Galicia escapa de la orden de Hacienda a las comunidades para reducir gastos

La Xunta mantiene que su objetivo es cumplir con el déficit, salvo si el Estado no le paga los 700 millones


redacción / la voz

El Ministerio de Hacienda ha remitido cartas a prácticamente todas las comunidades autónomas pidiendo una contención y control del gasto ante el temor a que estas -y, consecuentemente, todo el Estado- incumplan con el objetivo de déficit (diferencia entre ingresos y gastos) y reciban un correctivo desde Bruselas. De esa fiscalización preventiva se han librado solo el País Vasco y Galicia, según confirman fuentes de la Consellería de Facenda. La gallega se ha convertido en una de las escasas Administraciones que cumplen año a año con la estricta disciplina fiscal.

La comunidad cerró el primer semestre del 2019 con un déficit del 0,59 %, por debajo del promedio del resto de comunidades (del 0,63 %), con un agujero de 387 millones a finales del mes de junio.

La Xunta mantiene que el objetivo de déficit del 0,1 %, aprobado con las cuentas del 2019 «sigue siendo el vigente». ¿Hay margen para conseguirlo? Sobre el papel, debería ser así. «El dato que marca el cumplimiento o no del objetivo de déficit es el del cierre del ejercicio, y Galicia es una de las comunidades autónomas en mejor posición para conseguir el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, como ha reflejado la Airef (la autoridad independiente que vigila el cumplimiento fiscal)», añaden desde el Gobierno gallego.

Pero por primera vez el discurso se ha ido modulando y el presidente de la Xunta admite que se puede llegar a incumplir, al carecer de los fondos comprometidos por el Estado. En Galicia son 700 millones de euros entre entregas a cuenta -la participación en los ingresos del Estado, IVA e IRPF principalmente-, una mensualidad del IVA del 2017 y otras compensaciones. Si no llegan no se podrá cumplir, salvo que se meta tijera al gasto, algo que Feijoo ya ha descartado, y menos a un año de las elecciones en Galicia.

«La Xunta no trabaja con otra hipótesis que con recibir los ingresos que le corresponden para este ejercicio: los 700 millones de euros, de los que 530 están incluidos en el capítulo de ingresos del presupuesto para este 2019», apuntan en Facenda. Pero hay matices: «La idea que esta semana ha trasladado el presidente es que Galicia va a cumplir los objetivos fiscales en el 2019 como ha venido haciendo año a año, pero que en el caso de que el Gobierno continuase bloqueando los ingresos la Xunta en ningún caso va a realizar recortes. Y esto obviamente supondría incumplir el límite», indican. Incumplir supone, a la vez, recibir un correctivo por parte de Hacienda para enmendar las cuentas del 2020. Pero sería, paradójicamente, por culpa del propio ministerio, que no ha desembolsado esos fondos.

Si no hay recortes, ¿qué se puede hacer? Una maniobra para poder esquivar esa falta sería retrasar pagos para el 2020, por ejemplo a los proveedores. Galicia es la comunidad que más rápido abona sus facturas, con 15 días por encima del plazo legal (30 días). Podría estirarlo, pero supondría, en todo caso, una penalización a autónomos y pequeños empresarios, como admiten fuentes de la Administración. Otra vía sería recurrir a financiación extra, acudir a los bancos para cubrir ese agujero que ha provocado el Estado. Pero supondría, a la vez, aumentar la carga de los intereses.

Feijoo plantea a Sánchez por carta una salida legal para desbloquear los fondos

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Le remite un real decreto ley para saldar el pago de los 700 millones en una semana

La asfixia financiera que sufren las comunidades autónomas por el bloqueo de las entregas a cuenta del Estado fue uno de los asuntos que marcó la actualidad política durante el verano y que ayer capitalizó también la primera sesión de control del nuevo curso político celebrada en el Parlamento. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, sacó el tema a colación, al desvelar su intención de remitir una carta al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en la que aporta una vía legal para que Galicia pueda cobrar los 700 millones de euros que reclama del sistema de financiación.

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