La normativa gallega no se suspende y permite que los agentes forestales se jubilen a los 60 con garantías
13 sep 2019 . Actualizado a las 05:00 h.«Ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación con la Ley 3/2018». De esta forma finaliza el texto del acuerdo entre la Administración General del Estado y la Xunta que neutralizó la posibilidad de que se presentara un recurso de inconstitucionalidad que, de forma automática, habría suspendido la ley y, por tanto, tres aspectos clave de las medidas de mejora pactadas con sindicatos de la función pública. Entre otros asuntos, el recurso que finalmente se abortó gracias a la negociación de la comisión bilateral impidió que se paralizara el régimen de las carreras profesionales que ya estaba vigente en Galicia y que beneficia en la actualidad a más de 38.000 empleados públicos, «unha cifra que irá en aumento nos vindeiros anos», explican fuentes de la Consellería de Facenda, que tiene asignada la gestión de la función pública en Galicia. Estaba en juego tanto la carrera profesional de los funcionarios y del personal laboral fijo de la Administración Xeral, pactada con UGT y CC. OO., como la de los trabajadores de la sanidad pública, que se fraguó en un acuerdo entre CIG, UGT y CSIF.
Promoción y mérito
La carrera profesional es el derecho de los empleados públicos a progresar de manera individual y a que se les reconozca cualquier mejora en la competencia y la calidad de su trabajo, en lo que respecta a la formación, la experiencia y otros aspectos relevantes. La evolución en los distintos grados implica una mejora salarial.
El otro asunto que no se bloqueará gracias al acuerdo es el complemento aprobado en su momento por la Xunta para retirar de las tareas de extinción de incendios a los agentes forestales que tengan 60 o más años. Con esta aportación, los trabajadores de más edad pasarán a realizar otras funciones con menos desgaste físico sin perder capacidad adquisitiva. En caso de que se hubiera presentado el recurso de inconstitucionalidad, hasta que hubiera una decisión del tribunal favorable a las tesis de la Xunta estos trabajadores habrían debido elegir entre dos opciones negativas: perder dinero tanto en el salario como en la jubilación, o seguir apagando incendios con más de 60 años.
El tercer asunto que sigue como estaba es el complemento de promoción interna que se pactó en su momento con los sindicatos UGT y CC.OO. con el objeto de remunerar a aquellos funcionarios que ascienden de categoría tras aprobar una promoción interna, para que no pierdan capacidad adquisitiva durante el preceptivo período de prácticas. Si el recurso se hubiera presentado también tendrían que elegir entre dos situaciones negativas: o perder dinero o renunciar a promocionar de categoría.
La Xunta consideró desde el primer momento que la ley aprobada era perfectamente legal, pues estaba inspirada en la propia normativa estatal.