Gonzalo Caballero califica de «teatrillo» la reclamación de los 700 millones

Villares pide un pleno exclusivo para definir una postura «de país» y exigir una «solución definitiva»


Santiago

La inestabilidad política y el agujero de 700 millones que deja en las arcas gallegas el retraso de los pagos del Estado a las comunidades autónomas son los asuntos que han capitalizado el inicio del último período de sesiones del Parlamento de Galicia en el 2019, como paso previo del tramo final del mandato y de las elecciones autonómicas, que se celebrarán dentro de poco más de un año. A excepción de En Marea, que retomó el pulso político con ánimo de resolver el nombre del partido, todos los grupos parlamentarios hicieron una primera valoración de la actualidad y los meses que se avecinan exponiendo sus diferentes perspectivas.

Gonzalo Caballero, que se estrenaba con las comparecencias de los lunes ante la prensa, fue el más crítico con la reclamación aireada inicialmente por la Xunta y a la que se han sumado otras comunidades con diferente intensidad. Para el líder socialista, Feijoo ha ejercido una «falsa lealdade» institucional y acusó al presidente gallego de montar «un teatrillo» para colocarse medallas que no le corresponden. El nuevo portavoz, que se presentó acompañado por Xoaquín Fernández Leiceaga, se mostró convencido de que el líder popular gallego «sabe que non hai condicións para actualizar as entregas a conta», y garantizó que con el PSOE hay garantías de cobro cuando el Gobierno deje de estar en funciones. Pero cuestiona que el PP y sus socios, en referencia a Vox, vaya a tener la misma sensibilidad con las comunidades autónomas.

El líder del Grupo Mixto, Luís Villares, quiso trascender del ambiente de reproches entre los grandes partidos para proponer un debate parlamentario del que salga un posicionamiento «de país» y que incluya una propuesta legal «definitiva» que evite en adelante una situación en la que pesen los posicionamientos partidistas. «Nada de caridade ou préstamos», indicó el portavoz, que tampoco ve posibilidades de éxito en la vía judicial, y por ello pidió ir a la «raíz do problema» y articular una ley que potencie la autonomía de las comunidades.

Para Ana Pontón, del BNG, ese es precisamente el meollo de un conflicto que no tienen el País Vasco o Navarra, con un modelo de financiación distinto hacia el que propone avanzar. La portavoz del Bloque dejó la reivindicación de la Xunta en una mera «estratexia mediática» de confrontación sin «propostas de fondo». Para Pontón, «é a pinga dun modelo inxusto», afirmó.

Por su parte, Pedro Puy admitió que entre las soluciones que han ido surgiendo en las últimas semanas las hay que gustan «máis ou menos», pero no dudó al calificar la situación de «interese xeral», deslizando que el Gobierno está conservando esos fondos en sus arcas para maquillar sus cuentas. El dirigente popular también puso el acento en los 170 millones que el Estado le debe a Galicia por los incentivos por cumplir los requisitos económicos, un capítulo para el que existe «cobertura legal orzamentaria» y que no considera menor. Cuestionado sobre el «cambio de ciclo» que augura el resto de grupos parlamentarios al término del curso político, Puy indicó que el único cambio que espera es en la oposición, con cuatro grupos en vez de tres y diferentes posicionamientos y líneas políticas. Entre todas, fue especialmente crítico con la estrategia de Caballero, al que ve entregado «á liña do sanchismo».    

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