El Senado rechaza que la ministra de Hacienda dé explicaciones pese a la asfixia de las comunidades

El Gobierno dice ahora que aún no hay informe de la Abogacía del Estado que impida esos pagos, al contrario de lo que habían anunciado. Mientras, la Generalitat aprueba el recurso judicial que interpondrá contra el Estado por no recibir las entregas a cuenta

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero Europa Press

Santiago / La Voz

Era una petición que estaba condenada al fracaso, debido a la mayoría absoluta que el PSOE posee en el Senado. Pero aún así, el grupo del PP insistió en solicitar este martes una comparecencia especial de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, junto a los consejeros de Hacienda de las comunidades con el fin de tratar el problema que deben enfrentar las autonomías al no recibir este año la cuota íntegra por su participación en los tributos del Estado, algo esencial para sufragar el coste de los servicios públicos transferidos, como la sanidad, la educación o la dependencia.

Y pese a que el PP obtuvo el respaldo de varios grupos a su demanda, incluso el de Unidas Podemos, los socialistas hicieron valer su mayoría para cortarle el paso, arguyendo que el Gobierno está en funciones y que no tiene capacidad para resolver esta cuestión si Pedro Sánchez no es investido presidente.

Javier Maroto fue el encargado de defender la petición, arguyendo que las comunidades autónomas, independientemente de su color político, están «ante la amenaza de recortes millonarios». Las que no tienen presupuestos elaborados porque no pueden aprobar partidas adicionales derivadas de la actualización de las entregas a cuentas, y las que los tienen aprobados, como Galicia, porque ya tienen esas cantidades consignadas y ahora están obligadas a prescindir de ellas por la vía de los recortes.

Maroto defendió que «sí existen las herramientas jurídicas para hacer los pagos a cuenta y las liquidaciones aunque esté en funciones», y recordó que el Gobierno tomó decisiones y aprobó reales decretos que implican compromisos de gasto extraordinarios. En cambio, el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, insistió en que dicha comparecencia «carece de sentido y de oportunidad» al no disponer el Gobierno en funciones «de capacidad para llegar a acuerdos normativos» que puedan resolver la situación.

La inexistencia del informe

También en la Diputación Permanente del Congreso se trató de forma colateral este asunto, con resultado similar. En ambas sesiones, el PP trasladó su interés en conocer el contenido del informe elaborado por la Abogacía del Estado que, según el Gobierno, permitiría actualizar los pagos a cuenta a las comunidades aunque no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado. Respecto a este informe, el Gobierno aclaró este martes que todavía no existe, aunque el Ministerio de Hacienda está a espera de recibir en breve un escrito en este sentido, informe Europa Press. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló recientemente que había consultado a la Abogacía sobre si el Gobierno, estando en funciones, podía actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. La respuesta de los servicios jurídicos del Estado fue, según la ministra, que un Gobierno en funciones no puede dar este paso, por lo que Montero se comprometió a aprobar estas transferencias a las autonomías cuando se constituya un nuevo Ejecutivo.

Pero ese documento no existe. Y por ese motivo, por la carencia de ese informe que ha ido esgrimiendo Hacienda desde hace un mes, el PP ha pedido la dimisión de la ministra María Jesús Montero

El pulso de las comunidades con el Estado por las transferencia de los fondos se mantiene, por tanto, en el mismo punto, aunque con la diferencia de que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprobó este martes en la reunión del consejo interponer el recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno central por no actualizar los pagos que le corresponden de su participación en los tributos del Estado, informa Efe. Cataluña reclama 1.317 millones de euros por esta vía. La Xunta de Galicia, que se reserva las acciones que tomará en los próximos días, reclama 700 millones.

Galicia no descarta abrir también un frente judicial con el Gobierno por la financiación

Domingos Sampedro

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El pulso que mantienen las comunidades con el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez por las deficiencias en la financiación autonómica gana dimensión. La Generalitat de Cataluña sacudió el damero al anunciar que llevará al Estado ante los tribunales por el impago de parte de las entregas a cuenta del 2019, e invita a los demás territorios a sumarse a esta demanda.

El Ejecutivo gallego considera que la reclamación catalana pone de manifiesto que el Ministerio de Hacienda provocó un «problema global» a las autonomías, así que invoca una «solución global e inmediata» para resolver el entuerto. Es más, sin desvelar si seguirá o no la vía judicial que se propone abrir la Generalitat, la Xunta deja claro que no va a renunciar «a ningunha vía» para defender sus intereses.

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