Baleares, Cataluña y Valencia, abocadas a recortes por los impagos de Hacienda

La Xunta teme que ese bloqueo «comprometa o funcionamento dos servizos públicos»

El equipo económico de la Xunta, con el conselleiro al frente, al presentar las últimas cuentas
El equipo económico de la Xunta, con el conselleiro al frente, al presentar las últimas cuentas

Redacción / La Voz

El bloqueo de 4.700 millones de euros de las llamadas entregas a cuenta (la participación a las comunidades de los ingresos del Estado) por parte del Ministerio de Hacienda tendrá consecuencias a corto plazo, y se constatarán en la calle. Al menos tres comunidades, las de Baleares, Valencia y Cataluña (las dos primeras, gobernadas por el PSOE) ya han anunciado que tendrán que meter tijera de forma inmediata al carecer de unos fondos con los que contaban para este año, y que el Estado no desbloquea argumentando que, al estar en funciones, no puede inyectarlos en las comunidades. Es un dinero que se está ingresando igual, pero que no puede repartir conforme a lo previsto para el 2019. Una situación que asfixia a las arcas territoriales.

En Baleares, el departamento de Hacienda ha pedido ya al resto de consejerías que indiquen de dónde se puede recortar el gasto de forma inmediata. Algo más extrema es la situación en Valencia, donde el propio presidente, Ximo Puig, ha trasladado a su Gobierno la obligatoriedad de reducir partidas, mantenimiento del gasto social y derivando inversiones para el 2020, una situación que está provocando tensiones incluso dentro de la coalición con Compromís. Y en Cataluña la Generalitat ha anunciado un cierre de caja de su Administración, el recorte del 6 % de fondos en empresas públicas y, paralelamente, el inicio de un contencioso-administrativo contra el Estado por el bloqueo de esos fondos. Una demanda a la que han invitado a sumarse -sin éxito- al resto de comunidades.

«Atender a dependientes»

Son los primeros territorios que tienen que asumir ajustes directos por la deuda que mantiene Madrid con las comunidades. Pero no serán los únicos. Cantabria, bajo el cogobierno del PRC-PSOE de Revilla, también admite que tendrá que mirar la caja. «Recortes, con relación a lo que había, nada -ha dicho el presidente-. Ese dinero se iba a destinar a cuestiones como atender a las personas dependientes, no para hacer polideportivos», avisó.

La Xunta evita hablar de recortes, quizá porque tiene cierto margen. Por ejemplo, podría endeudarse más -tiene un nivel por debajo de la media-, o retrasar los pagos a sus proveedores (es la comunidad que más pronto lo hace). Pero en la práctica sería como dar una patada hacia adelante: el problema de fondo no se solucionaría.

«Trátanse de fondos que son nosos e que precisamos xa para poder seguir financiando os servizos públicos máis importantes, como son a sanidade, a educación e os servizos sociais», apuntan desde San Caetano.

No se habla de tijera, pero sí se sugieren las consecuencias que puede tener este bloqueo que, desde que lo denunció el Parlamento de Galicia, ha hecho que el resto de comunidades comiencen a alzar la voz: «Entendemos que o Goberno central debe exercer a súa responsabilidade de gobernar e transferir de maneira urxente ás comunidades uns fondos que xa están recadados e no seu poder, para non comprometer o normal funcionamento dos servizos públicos».

El gobierno socialista canario: «Espero que la necesidad de todos cambie la posición de Montero»

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, reclamó ayer que el Ejecutivo central busque una fórmula para que las comunidades autónomas reciban las entregas a cuenta de la financiación autonómica que se han retrasado, y que en el caso del archipiélago ascienden a 223 millones de euros. Canarias es otra comunidad gobernada por el PSOE (en coalición con otras fuerzas) que reclama, así, una solución a Madrid.

Rodríguez se mostró más partidario de que desde el Gobierno en funciones se busque una vía para resolver esta cuestión antes que reclamarlo judicialmente, tal como ha anunciado Cataluña. «Todas las comunidades están muy nerviosas con este asunto y espero que la necesidad de todos cambie la posición de Montero», añadió.

Madrid, la última en sumarse

El nuevo consejero de Hacienda madrileño, Javier Fernández-Lasquetty, avanzó ayer que Madrid ha reclamado por carta al presidente Sánchez los 1.237 millones de la financiación autonómica que no han llegado. Es la misma fórmula que ha utilizado Galicia, aunque en su caso lo hizo ya a inicios de julio. Madrid «seguirá reclamando al Gobierno la financiación ordinaria que debería estar llegando a todas las comunidades», pero «no lo hará de la mano de la Generalitat», es decir, en los juzgados.

El PSdeG reprueba a Feijoo seguir «a estratexia de Torra», y el PP le afea que no defienda Galicia

La batalla que ha iniciado la Xunta con Madrid para reclamar los 700 millones pendientes, entre entregas a cuenta y partidas de años precedentes, se traslada a Galicia como disputa doméstica, con el PSdeG defendiendo la posición del Gobierno y con el PPdeG haciendo de ariete de Feijoo. Ayer el líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, echó en cara a Feijoo lo que calificó de «política de bandazos», al «aplaudir un día a Vox e outro día seguir a estratexia de Quim Torra», ante la posibilidad de recurrir a los tribunales por la deuda de Hacienda. «O presidente da Xunta leva todo o verán contando unha película sobre as dificultades económicas que ten Galicia, á vez que gasta 30 millóns de euros en reformar despachos en San Caetano». «A mellor garantía para o financiamento das autonomías é a garantía que dá o Goberno de Sánchez», incidió Caballero.

El socialista evita seguir los pasos de otros colegas de su partido, que sí se quejan abiertamente de esas carencia de fondos. Eso es, precisamente, lo que ayer le afeaban desde el PPdeG. Su secretario xeral considera a Caballero «cómplice de Sánchez na aldraxe a Galicia» por no contribuir a que desde Madrid se habilite ese dinero a las comunidades. Miguel Tellado se mostró partidario de «facer unha fronte común de comunidades», sin adherirse a la demanda judicial de Cataluña.

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