Galicia reconoce a las víctimas de género indirectas, pero la ley estatal todavía no

María Elena Jamardo y su hija Alba Boquete no figuran en el registro oficial de víctimas de violencia de género en España. Sí está Sandra Boquete, la mujer presuntamente asesinada en Valga por su exmarido, José Luis Abet, minutos antes de que atentase contra su madre y su hermana. Para la Xunta, en cambio, las tres son víctimas de la violencia contra las mujeres y así figurarán en los protocolos activados por la Administración autonómica, lo mismo que sus familiares directos, que ya están siendo tratados por sus equipos de apoyo. «Para nosotros, el lunes asesinaron a tres mujeres víctimas de la violencia machista, aunque en el cómputo oficial, Galicia sume este año tres víctimas y no cinco». Lo dice Susana López Abella, secretaria xeral de Igualdade, quien reconoce que la Xunta no puede hacer otro registro paralelo porque daría lugar a confusión.

Que María Elena o Alba no figuren en ese cómputo tiene que ver con la lentitud de los tiempos legislativos, siempre por detrás de la sociedad. De hecho, el registro que elabora y actualiza la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género encabeza así el listado: «Mujeres víctimas mortales por violencia de género en España a manos de sus parejas o exparejas». Y ahí está la clave. La ley integral estatal data del año 2004 y entonces solo se consideraba víctima de la violencia de género a la mujer por su relación sentimental o conyugal con el agresor. En el 2015 esa ley fue modificada para incluir como víctimas a los hijos de las mujeres maltratadas. Hace dos años se aprobó el pacto de Estado contra la violencia de género, y en ese documento, en el artículo 242, se habla expresamente de «visibilizar a las víctimas indirectas de violencia contra las mujeres: familiares, amigas y amigos y entorno más íntimo de la mujer que también sufren la violencia machista, recogiéndolo en las estadísticas oficiales para conocer la magnitud real del problema», a la vez que se insta a las comunidades autónomas para que las incluyan en sus recursos de asesoramiento y atención psicológica.

Pero las conclusiones del pacto todavía no se incorporaron a la ley integral del 2004; hace falta un Gobierno estable para ello. Y eso que, como subraya la coordinadora del Área de Igualdad de la Delegación del Gobierno en Galicia, María Debén, un acuerdo europeo, el Convenio de Estambul, obliga a ello. Debén, con todo, puntualiza que hay un código penal que castigará al presunto agresor de las mujeres asesinadas en Valga. «No están desprotegidas», subraya.

De forma paralela, Galicia aprobó en el año 2007 su propia ley contra la violencia machista, que ya amplía el concepto a «un sistema de dominación de los hombres sobre las mujeres». Por eso, y porque la sociedad así lo demanda, María Elena Jamardo y Alba Boquete son víctimas de la barbarie machista.

Reacciones de los grupos parlamentarios en Galicia

Galicia fue pionera en la puesta en marcha de iniciativas para la protección de las víctimas de violencia de género, con la inclusión de los hijos y la consideración de la figura de la vícitma indirecta, tal y como recordó ayer en el Parlamento gallego el portavoz del PP, Pedro Puy. «Galicia chegou a un acordo por unanimidade para o pacto nacional contra a violencia de xénero no que, por certo, tivo unha función relevante Marta González». No solo eso. En O Hórreo, dentro de la comisión no permanente de Igualdade que preside la popular Paula Prado, se prepara un dictamen para adaptar la lacra de la violencia machista a la realidad gallega. «Queremos un pacto gallego sobre violencia de género», subraya Prado, a quien le gustaría que ese fuese el epílogo de la comisión.

Los grupos de la oposición lamentaron que Galicia llore una vez más por las víctimas de esta barbarie. El portavoz del Grupo Mixto, Luís Villares, quien reclamó más medios y que se aparte a los partidos que, como Vox, no reconocen la violencia machista, lamentó que no se haya puesto en marcha la medida 242 del pacto contra la violencia machista que habla de la visibilización de las víctimas indirectas: «Unha vez máis queda claro que o PP e o PSOE estiveron máis preocupados en facer un documento para sacar unha foto que en facelo realidade. Reclamamos que se cumpra, aínda que para iso ás máis das veces, o que cómpre son recursos, que agora están bloqueados por un goberno en funcións. Mágoa que os machistas non estean de brazos caídos, como Pedro Sánchez».

También el BNG recordó ese compromiso. La diputada Olalla Rodil subrayó el acuerdo para reconocer los casos de violencia machista fuera de la pareja. «Hai que lembrar que na lei galega, hai 12 anos, isto xa está recollido. O BNG xa impulsou este debate no Parlamento galego no ano 2007». Frente a ello, «no pacto do Estado non fixeron nada para recoñecer ás vítimas fóra da parella, a pesar do compromiso de modificar a lei».

Común da Esquerda cree necesario ampliar el alcance de la ley integral del 2004 «toda vez que fai que as estatísticas inclúan unicamente casos nos que a vítima é parella ou exparella do agresor. Nós reivindicamos que a violencia machista se dá en moitos casos sen necesidade desa relación», indica la diputada Luca Chao, quien recuerda que ese era uno de los compromisos del pacto. Por eso, Común da Esquerda aboga por hacer de la legislación estatal un recorrido similar al de la ley gallega, que ofrece «unha definición máis ampla e cercana ao Convenio de Estambul que deberiamos estar aplicando».

El PSOE, por su parte, asegura estar trabajando para ampliar la consideración de las víctimas, no solo para dar cumplimiento a lo aprobado en el pacto sino también para cumplir con el Convenio de Estambul. «A Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero está, de feito, traballando na recopilación de datos para unha futura estatística sobre vítimas de violencia sexual», subraya María Pierres, portavoz de Igualdade en el Parlamento de Galicia. «Que hoxe non cumputen as familias asasinadas, como no caso de Valga, é debido a que non conviviron co presunto autor, que é o que di expresamente a lei». Pierres recuerda que se trata de una reclamación feminista que el PSOE ha hecho suya y que por eso trabaja en ese ampliación «a pesar das dificultades que impoñen outros partidos como Vox e dos que con eles se alían e desmontan todo o avanzado», lamenta.

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