Castroverde advierte que la carga de los juzgados de lo social es «inasumible»

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Castroverde pasa ante el delegado del Gobierno y el presidente de la Xunta poco antes de abrir el año judicial en Galicia
Castroverde pasa ante el delegado del Gobierno y el presidente de la Xunta poco antes de abrir el año judicial en Galicia Ángel Manso

Asegura que en Galicia cada juez resuelve unos 850 casos de media, «más de lo que se puede hacer»

26 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

«La mejora de la Justicia no puede ser un sueño». Con esta declaración de intenciones arrancó José María Gómez y Díaz-Castroverde su primer discurso de apertura de año judicial como presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ante una audiencia encabezada por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo; el delegado del Gobierno, Javier Losada, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la jefa de la Abogacía del Estado, Consuelo Castro, el presidente del alto tribunal gallego hizo una radiografía de los problemas que atraviesa la Justicia en Galicia, en especial por el volumen de trabajo que tienen los juzgados de lo social y los que están especializados en cláusulas abusivas.

Castroverde reconoció que a pesar de los esfuerzos de los jueces, los tiempos de los órganos judiciales donde se dirimen las demandas por cuestiones laborales «están lejos de ser los esperados». Explicó que, según los módulos del Consejo General del Poder Judicial, la carga máxima que pueden tener esas unidades es de 800 asuntos, pero en Galicia, de media, cada juez de lo social resuelve 850 casos, «es decir, más de lo que se puede hacer». El presidente del Tribunal Superior reveló que solo el año pasado cada uno de los juzgados de lo social de Galicia recibió 934 asuntos, una cifra «claramente inasumible, que motiva esos tiempos de espera que, con razón, incomodan a los ciudadanos que requieren el servicio de una Justicia de la que esperan mayor agilidad».

También hay retrasos en los juzgados especializados en cláusulas abusivas, en los que desde el 2017 han entrado 14.500 casos. Aseguró que en ese ámbito los jueces han logrado una tasa de resolución muy por encima de la media estatal, aunque la mitad de los asuntos están sin resolver.

El atasco judicial en Galicia centró buena parte de la apertura del año judicial, y el presidente del Tribunal Superior dijo que la agilización de los tiempos de respuesta ante la ciudadanía es uno de sus retos y se comprometió a «buscar todos los mecanismos posibles para mejorar los tiempos de respuesta» de los juzgados de lo social, «que se han visto desbordados debido a la gran demanda por parte de los ciudadanos».

«Debemos ser transparentes»

Castroverde pidió la implicación de toda la sociedad y apostó por la educación para cambiar la percepción que los jóvenes tienen de la Justicia, a través del programa Educar en Justicia, por el que miles de estudiantes de institutos gallegos conocerán este curso el funcionamiento de los juzgados. «Debemos ser cercanos y transparentes», reclamó Castroverde, especialmente en los asuntos que afectan directamente a los jóvenes, como por ejemplo, la violencia machista, los delitos cometidos a través de las redes sociales, el acoso escolar o el consumo de drogas.

 

El presidente del Tribunal Superior ve conveniente que los estudiantes conozcan la jurisdicción de menores, sus derechos y el sistema de imposición de penas para que «entiendan el riesgo de algunas conductas». Y que sepan también que en lo que va de año han sido condenados en Galicia 55 menores por cometer algún delito. Ya superan a los de todo el 2018, cuando fueron sentenciados 448. Una parte de los delitos se han cometido a través de las redes sociales, con amenazas, delitos contra la intimidad, contra la integridad moral, trato degradante o tenencia de pornografía.

También se refirió Castroverde al maltrato machista y dijo que «o horror da violencia sobre a muller non pode quedar en declaracións de principios». Apostó por comarcalizar los juzgados especializados para detectar situaciones de riesgo y mejorar el seguimiento de las medidas cautelares.