Pacientes que son operados en otras provincias, obligados a pagar el viaje

A Juan Manuel Fidalgo, un vecino de Malpica de 77 años, le preocupan los próximos días. A principios de mes le detectaron un bulto en la próstata lo suficientemente inquietante como para que se pusiera en marcha la rueda de consultas y pruebas hasta determinar la presencia de un cáncer en grado 2. La catalogación significa que debe ser intervenido antes de dos meses. De lo contrario, la patología podría complicarse y poner su vida en peligro.

Lo lógico sería que Fidalgo fuera intervenido en el Hospital Universitario de A Coruña, pero no va a ser así: «Un día después de que la uróloga le dijera que se tenía que operar, le llamaron del hospital para decir que no podían garantizarle la intervención en el plazo de dos meses pero sí le daban a elegir otros hospitales en los que operarse en ese plazo». Lo explica Begoña, la hija de Juan Manuel, que lleva todo el mes intentando entender la dinámica que va a llevar a su padre a un quirófano de Lugo.

En realidad, no es muy complicado. La ley de Garantías de Prestacións Sanitarias cubre situaciones como esta. Si en el área sanitaria a la que pertenece el paciente no se puede garantizar la intervención quirúrgica prescrita, la Administración proporciona la posibilidad de que entre en un quirófano de otro hospital de la red pública. Lo que no contempla la ley es el abono del transporte para el usuario. Y eso lo que no entiende Begoña y, en realidad, es difícil de entender.

El Sergas, cuestionado por esta situación, que dista mucho de ser única, prefirió derivar las explicaciones al hospital, donde consideran que es una consecuencia directa de una ley que, si bien ha aliviado las listas de espera, ha dejado algunos flecos que afectan directamente al bolsillo de los usuarios. Juan Manuel deberá hacer al menos tres desplazamientos de ida y vuelta al hospital de Lugo -que es el que se ha visto obligado a elegir- por sus propios medios. Una consulta previa, el de la propia intervención y la primera consulta tras la cirugía: «Quizás pueda acompañarle, pero también tengo a mi suegra enferma y no sé si podré», explica Begoña. Durante este mes, se ha metido en el laberinto burocrático del Sergas encontrándose con que su reclamación en atención al paciente no iba a ser atendida antes de los siete días que tenía para decidirse por un hospital alternativo. Es decir, esperar una respuesta era condenar a su padre a retrasar la intervención. En una ventanilla le informaron de que tenía derecho a pedir una cantidad por el desplazamiento en función de los kilómetros. Pero en otra le dijeron que solo si la intervención no la hacían en su área sanitaria: «Es indignante», concluye.

Un caso no único

Begoña entiende que lo importante es que su padre salga bien de este incidente: «Pero realmente creo que la sanidad está retrocediendo. No sé si podré acompañar a mi padre o no pero, ¿y si esto le ocurre a alguien que no tiene familia o posibilidades de pagarse el transporte?». Probablemente, el suyo no es el único caso. Las intervenciones quirúrgicas de urología han desbordado la capacidad del Hospital Universitario de A Coruña hasta el punto de que una operación con una urgencia de tipo 2 no puede ser atendida con garantías de cumplir los plazos. Si Juan Manuel espera su turno en este área sanitaria, tal vez tarden tres meses o más en intervenirle y su cáncer de próstata puede extenderse, por ejemplo, a la vejiga.

Como le explicaron a Begoña, nadie le obliga a desplazarse para ser intervenido pero, obviamente, no quiere arriesgarse. ¿Quién querría? Pagará los desplazamientos que sean necesarios, claro, pero él creía que por la asistencia sanitaria no había que pagar.

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