Las comunidades se plantan ante Sánchez para buscar salidas a su asfixia financiera

Feijoo y Moreno exigen, junto a otros líderes del PP, que se reúna el Consejo de Política Fiscal

Los presidentes de Andalucía y Galicia son los más críticos con el bloqueo de Hacienda
Los presidentes de Andalucía y Galicia son los más críticos con el bloqueo de Hacienda

Santiago / La Voz

La última vez que se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el ente de enlace entre el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, fue el 31 de julio del 2018. Hace más de un año, y eso que su normativa interna fija un mínimo de dos reuniones anuales. Ahora, con la crisis generada con el impago de las entregas a cuenta como telón de fondo, los gobiernos autónomos creen que ha llegado el momento de convocar de urgencia este órgano para resolver la asfixia financiera que dicen sufrir por el impago de cerca de 7.000 millones de euros, 700 de los cuales son reclamados por Galicia.

Mandatarios como el gallego Núñez Feijoo o el andaluz Moreno Bonilla, al igual que otros presidente del PP, lideran ese frente al reclamar por escrito la convocatoria del CPFF, mientras que desde comunidades afines al PSOE, como Canarias, plantean a Pedro Sánchez que impulse una «ley exprés» para librar los anticipos.

Junto a Galicia y Andalucía, también Madrid, Murcia y Castilla y León, todas ellas con gobiernos del PP, demandaron formalmente una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para buscar una «solución común» al problema derivado del impago de las entregas a cuenta, que la Generalitat de Cataluña decidió combatir abiertamente con la interposición de un recurso judicial contra el Estado.

Galicia no ha llegado a tanto, y desde la Xunta apelaban ayer a «esgotar todas as vías que ten á man» antes de tomar una decisión de este calibre. «No cuente con nosotros para rebeliones», advertía a su vez el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, perteneciente al PSOE.

Todas las comunidades del régimen económico común coinciden en señalar que la deuda del Estado está generando un roto en sus arcas. Pero discrepan en cómo deben salir del atolladero. Las gobernadas por el PSOE han rebajado su tono y fían la solución a que Pedro Sánchez sea investido cuanto antes y el Gobierno deje de estar en funciones. Esa es la única solución que ofrece la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ayer exhibió un informe ad hoc elaborado por la Abogacía del Estado y que alimenta dicho argumento.

Desde el PP plantean otra vía: la reunión del CPFF para buscar una salida pactada. El presidente de la Xunta avanzó ayer su planteamiento a través de Twitter, arguyendo que un Gobierno en funciones no puede ser un «Gobierno sin funciones», motivo por el cual demandó una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal. Su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno, hacía lo mismo unas horas antes utilizando la misma red social y subrayando que el Gobierno central se había quedado sin excusas para pagar a Andalucía los 1.350 millones que reclama.

La petición fue desarrollada más tarde por el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, que insistió en que si las comunidades no reciben lo que les corresponde, eso va a tener una «incidencia moi importante» en las finanzas autonómicas, porque «os centros de saúde e os hospitais galegos non están en funcións».

Martínez puso por delante que la situación que viven las comunidades por los impagos es «moi grave», pues la merma de esos recursos puede tener consecuencias negativas en la prestación de los servicios públicos que no están en funciones, sino que tienen que abrir sus puertas a diario y funcionar a pleno rendimiento.

La Xunta reclama al Ministerio de Hacienda 700 millones de su participación en la cesta de tributos por no actualizar los pagos a cuenta. De ellos, 530 millones están consignados en los presupuestos autonómicos para este año, una cifra que equivale «a dúas nóminas do persoal da Xunta», unos 90.000 empleados. La comparación la matizó a renglón seguido el propio conselleiro: el salario de los funcionarios está garantizado.

Muy diferente es la lectura hecha tanto por el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, como por el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero. El primero aireó el informe de la Abogacía del Estado para afirmar que el Gobierno en funciones «tiene muy limitada su capacidad de actuación y no puede actualizar las entregas a cuenta». Por su parte, Caballero entiende que dicho documento «destapa as mentiras de Feijoo e as farsas do PP», pues asume el argumentario de Hacienda de que un Gobierno en funciones «non pode actualizar as partidas dun orzamento prorrogado». Es algo que, dijo, ya practicó el exministro del PP Cristóbal Montoro. «E daquela Feijoo calaba e aplaudía», zanjó.

Hacienda no planteó a la Abogacía alternativas para pagar

Hacienda tiene ya el informe escrito de la Abogacía del Estado que avala su tesis de evitar desbloquear los fondos para las comunidades. Es un documento que el mismo martes el Gobierno admitió que no tenía, pero que tiene fecha del mismo 27 de agosto. Es un dosier de 13 páginas que responde a una pregunta muy concreta desde la Secretaría de Estado de Hacienda: «¿Puede el Gobierno, en su actual situación en funciones, efectuar la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades?». La pregunta se formuló el día 22 de agosto, según ese informe de la Abogacía, cuando, curiosamente, la ministra de Hacienda ya se había referido a él diez días antes, en una entrevista en la Cadena Ser el 12 de agosto.

El documento es bien claro al responder a esa cuestión inicial: «Por exceder del despacho ordinario de asuntos públicos, no podría un Gobierno en funciones actualizar el importe de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas».

Antes de llegar a esa respuesta, la Abogacía del Estado recoge un extenso artículo del Tribunal Supremo del año 2005 sobre las limitaciones impuestas por el legislador para Ejecutivos en funciones, como le sucede ahora al de Pedro Sánchez. De ahí se concluye que siendo la actualización de las entregas a cuenta «un acto de fuerte relevancia financiera, su realización por un Gobierno en funciones condicionaría al nuevo Ejecutivo. [...] No puede dudarse, por tanto, que un Gobierno en funciones al modificar el importe de las entregas a las comunidades autónomas establece nuevas orientaciones políticas, comprometiendo, condicionando o impidiendo las que pueda adoptar el nuevo Gobierno, por lo que dicha actuación excedería del despacho de asuntos» al que limita la ley la acción de un Ejecutivo sin investir.

Ahora bien, el informe desliza un párrafo jugoso. Uno en el que los técnicos de la Abogacía sugieren que el Gobierno no les ha planteado ninguna posible solución a este tema. Así se explica cuando se apunta que el documento no entra «en el concreto examen del instrumento o vehículo jurídico formal por el que ello [el pago de las entregas] se realizaría, por ser esta una cuestión que no ha sido objeto de la consulta». Es decir, en su informe solicitado el 22 de agosto -cuando, según Montero, ya se sabía verbalmente lo que iban a decir en la Abogacía del Estado-, Hacienda no preguntó por las posibles alternativas jurídicas para proceder a ese desbloqueo, cuando ya habían transcurrido varias semanas; y tampoco trasladó alguna de las que, según la propia ministra, se están estudiando actualmente para proceder a ese desbloqueo.

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