Galicia espera recibir antes de que acabe noviembre unos 170 millones de euros atrasados
22 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno en funciones quiere saldar parte de la deuda con las comunidades y para ello no puede seguir los trámites habituales en condiciones de normalidad, que supondría llevar sus decretos al pleno del Parlamento. Por eso ha optado por la Diputación Permanente del Congreso, que se reunirá hoy para debatir y votar la convalidación de los tres decretos-leyes aprobados por el Gobierno desde la convocatoria de las elecciones generales, que serán defendidos en la Cámara Baja por los ministros de los departamentos correspondientes.
La Diputación Permanente es el único órgano de la Cámara que sigue existiendo tras la disolución de las Cortes y, en estos períodos entre legislaturas, tiene sus funciones muy limitadas. Solo puede reunirse para debatir sobre la convalidación de decretos-leyes y, si es el caso, para decretar los estados de alarma, excepción y de sitio.
Los decretos-leyes deben ser convalidados por el Congreso en los 30 días siguientes a su promulgación. En este caso, los plazos se han apurado y la Diputación Permanente se ha convocado teniendo en cuenta que fue el 20 de septiembre cuando el Gobierno aprobó el primero de los tres a los que ha dado vía libre desde que convocó las elecciones generales del 10 de noviembre.
Ese primer decreto-ley recogía las medidas urgentes frente a los daños causados por la gota fría en varias provincias, y, junto al mismo, se someterán a debate para su convalidación otros dos aprobados el 11 de octubre: uno para paliar los efectos de la quiebra del grupo turístico británico Thomas Cook y otro para actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que es el que interesa a Galicia especialmente.
Algunos grupos de la oposición pretendían que la Diputación Permanente acogiera la comparecencia de varios ministros para dar explicaciones sobre distintos asuntos, pero la Mesa de este órgano —de la que forman parte miembros de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos— rechazó esas solicitudes argumentando que constitucionalmente no se puede citar a ministros mientras las Cortes están disueltas.