Casi 3.000 menores están a cargo de la Xunta de Galicia

Mónica Pérez Vilar
Mónica P. Vilar REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Más de la mitad residen con familias, el resto lo hacen en centros

24 ago 2019 . Actualizado a las 12:13 h.

El caso del bebé hospitalizado en Lugo por presuntos malos tratos de sus padres ha obligado a la Xunta de Galicia a asumir la tutela del pequeño. La violencia familiar es solo una de las muchas situaciones de desamparo que pueden derivar en la necesidad de que un menor quede bajo protección de la administración autonómica. El abandono, los abusos, el incumplimiento de las obligaciones de alimentación, aseo o atención sanitaria por parte de los progenitores, la falta de escolarización sin alternativa educacional, utilizar al menor para mendigar o inducirlo a otras actividades como la delincuencia o la prostitución, son algunos de los motivos que pueden llevar a suspender la patria potestad a los padres y poner al niño al cuidado de los servicios de menores.

Las conductas adictivas en el seno de la familia (alcohol, drogas...) que puedan dañar el bienestar del pequeño, los trastornos mentales graves u otras situaciones que impidan a los padres o tutores hacerse cargo del menor con normalidad, también pueden derivar en un traslado de su tutela a la Xunta.

Los últimos datos, correspondientes al año 2018, indican que la administración gallega asume el cuidado de casi 3.000 menores. De ellos, 2.326 están bajo tutela pública debido a una situación de desamparo o desprotección. Pero además, existen otros 667 casos en los que los servicios de menores asumen solo la guarda de los pequeños, sin que los progenitores o familiares de origen pierdan su tutela. Incluso hay casos (más de 400) en que son los propios cuidadores quienes, viéndose incapacitados para hacerse cargo del menor por motivos graves y justificables, piden a la administración que se haga cargo del niño durante un tiempo determinado. Existe también otra posibilidad, y es que sea un juzgado el que determine que el menor debe quedar bajo guarda de la Xunta, caso que se dio el año pasado en apenas una docena de ocasiones.