Al exlíder del PSOE gallego le atribuye delitos de cohecho, blanqueo de capitales, negociación prohibida y abuso en la función pública
10 oct 2019 . Actualizado a las 20:04 h.Diez años después de que comenzase la investigación del mayor embrollo urbanístico y judicial que ha vivido Lugo, el conocido como caso Garañón, ayer la jueza Pilar de Lara cerró la instrucción manteniendo las principales acusaciones contra los dos actores políticos: el exsecretario del PSdeG y exconcejal de Urbanismo, José Ramón Gómez Besteiro; y el exalcalde de Lugo, José López Orozco.
En el auto de la jueza —emitido un día antes de que se estudie la sanción que le impuso el Consejo General del Poder Judicial de siete meses y un día de suspensión— acusa a Besteiro y a Orozco de uno o varios delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias y falsedad documental durante el desarrollo urbanístico de O Garañón, una parcela en las cuestas del Parque Rosalía (declarado BIC) que autorizó el Concello mediante un convenio que se firmó con el dueño de los terrenos unas pocas horas antes de la entrada de nuevas disposiciones legales que reducían la edificabilidad, el 1 de enero del 2006. En noviembre del 2010 ordenó paralizar su construcción.
Además, la jueza considera que la causa contra Besteiro debe continuarse por tres delitos de cohecho, uno de blanqueo de capitales y otro de negociación prohibida y abuso de la función pública. De Lara sostiene que hay indicios de que el exlíder socialista adquirió al socio de una constructora un piso cuya licencia había concedido siendo concejal sin pagar parte de su precio ni las obras de reforma.
La jueza también ve indicios de delito en el desarrollo urbanístico de O Garañón en los responsables municipales de los departamentos de Arquitectura, Urbanismo y Licencias; así como en tres promotores. También dirige el procedimiento contra otro empresario y dos funcionarias del Instituto Nacional de Estadística, solar pegado a las torres de O Garañón y que formó parte de la investigación.
El auto judicial solicita que se continúe la tramitación por si los hechos citados pudiesen ser considerados como delitos, con lo que ahora será la Fiscalía y la Audiencia Provincial las que se tendrán que definir sus posturas. La Fiscalía decidirá a quién acusa y de qué delitos, como paso previo a la apertura del juicio oral o el sobreseimiento del caso. El fiscal y las acusaciones particulares personadas tienen de plazo diez días para presentar sus escritos de acusación o el cierre de la causa. También tiene tres días para presentar un recurso de reforma o cinco días para otro de apelación.
La apertura del juicio oral contra los dos excargos socialistas podría estar más cerca. Si se tuviesen que sentar en el banquillo de los acusados, es también probable que la jueza instructora ya no tuviese su plaza en Lugo al ser suspendida por una falta grave de desatención en su juzgado. Tanto Besteiro como Orozco solicitaron hace un año el archivo de la causa. El exsecretario del PSdeG —que tuvo que dimitir por este caso en marzo del 2016— recordaba que no había firmado el polémico convenio con el promotor de la urbanización y que la investigación estaba basada en una «siembra de duda», la referida a que le habrían regalado un piso o su reforma cuando «ha quedado claro que abonaron el precio del mismo».
De Lara termina la instrucción un día antes de que el CGPJ estudie su sanción de 7 meses
El auto de la jueza Pilar de Lara se hizo público justo un día antes de que el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reúna hoy para examinar el recurso a la sanción impuesta a la magistrada de siete meses y un día de suspensión de empleo y sueldo, lo que acarrearía la perdida de destino, y por tanto, el control de algunas de las macrocausas judiciales que tiene abiertas desde hace una década, como la operación Carioca (sobre redes de prostitución), la Pokémon y el Garañón (sobre corrupción política y urbanística).
En los últimos meses la jueza ha ido cerrando algunas causas abiertas, como por ejemplo ayer la de O Garañón, y derivando piezas separadas a otros juzgados del país. Y es que Pilar de Lara fue sancionada por la comisión disciplinaria del CGPJ el pasado marzo por dilaciones indebidas en los distintos procesos y macrocausas que sigue «por una falta muy grave de desatención». La jueza recurrió la sanción y su caso estará hoy encima de la mesa de los miembros del CGPJ, aunque si finalmente se ratificase, Pilar de Lara tiene la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. El abogado de la jueza, Agustín Azparren, señaló ayer que «hay la posibilidad de solicitar la suspensión de la ejecución de la sanción» y que no se haga efectiva «hasta que resuelva el Tribunal Supremo», lo que supondría una espera de dos meses. Incluso, hace meses no descartó llevar su caso hasta el Tribunal de Estrasburgo.