La Fiscalía plantea instalar cámaras en aulas y despachos de colegios para combatir el acoso sexual
GALICIA
La memoria anual hace hincapié en el incremento del 23 % en los delitos sexuales
10 sep 2019 . Actualizado a las 10:54 h.Cada año aumentan las denuncias por delitos contra la libertad sexual en España. Lo dice la Fiscalía General del Estado y este lunes, al presentar el balance del año 2018, la responsable del departamento, María José Segarra, le prestó especial atención. Según los datos de la Justicia, estos delitos aumentaron un 23 %, y pasaron de 15.400 en el 2017 a casi 19.000 el año pasado. El grueso de las denuncias son por abusos sexuales (6.425) y por agresiones (6.119).
Divididos los abusos en función de la edad de la víctima, las estadísticas indican que aumentaron un 9% entre los menores y un 15% entre los mayores de 18 años. «En ambos casos -dice el informe- se consolida una línea clara y acusadamente ascendente en los últimos años». El informe de los fiscales destaca que las manifestaciones públicas tras los casos más mediáticos (especialmente el de la Manada) podrían «haber fortalecido a las víctimas animándolas a denunciar», pero a la vez «por suceder en la intimidad, no hay que descartar que se mantenga un indefinido índice de impunidad».
Un «relevante número» de delitos sobre los menores «se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima, a lo que se une que no se trata de actos aislados sino repetidos durante apreciables períodos de tiempo. Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios. Esto suele generar dificultades para la actividad probatoria», a lo que se añade «una connotación de vergüenza derivada de la peculiar vejación sufrida por las víctimas, que en ocasiones les lleva a manifestarse con claro rechazo de la intervención de la administración de justicia». Esto supone, sigue el informe, «la desaparición de pruebas». Es en este contexto en el que la fiscalía apunta, para reducir estos casos al mínimo, una medida que podría resultar polémica, la colocación de cámaras en despachos y aulas: «La gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento...) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…), que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones».
«No podemos admitir que los centros se conviertan en un gran hermano»
Las reacciones no se han hecho esperar y el sindicato CSIF calificó de «barbaridad» la «ocurrencia», mientras ANPE se opone totalmente: «El profesorado vería cuestionada una vez más su labor y se extendería una sombra de duda o sospecha sobre todos (...) No podemos admitir que los centros se conviertan en un gran hermano».
Pontevedra, la tasa más alta
Los datos que se barajan desde la Fiscalía indican que Pontevedra es la provincia gallega con más diligencias previas contra la libertad sexual, con 463 casos; le sigue A Coruña, con 374 y ya más lejos, Ourense (139) y Lugo (121). En relación diligencias-población, la ratio más alta de España está en Las Palmas, con 75 denuncias por cada 100.000 habitantes. Le siguen Murcia, Navarra, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra, con una tasa de 49. El resto de Galicia tiene tasas de 44 denuncias en Ourense, 36 en Lugo y 33 en la provincia de A Coruña; la media estatal está en 40.