Galicia reconoce a las víctimas de género indirectas, pero la ley estatal todavía no

Susana Luaña Louzao
Susana Luaña SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

María Elena, Alba y Sandra, las tres víctimas del crimen  de violencia machista de Valga
María Elena, Alba y Sandra, las tres víctimas del crimen de violencia machista de Valga

Su inclusión en el registro oficial pende de la actualización de la normativa del 2004

18 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

María Elena Jamardo y su hija Alba Boquete no figuran en el registro oficial de víctimas de violencia de género en España. Sí está Sandra Boquete, la mujer presuntamente asesinada en Valga por su exmarido, José Luis Abet, minutos antes de que atentase contra su madre y su hermana. Para la Xunta, en cambio, las tres son víctimas de la violencia contra las mujeres y así figurarán en los protocolos activados por la Administración autonómica, lo mismo que sus familiares directos, que ya están siendo tratados por sus equipos de apoyo. «Para nosotros, el lunes asesinaron a tres mujeres víctimas de la violencia machista, aunque en el cómputo oficial, Galicia sume este año tres víctimas y no cinco». Lo dice Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade, quien reconoce que la Xunta no puede hacer otro registro paralelo porque daría lugar a confusión.

Que María Elena o Alba no figuren en ese cómputo tiene que ver con la lentitud de los tiempos legislativos, siempre por detrás de la sociedad. De hecho, el registro que elabora y actualiza la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género encabeza así el listado: «Mujeres víctimas mortales por violencia de género en España a manos de sus parejas o exparejas». Y ahí está la clave. La ley integral estatal data del año 2004 y entonces solo se consideraba víctima de la violencia de género a la mujer por su relación sentimental o conyugal con el agresor. En el 2015 esa ley fue modificada para incluir como víctimas a los hijos de las mujeres maltratadas. Hace dos años se aprobó el pacto de Estado contra la violencia de género, y en ese documento, en el artículo 242, se habla expresamente de «visibilizar a las víctimas indirectas de violencia contra las mujeres: familiares, amigas y amigos y entorno más íntimo de la mujer que también sufren la violencia machista, recogiéndolo en las estadísticas oficiales para conocer la magnitud real del problema», a la vez que se insta a las comunidades autónomas para que las incluyan en sus recursos de asesoramiento y atención psicológica.

Pero las conclusiones del pacto todavía no se incorporaron a la ley integral del 2004; hace falta un Gobierno estable para ello. Y eso que, como subraya la coordinadora del Área de Igualdad de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Debén, un acuerdo europeo, el Convenio de Estambul, obliga a ello. Debén, con todo, puntualiza que hay un código penal que castigará al presunto agresor de las mujeres asesinadas en Valga. «No están desprotegidas», subraya.