La mitad de las depuradoras municipales tienen un funcionamiento deficiente

Una auditoría de Augas de Galicia solo salva a 50 de 119 instalaciones supervisadas

Vista aérea de la depuradora de Bens, que da servicio a cinco municipios del área coruñesa
Vista aérea de la depuradora de Bens, que da servicio a cinco municipios del área coruñesa

redacción / la voz

¿Están los concellos gallegos preparados para, por sí solos, gestionar un asunto tan complejo como la depuración de aguas residuales? Esta es la pregunta que se hicieron en Augas de Galicia cuando se plantearon encargar una auditoría técnica sobre la situación de 119 depuradoras gestionadas por municipios gallegos de más de 2.000 habitantes, pues el resto, 28 centros de tratamiento, son gestionados directamente por la Xunta a petición de los propios concellos, ya que se trata de una competencia exclusiva municipal. Los resultados del informe, encargado a la empresa Adantia, no son muy halagüeños y reflejan la incapacidad o falta de medios de muchos concellos para mantener en buen estado de funcionamiento unas infraestructuras que suponen amplias inyecciones de dinero público de la Xunta, el Gobierno central y la Unión Europea.

Así, tan solo el 42 % de las EDAR analizadas -un total de 50 instalaciones- tienen un buen funcionamiento, tanto en lo que respecta al control del proceso de depuración como al mantenimiento y la capacidad de gestión de las aguas residuales. El resto, un 58 %, se engloba en las categorías de mal funcionamiento o «regular». En la primera de ellas hay 33 instalaciones (un 28 %) y en la zona templada, 36 (un 30 %). En esta categoría están aquellas depuradoras en las que o bien no hay un adecuado control del proceso o existe un mantenimiento deficiente.

El informe no tiene en cuenta la capacidad de pretratamiento de las depuradoras, «xa que un número elevado de instalacións presentan un pretratamento deficiente, pero este non é determinante para o correcto funcionamento da EDAR [estación depuradora de aguas residuales] nin para acadar unha boa calidade do efluente final». Lo que se denomina efluente final -el resultado del proceso de depuración que vuelve al ciclo del agua- es supervisado por el Gobierno autónomo para comprobar que se cumple la directiva comunitaria de 1991. Veintiocho años después de que Bruselas estableciera unos parámetros mínimos de calidad de las aguas, Galicia se encuentra cerca de conseguir que el 80 % de las masas de agua de la comunidad estén en buen estado, y el departamento que dirige Ethel Vázquez se marca como objetivo llegar al 98 % en el 2021. En paralelo, la Administración lleva un control de los puntos de vertido que degradan la calidad de las aguas, especialmente en las rías. Este plan ha logrado neutralizar cerca de 490 puntos de vertido en las dieciocho rías gallegas en los últimos diez años, aunque aún quedarían cerca de 300 por solventar. El informe al que ha tenido acceso La Voz detalla que uno de los factores de riesgo más habituales es la presencia de vertidos industriales que incumplen los límites establecidos, lo que afecta al 18 % de las instalaciones. También pueden darse infiltraciones de aguas marinas en la red de saneamiento o volúmenes excesivos de pluviales.

La auditoría, encargada por el ente público Augas de Galicia, que ahora está integrado en la Consellería de Infraestruturas, fue realizado en febrero, por lo que en algunos casos ya se han iniciado las gestiones para mejorar el funcionamiento o, incluso, las obras necesarias para solucionar los problemas. Es el caso de la depuradora de Noia, donde se detectaron complicaciones severas. A la vista de la situación, el propio concello hizo una declaración de emergencia y firmó un convenio con Augas de Galicia para financiar estos trabajos. Otras plantas de tratamiento que aparecen en la categoría del mal funcionamiento ya tienen proyectos de mejora en marcha, como el caso de A Silvouta, en Santiago, o las de Ponteareas, Rianxo y Vilagarcía.

La Xunta estudia fórmulas para ayudar a los concellos

La Consellería de Infraestruturas ha realizado la auditoría para tener información detallada del funcionamiento de las depuradoras que gestionan directamente los concellos, pero también porque la directiva comunitaria de 1991 obliga a las administraciones con competencias a realizar un seguimiento de los vertidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas. De hecho, cada dos años debe remitir a la Comisión Europea la información recopilada. Al margen de la situación coyuntural, la Xunta está estudiando fórmulas a medio plazo para que los concellos puedan mantener mejor unas instalaciones caras que, si no alcanzan un nivel de calidad mínimo, no pueden cumplir con los estándares exigidos. Una de las fórmulas en estudio sería crear un instrumento similar al de Sogama para los residuos sólidos, al que se sumarían de forma voluntaria los municipios que deseen que sea la Xunta la que gestione sus plantas de tratamiento.

El sábado pasado, centenares de personas se manifestaron en Viveiro en defensa de la ría, con el objetivo de exigir el saneamiento urgente y que se pongan en marcha las obras necesarias para eliminar los vertidos existentes. La depuradora de Viveiro, según el informe de Augas de Galicia, está entre las 50 instalaciones cuyo funcionamiento se califica de bueno. El problema estaría más en el emisario y en los puntos de vertido irregulares -un total de seis- en la ría.

La Xunta neutralizó 487 puntos de vertido en las rías, pero todavía quedan cerca de 300

Pablo González

En los últimos cinco años se subsanaron 222 y hay otros 84 que están siendo investigados

El problema de la contaminación en las rías no solo preocupa a las Administraciones gallega y española. También Bruselas está vigilante con el cumplimiento de la directiva del agua comunitaria en unas zonas de gran interés medioambiental. El Plan de Control de Vertidos de Augas de Galicia, organismo que ahora depende de la Consellería de Infraestruturas, ha logrado neutralizar 487 puntos de vertido en las 18 rías gallegas en el último decenio. De ellos, un total de 222 se subsanaron en los últimos cinco años después de las inspecciones realizadas por los funcionarios autonómicos.

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