El desalojo exprés de okupas aún no se aplica 15 meses después de aprobarse

Inmobiliarias y abogados aseguran que fue una ley «de cara a la galería» y que nada ha cambiado

El pasado mes de febrero vecinos del barrio lucense de As Gándaras  tomaron las calles para pedir ayuda para desalojar a los okupas
El pasado mes de febrero vecinos del barrio lucense de As Gándaras tomaron las calles para pedir ayuda para desalojar a los okupas

vigo / la voz

El Congreso de los Diputados celebraba en junio del año pasado haber logrado aprobar una normativa con la que sus autores daban por hecho que se iba a poner coto a la okupación de viviendas en España. Transcurridos quince meses desde la que se denominó como ley de desalojo exprés, abogados especializados y representantes del sector inmobiliario mantienen que «nada ha cambiado» y que la okupación sigue siendo un problema sin solucionar.

«Soy pesimista, el problema continúa siendo el mismo, el paso por el juzgado y los cuatro o cinco meses que transcurren hasta que se atiende una demanda», mantiene la abogada especializada en materia de vivienda, Anna Nicolás, una de las ponentes llamadas al Congreso para aportar sus conocimientos respecto al fenómeno okupa. «Ha sido una aprobación de una ley de cara a la galería y que ha hecho mucho daño a los propietarios afectados, porque piensan que hay una herramienta efectiva para recuperar sus viviendas y no la hay. Todo sigue igual», certifica.

Afincada en Sabadell, Nicolás cuenta como ya con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en vigor, y que en teoría permite el desalojo instantáneo, ha vivido como la citación para echar a los inquilinos ilegales de siete chalés iba a ser efectuada solo por dos agentes, pero al ver el número de okupas pospusieron el operativo policial hasta contar con más efectivos. «Tardaron seis meses en volver, y como ese día no estén los servicios sociales presentes o estimen que hay niños afectados, entonces vuelta a empezar», lamenta la abogada que advierte que el funcionario judicial no decide otra fecha, sino que el caso vuelve al juzgado, que tardará en fijar en el calendario otra nueva cita. 

Mano dura en Baleares

La confusión generada con la teórica ley de desalojo exprés entre la opinión pública, a juicio de la letrada y una de las mayores especialistas de España en el fenómeno okupa, se certifica con la instrucción que este mismo verano se vio obligado a realizar el fiscal jefe de Baleares para explicar a la Policía Nacional y Guardia Civil cómo debían de actuar con la normativa aprobada hace un año en la mano. «Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad actuarán directamente y de forma inmediata sin necesidad de solicitar medidas judiciales cuando la ocupación ilegal de un inmueble revista características de delito, desalojando a los ocupantes y deteniéndoles, si procede», indicó en un escrito a los agentes el fiscal Bartomeu Barceló, pero solo para los casos que se produzcan en Baleares, su ámbito de actuación.

La instrucción no ha sido imitada en otras zonas de España, pero se demanda algo similar, por ejemplo por la Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Noroeste. Su presidente, Jesús Pazos, entiende que el fiscal balear «tuvo que aclarar y acabar con las medias tintas que generan más problemas a todos, porque la verdad, en este tema no se sabe qué hacer». Pazos es de los que cree que la ley de desalojo exprés no es efectiva. «No es clara ni contundente», concreta.

«Sigue todo igual, no ha supuesto ningún adelanto», coincide también Benito Iglesias, presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias. Para él, si el fiscal Barceló ha podido dar una instrucción a las fuerzas policiales para que actúen, «es porque hay resquicios en la ley que lo permiten, pero nos encontramos con administraciones, como lo han sido algunos ayuntamientos en Galicia, excesivamente permisivos con este fenómeno». Iglesias estima que la falta de seguridad en la vivienda está afectando muy notablemente al alquiler al arriesgarse cada vez menos los propietarios a poner en el mercado sus viviendas. Según los datos de su Federación, en Galicia se marca ahora el mínimo histórico de viviendas en alquiler, solo 3.400 cuando hay 300.000 vacías.

Las mafias marcan sus zonas de influencia y ya piden dinero por no tomar las casas

La abogada Anna Nicolás y los representantes inmobiliarios gallegos Benito García y Jesús Pazos consideran que no hay meses más peligrosos que otros para sufrir la okupación de una propiedad. «Esto es continuo», señala la letrada radicada en una de las zonas más castigadas junto al resto del Levante y Madrid. Por su experiencia señala que los grupos organizados se reparten según su nacionalidad distintas zonas de viviendas a okupar, señalizándolas con neumáticos en puntos clave para advertirse entre ellos de su presencia. «Aquí hay bloques enteros okupados», dice, añadiendo que empiezan a proliferar también las mafias que piden dinero a los propietarios a cambio de no asaltar sus casas, a modo del pizzo siciliano.

Las patronales inmobiliarias gallegas estiman que la situación en la comunidad dista mucho de la que se atraviesa en zonas como Barcelona, Madrid y Baleares. «La okupación no ha ido a más en Galicia porque somos pocos atractivos a la inmigración y no han llegado aquí masivamente los grupos que hacen negocio con la okupación», dice Benito Iglesias. Estima que las 300.000 viviendas que están vacías ahora en Galicia serían un gran problema de extenderse de manera aún más generalizada los asaltos a las propiedades ajenas. Con todo, reclama que se ponga ya en marcha un parque de alquiler de viviendas sociales que realmente cubra las necesidades de las familias con menos recursos, las que las mafias suelen captar para indicarle dónde hay casas okupables o cobrarles las llaves de viviendas okupadas. Tanto Iglesias como el presidente inmobiliario del norte de la comunidad, Jesús Pazos, coinciden en señalar que los hijos y nietos de los emigrantes de décadas pasadas son los más agobiados por poder sufrir en sus propiedades heredadas el fenómeno okupa. «¿Y si me entra alguien en la casa? Esa es la muletilla que siempre acaban diciendo para forzar la venta de las propiedades heredadas», asegura.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de las viviendas que estén okupadas

C. Punzón

Las denuncias se someterán a juicios rápidos y el recurso no parará el lanzamiento

Juicio rápido y a la calle mediante desalojo exprés cuando el propietario de una vivienda demuestre que es el dueño de una vivienda que está okupada. Ese es el camino al que se arriesgarán los ocupantes ilegales de viviendas tras aprobar ayer el Congreso de los Diputados la primera modificación legal de calado en la lucha contra las mafias de la okupación.

A propuesta del PDECat y con el apoyo del PP, Ciudadanos y el PNV, la Cámara Baja dio el visto bueno a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los casos de okupación sean a partir de ahora objeto de juicios rápidos -como los de violencia machista o alcoholemias-, con el fin de que los propietarios legítimos de una vivienda puedan recuperarla en menos tiempo que el año y medio o dos años que de media se requieren en la actualidad.

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