Campaña contra el CGPJ por la falta de mujeres en la terna para la sala civil del Supremo

Una de las candidatas apartadas fue la gallega Paz García Rubio

María Paz García Rubio, catedrática de Derecho en la USC
María Paz García Rubio, catedrática de Derecho en la USC

VIGO / LA VOZ

Mari Paz García Rubio no ocupará la plaza que solicitó en la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo. De nada valió su trayectoria profesional: catedrática de Derecho Civil de la Universidade de Santiago, asesora en materia de redacción de leyes, doctora en Derecho, exvicerrectora de la USC y experta en Derecho Civil. El Consejo General del Poder Judicial ni la incluyó en la terna final pese a incumplir la normativa de igualdad. La discriminación habría pasado inadvertida de no ser por la denuncia presentada, ayer, por el Grupo de Investigación de Igualdad de Género de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha dado la vuelta España, y otros países, hasta sumar 141 apoyos de juristas, profesores universitarios y otros organismos y entidades sociales que no dejan de adherirse.

Lo más curioso es que a dicha terna optaron 15 personas, de las que solo tres eran mujeres, aunque ninguna fue elegida para ser votada en el pleno encargado de la elección, celebrado hace más de una semana. Sí se priorizó a un registrador con un currículo de menor entidad que el de García Rubio, quien declinó hacer declaraciones sobre lo ocurrido. El movimiento de respuesta incluso ha sobrepasado a los responsables de la denuncia, presentada ayer en el registro de entrada del Consejo General del Poder Judicial para dejar constancia.

 Argumentario

Lo expuesto en dicho escrito habla por sí solo. «Mostrar nuestra perplejidad al constatar que en la última terna propuesta al Consejo General del Poder Judicial para cubrir por el turno de juristas de reconocido prestigio el puesto de magistrado en la Sala Primera del Tribunal Supremo, órgano colegiado que conforme a lo antedicho claramente incumple los criterios de presencia o composición equilibrada según lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, no se haya incluido a ninguna mujer, a pesar de que existían candidatas con cualificación más que sobrada para el puesto vacante». Añade el documento que «con tal forma de proceder difícilmente se cumplirá el mandato recogido en el artículo 16 de la citada Ley Orgánica 3/2007 y, por tanto, jurídicamente exigible, de que los Poderes Públicos siquiera “procuren” atender al principio de presencia equilibrada en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan».

Terna final: 0 mujeres

A pesar de todo ello, en la última terna para nombrar un magistrado para la Sala Primera del Tribunal Supremo (compuesta por 8 varones y solo una mujer), no ha figurado ni tan siquiera una mujer, aun cuando existían candidatas sobradamente cualificadas. Ningún vocal tampoco propuso agregar a la terna confeccionada por la comisión permanente a alguna mujer de entre las candidatas presentadas al puesto, aun cuando dicha «práctica» se ha utilizado en algunos casos para aumentar el número de personas elegibles. «Entendemos que tal forma de proceder no cumple con los mandatos recogidos en nuestra Ley Orgánica 3/2007, ni tampoco con las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre este particular».

Entre los 141 apoyos figuran profesores de las universidades de Santiago, La Laguna, Valencia, Girona, Extremadura, Valladolid, Madrid, Barcelona, A Coruña o Alicante. Colegios de abogados de numerosas provincias y otras entidades u organismos públicos o privados secundan la defensa contra este veto de género.

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