La Xunta reclama al Gobierno que pague la totalidad de la deuda a las comunidades y no solo una parte

El Ministerio de Hacienda tiene previsto desbloquea 4.500 millones para las autonomías. Feijoo ve el anuncio electoralista y reclama que «se libere a totalidade do diñeiro de forma inmediata»


Redacción

De «auténtica tomadura de pelo» ha calificado la Xunta de Galicia el desbloqueo de 4.500 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda que permitirá agilizar las entregas a cuenta con las comunidades autónomas y que hasta ahora parecía inmovilizado a raíz de un dictamen de la Abogacía del Estado. Un anuncio que, según fuentes de la Consellería de Facenda, ya se había comunicado a la Administración gallega la semana pasada por carta, en la que avanzaba la disposición del Gobierno a ingresar una parte de los 700 millones de euros que se le adeuda a la comunidad gallega. Únicamente se transferirán de esa deuda 330 millones de euros. La posibilidad que abre ahora el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez no es nueva para el Ejecutivo de Feijoo. El presidente autonómico va más allá y reclama al Gobierno que pague la totalidad del dinero que le debe a las comunidades autónomas y no solo una parte. Así se ha pronunciado el presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijoo, desde Mar de Plata, Argentina: «Pedimos que se libere a totalidade do diñeiro de forma inmediata, porque ese diñeiro non é do Goberno central».

El jefe del Ejecutivo gallego recuerda que Galicia precisa ese dinero para no haya tensiones en la tesorería. Después insistió en que el dinero no es del Ministerio de Hacienda. «É da Facenda galega e dos servizos púlicos galegos»

«Ás poucas horas de coñecerse a nova convocatoria electoral, din que van pagar unha parte e a deixar a deber outra», dijo hoy el presidente de la Xunta, que lamentó esye tipo de actuaciones por parte del Estado.

«Ao principio cando empezou a aflorar esta débeda dicíase que era un invento da Xunta. Despois, aceptouse a débeda pero dicíase que non se podía pagar. Logo, que había un informe da Avogacía do Estado que, primeiro, non existía, pero que se fixo posteriormente. Despois, díxose que se resolvería no mes de decembro e, agora din que van pagar unha parte e a deixar a deber outra», destacó Feijoo.

Y es que hoy se ha conocido que Hacienda desbloqueará en 10 días 4.500 millones para las autonomías, según informa El País, algo que reclaman desde hace semana diferentes presidentes autonómicos, entre ellos el gallego. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia confirmaron que en el Ministerio de Hacienda «estamos buscando una solución y esperamos tenerla pronto. No confirmamos que la solución sea este mes, solo que confiamos en encontrarla». En este sentido, el departamento que dirige María Jesús Montero reaccionó con cautela a la hora de concretar plazos para proceder a estas entregas y calificó la opción de desbloqueo en los próximos diez días de «una posible vía» que se está evaluando, pero «aún faltan elementos».

El presidente del PP, Pablo Casado, se ha hecho eco del impacto que ha causado el anuncio de estas transferencias por su repercusión en las cuentas autonómicas. El líder popular ha acusado al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña. Parece que «ahora» el Ejecutivo en funciones «sí que quiere desbloquear la entrega a cuenta a las comunidades autónomas de miles de millones de euros», añadió, al tiempo que calificó la decisión, de producirse en los términos anunciados de que «no es serio. A favor sí, pero hasta hace cuatro días era imposible por un informe de la Abogacía del Estado que lo hacía imposible», ha subrayado..

Las críticas del responsable del PP han ido más allá al acusar el Ejecutivo de Sánchez de hacerse con «el CIS, se ha hecho con la televisión publica y se ha hecho con los reales decretos y se amenaza con hacerlo con las pensiones», y «ahora se hace con la entrega a cuenta para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales». «Se están cruzando líneas que nunca se había cruzado», ha asegurado.

 Por su parte, también la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, se ha hecho eco de este anuncio que ha tachado de «pitorreo» por parte del Gobierno central vaya a desbloquear ahora los fondos de las comunidades autónomas después de haberlo condicionado a la formación de un nuevo Ejecutivo. Para la nacionalista, esto «o único que demostra é ata que punto as forzas estatáis, chámense PSOE, PP, Ciudadanos ou Podemos, están instalados na frivolidade».

Pontón ha vuelto a instar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a emplear la vía judicial si el Estado no reconoce la deuda total de 700 millones que cifra la Administración autonómica. Entiende, a la vista del conflicto que «este modelo de financiación non lle vai ven Galicia». «Cando deciden desde Madrid,o final xogan cos nosos recursos», ha lamentado.

Ana Pontón ha aprovechado para reivindicar que en las elecciones generales, previstas para el próximo 10 de noviembre, «os gallegos teñen a oportunidade de darlle a volta á tortilla». Y emplezó al presidente Feijoo a que defienda que «a chave dos nosos cartos está aquí e non en Madrid, porque nos permitiría ter mpoitos máis recursos», ha asegurado.

 Cuatro comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Canrias, han activado ya ajustes en el gasto prúblico. Desde Galicia, el Gobierno de Feijoo ha movido ficha en los últimos días y, ante la negativa del Gobierno central a desbloquear el pago de los 700 millones de euros que se le adeudan a la Xunta en concepto de entregas a cuenta, IVA e incentivos pendientes, ha decido suscribir nuevas operaciones de crédito para cumplir los compromisos presupuestarios sin hacer recortes. Ahora bien, el déficit público que generen estas operaciones a mayores será cargado a la Administración del Estado, y no al balance de la autonómica.

Eso es al menos lo que el jueves dijo el director xeral de Planificación e Orzamentos, Miguel Corgos, que respondió en el Parlamento a una pregunta de la diputada del BNG Noa Presas relacionada precisamente con el bloqueo de los fondos del Estado. Corgos aprovechó su intervención para hacer un relato somero del problema generado a las comunidades autónomas por la falta de actualización de los anticipos que tienen que cobrar del Estado por su participación en la recaudación de los tributos. A Galicia se le adeudan por este concepto 330 millones de euros, a los que se unen 200 millones más del IVA del 2017 pendientes de transferencia y otros 170 millones de incentivos por cumplir dos años consecutivos con la regla de gasto.

También el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, aseguró que el PSOE es «a maior garantía para a financiación das comunidades autónomas, ese foi o compromiso do Goberno socialista». Incidió en que «a actualización das entregas a conta está garantida» y que se producirá «a o longo destes meses antes de fin de ano». Eso sí, apostilló que la fórmula «máis áxil e veloz» para conseguirlo hubiese sido con la investidura de Pedro Sánchez este verano y criticó también a Núñez Feijoo por sus críticas en relación con la financiación autonómica, informa Marcos Gago.

El 27 de agosto era totalmente ilegal, hoy no

El pasado 27 de agosto, la Abogacía del Estado enviaba un informe al Gobierno con un mensaje muy claro: no se pueden desbloquear los anticipos a cuenta de las Comunidades Autónomas. ¿La razón? El Gobierno está en funciones y por tanto no puede gestionar esas cantidades. En total, las comunidades esperaban unos cinco mil millones de euros, a los que habría que añadir otros 2.500 tras la revisión de una aplicación incorrecta del IVA.

La contundencia con la que el Gobierno en funciones hizo valer ese informe es la causa de la intensidad de la protesta de las comunidades afectadas porque el único cambio que se ha producido entre el 27 de agosto y 22 de septiembre, es la seguridad de que en noviembre se volverán a producir unas elecciones generales. Según el Gobierno, la posibilidad que ahora se abre para el desbloqueo de esos fondos, al menos en parte, es un «resquicio legal», que permitiría a Hacienda efectuar esos reintegros a los gobiernos autonómicos en un plazo de unos días sin tener que vulnerar el dictamen de la Abogacía del Estado que decía hace menos de un mes que era «totalmente imposible».

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