Hacienda se da hasta diciembre para pagar a unas comunidades ahogadas

r. santamarta / d. sampedro REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Feijoo, con la ministra María Jesús Montero, en un encuentro celebrado en agosto.
Feijoo, con la ministra María Jesús Montero, en un encuentro celebrado en agosto. Ricardo Rubio - Europa Press

El Gobierno minimiza las quejas, incluso de territorios del PSOE: «Es la campañita»

30 ago 2019 . Actualizado a las 09:11 h.

La batalla abierta desde Galicia para que el Ministerio de Hacienda desbloquee hasta 6.600 millones de euros pendientes de pago (entre las llamadas entregas a cuenta, pagos pendientes del IVA y otras compensaciones) puede alargarse aún hasta final de año. Pese a que el Gobierno insiste en que está buscando una solución que le permita ejecutar esos pagos estando en funciones, la ministra María Jesús Montero puso ayer una fecha que no da excesivas esperanzas: se pagara «antes de diciembre». Ese plazo salió de una reunión que mantuvo la responsable de Hacienda con el Gobierno de Canarias, que comanda el PSOE. Y la dio el presidente canario, Ángel Víctor Torres, junto a su número dos, Román Rodríguez, tras esa reunión, porque ella no compareció. Tampoco posteriormente Hacienda aclaró ese calendario.

El Ejecutivo está tratando de dar con una respuesta que permita que las comunidades puedan recibir, en primer lugar, los anticipos a cuenta (4.700 millones), porque están comprometidos en las cuentas de los gobiernos regionales, que están empezando a cerrar el grifo del gasto, a recortar, al no contar con esos fondos. Las críticas más duras están llegando desde las comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía y Madrid), pero barones socialistas llevan semanas quejándose también de ese bloqueo sin solución. Ayer mismo Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha exigió una solución a Madrid: «Está en riesgo el Estado del bienestar social», avisó el socialista.

El Gobierno mantiene que, estando en funciones, no puede hace esa actualización de los fondos para el 2019 (está entregando los mismos que en el 2018, con el desfase sobre los previstos por las comunidades), y se agarra a un informe de la Abogacía del Estado. «El PP está pidiendo algo que sabe que este Gobierno en funciones no puede hacer», se lamentó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que descalificó las quejas de ese frente hecho desde las regiones que dirige el PP: «Es la campañita». Aunque Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Aragón o Asturias, todas con presidente socialista, también están denunciado la asfixia por esa carencia. Posteriormente, otro ministro, el de Cultura, también se abonó a esa teoría de «la campañita».

La Xunta denuncia el silencio de un año de Montero para responder a sus peticiones

Mientras la ministra de Hacienda se reunía con el presidente canario , en los despachos de la Xunta se lamentaban ayer de que llevan un año esperando una contestación de Montero a sus reclamaciones financieras. En agosto del 2018, el presidente Feijoo acudió a Madrid para un encuentro con ella, con el objetivo de que se pudieran pagar casi 200 millones de euros de una mensualidad del IVA del 2017, por un error de Cristóbal Montoro, del PP (sin que entonces constaran críticas de la Xunta). La ministra aseguró que tomaría medidas al estar todas las comunidades afectadas. Hoy es uno de los problemas que siguen latentes. Tampoco ha habido contestación a las dos cartas remitidas este verano, tras el acuerdo del Parlamento de Galicia (con la única abstención del PSdeG) para que se paguen esos 700 millones; y tras la petición de una cumbre de comunidades.

Por otra parte, el PP gallego no le hace ascos a la propuesta de la «ley exprés» esbozada por el Gobierno socialista de Canarias para poder percibir las entregas a cuenta que el retiene el Estado. Tanto es así que el portavoz parlamentario de los populares, Pedro Puy, dijo ayer que lo demandan precisamente todas las comunidades, ya sean gobernadas por el PP o el PSOE con otras fuerzas, es que el Gobierno central impulse un «instrumento lexislativo», ya sea un decreto o una proyecto de ley, para devolver a las comunidades el dinero ya recaudado.