La Xunta presiona al Gobierno con un informe jurídico para reclamarle los pagos pendientes

La Xunta, que lleva meses pidiendo al Gobierno central que transfiera a Galicia lo que le debe por entregas a cuenta, por el IVA y por otros conceptos, elevó este lunes la presión sobre el equipo de Pedro Sánchez y María Jesús Montero esgrimiendo un informe jurídico que sostiene que un Gobierno en funciones no solo está habilitado para buscar mecanismos con los que hacer frente a esas obligaciones sino que «o sistema de financiamento autonómico, do que é integrante esencial o réxime de entregas a conta, debe ser cumprido polo Goberno estatal, con independencia de que este se atope ou non en funcións», concluye el dictamen de la Asesoría Xurídica de la Xunta.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, se basaron en este documento para exigir, una vez más, que se reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que se acuerde con todas las comunidades autónomas cómo y cuándo se van a realizar esos pagos. El titular de Facenda de la Xunta no quiso postularse sobre si debe ser echando mano de un real decreto o a través de iniciativas legislativas, porque en los dos casos tiene que pasar por las Cortes «e as Cortes non están en funcións», subrayó. Tampoco lo están los servicios que dependen de ese dinero que corresponde a las comunidades autónomas y que, en el caso de Galicia se eleva a 700 millones. «A vindeira semana empeza o curso escolar ?recordó? e os comedores e o transporte tampouco están en funcións». Así que instó a que se efectúe el pago porque ese dinero, que ya ha sido recaudado y que pertenece a los gallegos, afecta a servicios fundamentales. «Pode ter unha afectación incluso sobre o propio estado de benestar», advirtió.

La Xunta se basa en el informe de la Asesoría Xurídica como antes el Gobierno se basó en otro de la Abogacía del Estado para no efectuar los pagos. En el estatal, el dictamen decía que un Gobierno en funciones no podría actualizar el importe de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas. Pese a ello, Alfonso Rueda no cree que ambos documentos elaborados por técnicos se contradigan, porque el Ejecutivo central no le pidió a la Abogacía del Estado soluciones alternativas, tal y como apunta el propio informe de la Abogacía. La Xunta, en cambio, le preguntó a sus servicios jurídicos si «o feito de que o Goberno estatal estea en funcións impide que se adopten por este as medidas necesarias para o cumprimento do sistema de financiamento autonómico no que atinxe ás entregas a conta ás comunidades autónomas». Y con los papeles en la mano, el vicepresidente de la Xunta dijo que la respuesta era «clarísima», que el sistema de financiación autonómica debe cumplirse «independentemente de que o Goberno estea ou non en funcións».

Por lo tanto, a la Xunta no le valen los argumentos esgrimidos por el equipo de Pedro Sánchez y por distintos cargos socialistas. Tampoco los que lleva tiempo repitiendo la ministra de Hacienda, a quien Valeriano Martínez le reprochó que ahora cambie de discurso y hable de «diferir os pagamentos», algo que iría «a conta dos nosos provedores», lo que a su entender es «unha irresponsabilidade». Es más, el conselleiro de Facenda teme que el Gobierno acabe fraccionando los pagos pendientes y que, al final, solo libere las entregas a cuenta, cuando a Galicia se le deben cantidades importantes por otros conceptos. Como recordó Martínez, además de las entregas a cuenta, que ascienden a 330 millones, está una mensualidad atrasada del IVA por importe de 200 millones, y 85 más que corresponden al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la comunidad autonómica gallega. Martínez lamentó, además, que Montero se reuniese con el presidente socialista canario para abordar este asunto cuando el régimen fiscal en Canarias es distinto. Mientras, la Xunta sigue esperando que la ministra responda a la carta remitida por Facenda.

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