Una ayuda extra de la Xunta evita el crac de las entidades que atienden a personas con discapacidad, pero no es suficiente
22 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Las entidades que atienden a personas con discapacidad en Galicia son organizaciones sin ánimo de lucro. Nacieron del tesón de las familias para poder dar el mejor servicio a sus hijos, a sus hermanos o a sus padres. Lo cierto es que la inmensa mayoría de sus ingresos proceden de la Administración pública -en torno al 80 %-, pero realizan una labor inestimable para los colectivos con algún tipo de discapacidad.
Cogami, Down Galicia, Aspace... El pasado verano todos se encontraron con un convenio estatal publicado en el BOE el 27 de junio. Ese nuevo marco se sumó al incremento del salario mínimo interprofesional, lo que supone en la práctica un aumento del coste de la masa salarial de entre el 10 y el 12 %. En realidad, lo que más les afectó fue el nuevo convenio colectivo, explica Mónica Touriño, presidenta de la Federación Aspace Galicia, que atiende a unas 490 personas con parálisis cerebral y da apoyo a unos 1.500 familiares. «Los centros de atención a personas con discapacidad tienen muchos técnicos: fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, por lo que la subida del SMI no les afecta, pero sí el convenio. Nos vimos incapaces de hacerle frente», explica.
El nuevo convenio no vino acompañado de ningún tipo de inyección económica por parte del Gobierno central, por lo que estas entidades, sin saber si acabaría llegando una ayuda o no, «han tenido que ir adelgazando sus estructuras de personal, lo que repercute directamente en las personas que atienden», explica Touriño.
Un refuerzo de 3,6 millones
Al final, la Xunta aprobó una ayuda extraordinaria de 3,6 millones de euros para que estas federaciones -Fademga, Autismo Galicia, Aspace, Cogami, Down Galicia, Fegadace y Feafes Saúde Mental- pudiesen hacer frente a los salarios, ya que antes del 5 de octubre debían abonar todos los atrasos del año 2019. El 70 % se les ingresó de forma automática y el 30 % restante tras presentar la documentación justificativa necesaria. La Consellería de Política Social asegura que esta medida evitó el despido de «máis de 400 profesionais e garante a continuidade de arredor de 600 prazas públicas de atención á discapacidade que xestiona este tecido asociativo».
Las entidades lo admiten. En un comunicado conjunto, la mayoría de estas federaciones agradecieron públicamente la inyección económica, ya que la aplicación del convenio estatal llegó cuando los presupuestos estaban cerrados y los programas en marcha «imposibles de suprimir sen nefastas consecuencias na atención ás persoas con discapacidade de Galicia», dicen estos colectivos.
La presidenta de la Federación Aspace Galicia insiste en el agradecimiento: «Sí, nos permite garantizar el mantenimiento de los servicios puestos en marcha». Pero el quid de la cuestión, apunta, es qué va a pasar a partir de ahora. Porque esta ayuda de 3,6 millones permite actualizar los salarios, pero las subidas se van a mantener. Por ello las entidades sostienen que hay que elevar los módulos económicos de los conciertos y contratos con la Administración: «O nos veremos abocados a cerrar servicios». Si no se incrementan los precios, apunta Mónica Touriño, tendrán «que adelgazar servicios y reducir personal, y esto va a afectar muy directamente a la calidad de los servicios».
Confianza en la consellería
De momento no tienen ningún compromiso en firme ni han negociado con la Xunta, pero tienen esperanzas. «Creemos que van a llevar a cabo un incremento en el precio de los módulos de los conciertos», apunta Touriño después de conocer algunas de las cifras de los presupuestos del 2020. Y es que la semana pasada Núñez Feijoo aseguró que los fondos para la discapacidad van a crecer un 8,4 % en el ejercicio que viene, pasando de los 106 a los 115 millones. «Entendemos que algo irá destinado a entidades como las nuestras», dice.
«No deberíamos ni existir»
Los colectivos entienden que la atención a las personas con discapacidad debería prestarse desde las propias Administraciones: «No deberíamos ni existir». Pero la realidad es que las familias van por delante cuando se encuentran con este problema. «Tienen que dar una respuesta y las entidades han nacido precisamente de ahí», concluye Touriño.