Hacienda sigue sin fecha para saldar la deuda pendiente con Galicia e insiste en que busca una vía para afrontar los pagos

«Si hay solución, será para todas las comunidades», se limitan a decir en el ministerio. Galicia reclama 700 millones

La ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control al Gobierno
La ministra en funciones de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control al Gobierno

santiago / la voz

El Ministerio de Hacienda continúa sin comprometerse con una fecha aproximada para desbloquear los 4.700 millones de euros de entregas a cuenta que adeuda a las comunidades autónomas por su participación en la recaudación de tributos del Estado, e incluso deja en el aire la posibilidad de que se vaya a encontrar una fórmula técnica este año para canalizar los pagos pendientes.

Fuentes del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero apuntaron este martes que desde el Gobierno en funciones «se busca una solución» para encajar la actualización de las entregas del 2019 dentro del corsé de los Presupuesto del 2018 prorrogados, y lo único que pueden aventurar es que confían en hallar esa solución para resolver la asfixia financiera que están sufriendo ya algunas autonomías.

Pese al anuncio, más oficioso que oficial, de que la Administración del Estado se propone abonar los anticipos pendientes a las comunidades en los próximos días, desde el Ministerio de Hacienda se muestran muy cautos y evitan confirmar este extremo. «Si hay solución -matizan-, se abonará la actualización a todas las comunidades», y no solo a algunas.

No obstante, el PSOE sí confirma lo que el Gobierno en funciones mantiene en una nebulosa de dudas y buena parte de los dirigentes socialistas territoriales, que desde Galicia a Andalucía, pasando por Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, se han pronunciado en las últimas horas para dar por hecho que los pagos se van a desbloquear y criticar de paso que los Ejecutivos regionales del PP pongan esta solución en duda.

Munición electoral

Es evidente que el bloqueo de las entregas se ha convertido en munición electoral, especialmente desde que se confirmó que el 10 de noviembre habrá una nueva cita con las urnas. Afrontar o no los pagos pendientes antes de dicha fecha puede dar la medida de la utilización política de este asunto.

En el caso de Galicia, la cifra de financiación pendiente que la Xunta reclama al Estado asciende a 700 millones de euros, de los cuales solo 330 millones se corresponden a los anticipos pendientes de pago. A mayores se incluyen 200 millones de euros relativos a un mes de la liquidación del IVA del 2017 y otros 170 millones de incentivos vinculados al cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria. En el presupuesto gallego de este año están recogidos 530 de los 700 millones reclamados.

Si Hacienda halla finalmente la solución técnica para liquidar las entregas, Galicia percibiría únicamente 330 de los 700 millones que reclama, es decir, menos de la mitad, pues el departamento que dirige María Jesús Montero ya advirtió por carta a la Xunta que no reconoce la obligatoriedad de pagar incentivos a Galicia y que, por ahora, no tiene previsto saldar la liquidación del mes de IVA pendiente con las comunidades.

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