El Gobierno vincula pagar los fondos del 2020 a Galicia a que haya presupuestos el próximo año

r. santamarta / j. capeans REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero Marta F. Jara | Europa Press

Traslada por escrito a la Xunta que le abonará 334 millones, pero no el resto de lo exigido

17 nov 2019 . Actualizado a las 18:50 h.

El Gobierno ha confirmado ya por escrito a la Xunta que le abonará 334 millones de euros correspondientes a las entregas a cuenta del 2019, retenidas desde principios de año a todas las comunidades. Es el quinto territorio que más fondos recibirá, acorde con su peso en la economía española y los ingresos por impuestos.

Ahora bien, la Xunta tendrá que conformarse con esa cantidad porque en el escrito remitido por la secretaria de Estado de Hacienda al conselleiro de Facenda ya se deja claro que no habrá más dinero. Esos 334 millones son apenas la mitad de lo que reclama la Xunta en cantidades adeudadas por el Estado: 700 millones en concepto de entregas, una mensualidad del IVA del 2017 (200 millones), y otras compensaciones (170 millones).

Es más, por ahora solo está garantizado que se puedan pagar las entregas a cuenta de este ejercicio (esos 334 millones), y no las del 2020. Los fondos para entonces quedan vinculados a los Presupuestos del Estado para el siguiente ejercicio, que ni tan siquiera han iniciado su tramitación por estar el Gobierno en funciones y a las puertas de unas elecciones.

«Serán los Presupuestos Generales del Estado del 2020 los que permitirán despejar y concretar las restantes cuestiones pendientes», dice Inés Bardón, la número dos de Hacienda, en su comunicación a la Xunta, que entró la tarde del viernes en la Xunta, tras aprobar el Consejo de Ministros un real decreto extraordinario para habilitar esas entregas a cuenta. El próximo ejercicio arrancará, de nuevo, con las cuentas prorrogadas de Cristóbal Montoro, y eso supone volver a la misma situación que este ejercicio. 

En esa carta oficial no hay una sola mención al pago pendiente del IVA -que afecta a todas las comunidades- o a la de otras compensaciones. El Ejecutivo solo se centra en explicar las razones que ahora le han llevado a aprobar ese real decreto para las entregas a cuenta, cuando durante tres meses la Administración central insistía en que no podía hacerlo, que no había fórmulas para pagar a las comunidades, salvo que se invistiera a Pedro Sánchez y el Ejecutivo dejara de estar en funciones. «Razones de interés general aconsejan y posibilitan adoptar ahora esta medida, una vez que la propia evolución de la situación financiera e institucional permite su encuadre en los requerimientos legales necesarios a tal fin», dice Bardón.

La Xunta desconoce cuándo pagará el Estado esa deuda pendiente, esos primeros 334 millones. La intención manifestada tras el Consejo de Ministros es que pudiera ser dentro de 20 ó 30 días, es decir, en plena campaña electoral. Pero antes el real decreto tiene que ser convalidado por las Cortes. El objetivo es que esté resuelto «a la mayor brevedad», dice la secretaria de Estado.

El Bloque pide ir a los juzgados

PP y BNG coinciden en el fondo de la cuestión -el traspaso íntegro de los 700 millones- pero sus planteamientos no han impedido que la confrontación política siga presente en sus valoraciones. De hecho, la nacionalista Ana Pontón criticó la «tibieza» con la que el Gobierno gallego aborda la reclamación de los fondos y anunció que su grupo llevará al pleno esta cuestión para reclamar que se recurra a la vía judicial, una opción que la Xunta no ha descartado pero que si no se ha activado hasta ahora es, sobre todo, por los amplios márgenes de tiempo que necesitaría para responder a una situación calificada de «emerxencia financeira». La judicial es la vía a la que ha acudido Cataluña. El Bloque aprovechará su intervención para poner en cuestión el modelo de financiación al que están sometidas las comunidades en España.

También el Parlamento, el portavoz del PP calificó de «sabor agridoce» el pago de los 330 millones de euros tras una «manobra lamentable» del Gobierno de Sánchez, al que Pedro Puy sugiere «non xogar coas cousas de comer» en época electoral.

El dirigente popular lamentó que se llegue a esta situación sin que se haya producido un solo avance en materia de financiación desde la moción de censura a Rajoy, y que ahora la vía escogida por el presidente para comunicar estas cuestiones sean «os mítines e os programas de televisión da maña».