España y Colombia dejan a la DEA fuera de las entregas controladas de cocaína

Esta técnica policial se usó para enviar al menos tres toneladas a Galicia desde el 2017 como cebo para caer sobre los receptores; las fiscalías de ambos países quieren evitar las dudas que genera la legislación norteamericana


Vigo / La Voz

No es una cuestión de afinidad, empatía u operatividad. El «problema» es más complejo y radica en casar la legislación de Estados Unidos con las de España y Colombia, más garantistas para los investigados. En este caso, siempre por narcotráfico de altos vuelos. Sobre todo en las operaciones policiales encubiertas y entregas controladas de alijos de polvo blanco. Su puesta en práctica esconde un auténtico encaje de bolillos para cuadrar las leyes de estos tres países; la teoría, sin embargo, parece sencilla de aplicar.

El alijo de turno se intercepta, con la ayuda de la DEA (la agencia antidroga estadounidense), aún en manos de los proveedores en Sudamérica o ya cruzando el Atlántico. Incluso a su llegada a la Península, casi siempre también con la implicación de Colombia. La clave está en hacer creer a los receptores que su mercancía sigue a salvo. Luego, ya en el punto de recogida pactado, se cae sobre ellos. Hasta ahí todo es correcto. Los problemas llegan después, ya en la fase judicial.

Ocurre principalmente en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por la imposibilidad de aplicar las legislaciones sin generar dudas procesales. Galicia, una vez más, vuelve a jugar un papel relevante en esta estrategia transoceánica contra el narcotráfico. Y es que solo desde el 2017 se enviaron al menos tres toneladas de coca a las Rías Baixas, en sendas investigaciones, valiéndose de esta técnica. La situación provocada en el conjunto de España, reconocen en la Audiencia Nacional, acabó generando una alianza entre las fiscalías de Colombia y de España, que ya pasaron a trabajar conjuntamente.

«Cada agencia trabaja de forma distinta y quizás la DEA tiene un concepto de operación encubierta algo diferente, también el FBI. Porque en España una operación encubierta, también con agente encubierto, tiene que ser autorizada por juez y fiscal. Por eso se llegó a un acuerdo para trabajar bilateralmente», exponen en este tribunal con sede en Madrid antes de añadir: «El problema de provocar efectos en España de algo que, a lo mejor de acuerdo con la legislación de otro país es válido pero aquí genera dudas, no es conveniente. Se generan dudas y el Supremo absolvió una causa hace poco. Con este acuerdo vemos que es la forma de hacer las cosas conforme a nuestra legislación».

 Trazabilidad

La legislación colombiana y la española no distan mucho por una razón. La policía colombiana, en el momento que pasa de recabar información a iniciar una investigación, ya necesita a un fiscal. «Pero si la droga se la ha pasado la DEA a la Fiscalía colombiana, como la Fiscalía colombiana no nos diga dónde la ha obtenido, y nosotros no tenemos por qué saberlo, la obligación pasa por evitar que esa agencia pueda generarme un problema. Pero eso es porque tienen una forma de actuar conforme a su legislación y lo pueden hacer». Otra parte del problema radica en que a la DEA no le agrada que sus funcionarios vengan a juicio después de actuar como agentes encubiertos.

La operación Terrón Dulce, con 2.095 kilos de cocaína decomisados en Vigo y Padrón, es un ejemplo de trabajo policial sacado adelante con éxito pese a su complejidad. El procedimiento judicial, una vez en manos de la Audiencia Nacional tras iniciarse en Galicia, generó dudas por la falta de información sobre el origen y la trazabilidad de las dos toneladas confiscadas. Incluso se plantearon dos comisiones rogatorias a la DEA y a la Fiscalía de Colombia para recabar más datos. Solo contestó la agencia norteamericana, que detalló su origen revelando que se confiscó en el mar Caribe.

Las otras dos operaciones realizadas en Galicia desde entonces, siguiendo esta estrategia policial, implicaron la entrega de 650 kilos en Pontevedra, en el 2018, y otros 500 en Marín el mes pasado. Ambas causas también se instruyen en la Audiencia Nacional. Pero más allá del cortafuegos judicial aplicado por España y Colombia, existe un debate que afecta a más naciones implicadas en la misma trinchera del narcotráfico internacional. Tanto es así que las operaciones encubiertas y las entregas controladas, con la implicación de la DEA, serán tratadas en el próximo encuentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

Mermados

En la trinchera policial española y gallega, mientras, intentan adaptarse a las pautas procesales para que sus investigaciones acaben en sentencias condenatorias firmes. Y todo ello pese a las sinergias creadas durante décadas con sus colegas de EE. UU. y de Colombia. Explican, de entrada, que se trata de «una técnica más». Recuerdan también que dicha práctica policial lleva aplicándose más de 20 años, como prueba el hecho de que Sito Miñanco ya mordió ese tipo de anzuelo hace décadas, lo que motivó su primera condena por narcotráfico. La medida judicial acordada se interpreta, también en el contexto policial, como una merma más en sus capacidades para tumbar al enemigo, cada vez más invisible, adinerado y con capacidad para llevar a cabo sus planes. Lo que no cambia es que la DEA y España siguen colaborando para combatir esta lacra.

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