya han pasado más de 6 años desde lo sucedido en Angrois», señala Domínguez.

Este colectivo de víctimas recuerda que, tras conocer la denuncia sobre el borrado de datos, remitieron una carta al presidente de Talgo solicitándole una reunión y la apertura de una investigación interna. En respuesta, recibieron un burofax en el que el alto cargo les transmite su «pesar» por la tragedia e insiste en que las acusaciones del exempleado son «absolutamente falsas» y una «infamia», pero no responde a ninguna de las dos peticiones.

Segunda reapertura

Esta es la segunda ocasión en la que la Audiencia Provincial de A Coruña echa para atrás el cierre de la instrucción decretado por el juez del caso. Ya lo hizo en mayo del 2016, apoyándose en las aportaciones de los peritos judiciales para justificar la necesidad de seguir investigando las responsabilidades relativas a la seguridad de la línea de alta velocidad entre Santiago y Ourense. En aquella ocasión, la reapertura de la instrucción derivó en la imputación que actualmente pesa sobre Cortabitarte, cargo de Adif.

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