Audasa niega haber tenido libertad para bajar los peajes por las obras de Rande

Sus abogados acusan al fiscal jefe de Pontevedra de demandar a la gestora de la AP-9 «con fines espurios, sesgada y torticeramente»


vigo /la voz

Audasa ha pasado al ataque en el proceso que la Fiscalía de Pontevedra ha puesto en marcha con una demanda colectiva contra la gestora de la AP-9 por «la práctica abusiva» que a juicio del ministerio público supuso cobrar peajes durante las obras de Rande. Los abogados que representan a la empresa concesionaria han presentado al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra un escrito en el que detallan su rechazo a la acusación y llegan a decir que la Fiscalía ha formulado la demanda «con fines espurios, acudiendo a una interpretación sesgada e incluso interesada de los datos recabados». La representación legal de Audasa asegura que la demanda formulada por el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, utiliza datos sobre el tráfico de la autopista «torticeramente» o que mezcla casos de retenciones por distintos motivos haciendo un «totum revolutum».

Audasa basa su defensa en negar que haya habido atascos a causa de las obras y añade que las incidencias en el vial eran comunicadas a los conductores en las entradas de la autopista o en la web de la DGT, que los trabajos (que duraron más de tres años) eran conocidos por los conductores o que en ningún momento la empresa fue advertida por los inspectores de Fomento de anomalías en el servicio por el desarrollo de la ampliación.

Pero, además, para rechazar la posibilidad de rebajar los peajes o eliminarlos durante los trabajos del puente, la concesionaria mantiene que no cuenta con libertad legal como para bajar las tarifas unilateralmente y que la ley de autopistas contempla bonificaciones y rebajas solo «previa justificación de que contribuirán a obtener el máximo aprovechamiento concesional». Además de atribuir al Ministerio de Fomento la responsabilidad exclusiva en materia de precios en las autopistas, Audasa señala que el cobro del peaje durante las obras y después con la subida extraordinaria de un 1 % durante 20 años fueron recogidos en el real decreto que dio cobertura a la ampliación del puente, como vías para que la concesionaria se reembolsase el importe adelantado para la obra.

Que se incluya a Fomento

Aunque Audasa pide que el proceso legal se zanje, insta a incluir en él al Ministerio de Fomento, por ser el que fija las tarifas, quien decide cuándo está motivado o no cobrarlas, y por haber impuesto además que la ampliación del puente no motivase en ningún momento el cierre al tráfico en la AP-9 debido al interés público de la infraestructura. «Si mi representada ha observado lo establecido por la Administración al respecto de la ejecución de la obra, no puede imputársele culpa alguna ni imponerle consecuencias económicas gravosas», señalan los abogados rechazando una posible condena de devolución de los peajes y una posible multa.

La concesionaria se sorprende de haber sido objeto de una demanda por los condicionantes del uso del puente durante su ampliación, cuando justamente ese hecho ha motivado que se le otorguen dos distinciones internacionales. Incide en que pese a la notoriedad dada a la ampliación, el vial no observó bajada en su volumen de usuarios a pesar de que reconoce que hay formas de utilizar el paso sobre la ría y no pagar peajes si se sigue por la N-554 entre Vigo y Pontevedra.

En su exposición los abogados de Audasa llegan a afirmar que el pago del peaje no conlleva «la obligación de garantizar una determinada velocidad a los usuarios, cuando se dan circunstancias extraordinarias como es el caso de la realización de las obras», añadiendo que en ese caso se limitan a seguir las indicaciones que marque la DGT.

Terminan advirtiendo que la mera presentación de facturas de peajes en el tiempo en el que se desarrollaron las obras no justificaría por sí misma el sufrimiento de un perjuicio por los conductores que se adhieran a la demanda.

La argumentación de Audasa es considerada por la asociación En Colectivo como una maniobra para dilatar el proceso legal y el posible reembolso de los peajes. Dicho grupo, adherido a la demanda presentada por la Fiscalía y que se ofrece para representar a automovilistas que se consideren afectados, cree que la AP-9 tiene una relación contractual con quien pague sus peajes que la obliga a cumplir con las prestaciones que se le pueden pedir a una autopista en su velocidad, seguridad y fluidez, y niega además que existiese una alternativa viaria similar.

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