Imputados Yolanda Díaz, Antón Gómez-Reino y Ánxela Rodríguez por atentado contra la autoridad

Un juzgado madrileño los investiga por, supuestamente, «incitar» a manifestantes de Alcoa a saltar las vallas en una movilización ante el Congreso que se saldó con un detenido y tres agentes heridos


Santiago / La Voz

El juzgado de instrucción número 25 de Madrid citó como imputados a los diputados de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino y Yolanda Díaz, acusados de un presunto atentado contra la autoridad por los hechos que tuvieron lugar ante el Congreso en Madrid el pasado 28 de marzo durante una manifestación de los trabajadores de Alcoa. A los diputados gallegos, a los que se investiga junto con la exparlamentaria gallega Ánxela Rodríguez y Rafa Mayoral, se les acusa de «incitar» a los manifestantes para que se saltasen la valla y los cordones policiales, lo que provocó que los que acudieron a la movilización en defensa de los puestos de trabajo de Alcoa se abalanzasen hacia la policía «con patadas y puñetazos». A Yolanda Díaz, en concreto, se le acusa der romper el vallado, arengar a los manifestantes y empujar a la policía, lo que dio como resultado tres agentes heridos.

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«Estamos peor que hace cuatro meses», gritan los trabajadores de Alcoa Empleados de las plantas de Avilés y A Coruña se han manifestado este jueves delante del Congreso para exigir una solución que evite el cierre

La manifestación ante el Congreso tuvo lugar en plena crisis de Alcoa y se convocó para paralizar el cierre de las plantas de A Coruña y Aviles. Los altercados que ahora se investigan, y en los que se imputó a los tres políticos de la izquierda rupturista gallega, se saldaron con un detenido.

En la instrucción fuguran también como investigados trabajadores de Alcoa y sindicalistas que acudieron a la movilización en Madrid.

Los diputados creen que es «unha persecución política» y piden explicaciones a Grande-Marlaska

Los diputados de Galicia en Común creen que la denuncia se debe a razones políticas y pedirán explicaciones al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por ser de las fuerzas policiales de donde parte la demanda. Según Yolanda Díaz y Gómez-Reino, ellos trataron de «mediar» entre la policía y los manifestantes, y ponen como prueba las imágenes de las movilizaciones que tuvieron lugar ese día ante el Congreso. Sostienen que es «unha persecución política» y que es «insostible» que se persiga a unos diputados «por defender aos traballadores». Subrayan, además, que la denuncia no debería haberse presentado en un juzgado ordinario sino ante el Supremo por tener los acusados la condición de parlamentarios.

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