Las diputaciones exigen a la Xunta que asuma el traspaso de sus políticas sociales

Domingos Sampedro
domingos sampedro SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

PACO RODRÍGUEZ

La presidenta del ente pontevedrés, Carmela Silva, vuelve a ser la única que da plantón al Parlamento para no explicar sus cuentas

01 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Las diputaciones provinciales quieren soltar lastre en favor de la Xunta, especialmente en lo que concierne a todos los servicios sociales que están financiando de manera impropia, y el modelo a seguir es el que rigió para el traspaso de sus hospitales al Servizo Galego de Saúde. Tanto el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, como su homólogo de Lugo, José Tomé, ambos del PSOE, aprovecharon ayer sus intervenciones en la comisión de presupuestos del Parlamento para plantear una demanda que, de momento, no obtuvo respuesta alguna ni del PP ni del Gobierno autonómico.

«Estamos en disposición de negociar esta proposta co Goberno galego», manifestó Tomé, que no solo paralizó la construcción de nuevas residencias de mayores en la provincia de Lugo, sino que está interesado en que la Xunta inicie las integración de las que tiene la diputación.

«É un anacronismo que un centro de menores estea nas mans da Deputación da Coruña», resaltó instantes antes Formoso, que recordó que tanto los servicios educativos como la protección de menores «son competencia exclusiva da comunidade autónoma», así que su gestión por parte de las entes provinciales «minora os fondos asignados aos concellos».

El presidente del órgano coruñés cifró en 12 millones de euros el gasto anual que ocasionan centros como el Fogar Infantil Emilio Romay, el centro de menores de día de Ferrol, el IES Puga Ramón o el IES Calvo Sotelo, así como el Conservatorio Profesional de Danza, que a su entender tendrían que quedar bajo el paraguas de la Xunta.

«Espero que o presidente da Xunta sexa tan sensible hacia esto», dijo Tomé sobre el planteamiento de las diputaciones, como lo fue con las propuestas que le hizo la Fundación Amancio Ortega para colaborar con la Xunta en la construcción de nuevas residencias para mayores.

Plante de Carmela Silva

Formoso y Tomé, junto con el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, pasaron ayer por el Parlamento para dar cuenta de los presupuestos que manejarán los entes provinciales para el próximo año con el fin de cumplir con el mandato estatutario de «coordinar» el gasto que hacen con el de la Xunta. Un año más, y ya van tres, la presidencia de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, volvió a darle plantón a la Cámara y no acudió a explicar las cuentas, escudándose en la autonomía del poder local.

Durante su intervención, Baltar sacó pecho por ser el primer organismo provincial gallego en aprobar sus presupuestos para el 2020, que ascienden a 85 millones de euros, tres más que este año. La Diputación de A Coruña prevé aprobar sus cuentas, por un montante de unos 184 millones, un 0,22 % más, en el pleno del 21 de noviembre, mientras el gasto de la de Lugo será de 93 millones, tres más que en el 2019.