Casi 3.000 menores están a cargo de la Xunta de Galicia

Más de la mitad residen con familias, el resto lo hacen en centros


REDACCIÓN / LA VOZ

El caso del bebé hospitalizado en Lugo por presuntos malos tratos de sus padres ha obligado a la Xunta de Galicia a asumir la tutela del pequeño. La violencia familiar es solo una de las muchas situaciones de desamparo que pueden derivar en la necesidad de que un menor quede bajo protección de la administración autonómica. El abandono, los abusos, el incumplimiento de las obligaciones de alimentación, aseo o atención sanitaria por parte de los progenitores, la falta de escolarización sin alternativa educacional, utilizar al menor para mendigar o inducirlo a otras actividades como la delincuencia o la prostitución, son algunos de los motivos que pueden llevar a suspender la patria potestad a los padres y poner al niño al cuidado de los servicios de menores.

Las conductas adictivas en el seno de la familia (alcohol, drogas...) que puedan dañar el bienestar del pequeño, los trastornos mentales graves u otras situaciones que impidan a los padres o tutores hacerse cargo del menor con normalidad, también pueden derivar en un traslado de su tutela a la Xunta.

Los últimos datos, correspondientes al año 2018, indican que la administración gallega asume el cuidado de casi 3.000 menores. De ellos, 2.326 están bajo tutela pública debido a una situación de desamparo o desprotección. Pero además, existen otros 667 casos en los que los servicios de menores asumen solo la guarda de los pequeños, sin que los progenitores o familiares de origen pierdan su tutela. Incluso hay casos (más de 400) en que son los propios cuidadores quienes, viéndose incapacitados para hacerse cargo del menor por motivos graves y justificables, piden a la administración que se haga cargo del niño durante un tiempo determinado. Existe también otra posibilidad, y es que sea un juzgado el que determine que el menor debe quedar bajo guarda de la Xunta, caso que se dio el año pasado en apenas una docena de ocasiones.

Desde el momento en que un menor queda bajo la protección de la Xunta, la administración autonómica debe velar por su bienestar y desarrollo integral, comenzando por buscarle un lugar de residencia.

De los 2.993 niños y niñas a cargo del sistema de protección gallego, el 46,5 % (unos 1.400), están en lo que se denomina un acogimiento residencial, es decir, viven en alguno de los casi 60 centros para menores existentes en la comunidad, bien gestionados directamente por la Xunta, bien a través de alguna institución pública o privada colaboradora.

Acogimiento familiar

El 53,5 % restante (1.601 menores) están en acogimiento familiar. La inmensa mayoría (más de 1.300) conviven con lo que se conoce como familia extensa (parientes más o menos cercanos o figuras de gran vinculación como vecinos o amigos de toda la vida), mientras que casi 300 están acogidos por alguna familia voluntaria con la que no tienen relación pero que se ha formado para hacerse cargo de menores que necesitan un hogar durante un cierto tiempo. Cruz Roja se hace cargo de este programa de acogida en familia ajena, que cuenta con más de 300 hogares voluntarios, mientras que Aldeas Infantiles desarrolla un programa de apoyo a los parientes que asumen el cuidado de un menor cuya tutela ha sido retirada a sus padres.

Preparación para una vida adulta autónoma y la búsqueda de empleo

Para los niños de menos de seis años, la normativa estatal (del año 2015) establece como solución preferente su estancia con familias, a la postre la situación más idónea para cualquier pequeño separado de su entorno. Pero las posibilidades de una acogida temporal o incluso de una adopción suelen decaer conforme aumenta la edad del menor.

Para los casos en que los chavales alcanzan la mayoría de edad bajo tutela de la Xunta existen programas como el Mentor, desarrollado por Igaxes con financiación pública, que busca prepararles a partir de los 16 años para la vida adulta independiente y ayudar a su inserción sociolaboral, con estrategias individualizadas. Además, Galicia cuenta con varias viviendas asistidas en las que jóvenes que ya han cumplido los 18 pueden residir durante un tiempo bajo la supervisión de técnicos que les ayudan a enfrentar el siguiente paso: vivir solos.

Aunque la mayoría de edad marca el fin de la tutela por parte de la administración, aquellos jóvenes que están todavía formándose pueden seguir residiendo en centros públicos y recibiendo el apoyo de los servicios autonómicos hasta los 21 años.

Trabajar para la reintegración en el hogar

Aunque los técnicos de menores deben estudiar cada caso concreto, el objetivo genérico y preferente es lograr que el menor pueda volver a convivir con sus padres en su propio hogar. Una de las herramientas para lograrlo es el Programa de Integración Familiar (PIF) de la Xunta, que busca una intervención integral con los núcleos familiares, tanto a nivel educativo como terapéutico y psicosocial. Durante el año 2018, los especialistas del programa trabajaron con casi 200 familias. En 66 de esos casos, la finalidad era precisamente lograr la reintegración del hogar, toda vez que el menor ya había sido puesto a cargo de la administración. Trabajando con el núcleo familiar y en coordinación con los responsables de los pequeños, se aborda la situación personal, social y familiar para lograr restablecer la convivencia.

Pero el PIF puede servir también para evitar esa separación y el internamiento del menor o su derivación a un hogar de acogida. Un centenar de familias en las que se detectaron indicadores de riesgo participaron en el programa de preservación familiar para reforzar la cohesión del núcleo y promover cambios que eviten la separación del niño de su entorno. Con otra treintena de familias el trabajo realizado se centró en romper dinámicas de deterioro grave en padres que mantienen contacto con sus hijos, de modo que puedan constituir para ellos una referencia positiva.

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