Cataluña denunciará al Gobierno por los fondos retenidos de Hacienda

Reclama 874 millones de los anticipos a cuenta, e invita a otras comunidades a sumarse a ese contencioso. Galicia exige 530 por ese mismo concepto

Efe

Redacción

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y conseller de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, de ERC, ha anunciado su decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos del 2019, y ha invitado al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda. Es un problema que destapó la Xunta en julio reclamando 530 millones de euros de esas entregas a cuenta (700 incluyendo otros retrasos), aunque su queja se quedó en el frente político. 

Cataluña ha dado ahora unn paso más. Aragonès lo ha avanzado al inicio de su comparecencia parlamentaria para dar cuenta del cierre de caja de la Generalitat a primeros de agosto y el recorte del 6 % del gasto de empresas públicas, a petición de los comuns y del PSC. «Llevaremos al Gobierno a los tribunales por los adelantos del 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña y que están reteniendo de forma irregular, a nuestro juicio», ha afirmado.

El próximo martes pedirá al Consell Executiu en el seno del Govern que le autorice a presentar un recurso contencioso administrativo para reclamar el pago de 874 millones en concepto de adelantos pendientes de pago a la Generalitat.

«Pediré que se haga efectiva la transferencia de un dinero que ya se ha recaudado y que está en la caja del Gobierno central», ha dicho el vicepresidente de la Generalitat, que ha cargado contra el ahogo financiero del Estado. «El Gobierno central tiene retenidos los aumentos de la financiación del 2019, que son 874 millones de euros, que son fruto de una mayor recaudación, que ya hemos pagado y que nos corresponden por ley y que se retienen por las arcas del Estado de forma irregular», añadió. «Invito al resto de gobiernos de las comunidades autónomas a hacer lo mismo y, si hace falta, la demanda pueda ser compartida, estamos a su disposición, pero actuaremos con la máxima celeridad», ha recalcado Aragonés.

La explicación de Madrid

El Gobierno ha explicado que no puede desbloquear ese dinero porque se encuentra en funciones, y la Abogacía del Estado no le permite hacerlo en esa situación. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que será una cuestión prioritaria cuando haya investidura; si es que la hay. 

El vicepresidente del Govern ha puesto encima de la mesa una reclamación de 1.317 millones de euros en concepto de los adelantos del 2019, pero también de un IVA bloqueado de 443 millones causado por un cambio del sistema de recaudación impulsado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el 2017. Y ha comparado los 1.317 millones reclamados al Ejecutivo central al presupuesto de tres grandes hospitales catalanes como el de Vall d'Hebron, Bellvitge y Can Ruti o a un montante mayor que todo el presupuesto de la Conselleria de Interior. En Galicia, la Xunta ya ha avisado de que esos impagos pueden tener consecuencias en sus cuentas y en el pago de facturas.

 «Ellos no hacen el trabajo y nos quieren castigar a nosotros», ha criticado Aragonès, que se ha negado a reducir el gasto en servicios sanitarios, y especialmente en lo que refiere a listas de espera.

Ha criticado que el Ejecutivo central se escude en el hecho de que está en funciones para no transferir los recursos a las comuniodades, y le ha reprochado que apruebe transferir recursos para gastos militares y envíe cartas a la Conselleria de Salud: «No están en funciones para decirnos que recortemos en prótesis de cadera o determinados órganos del cuerpo humano, especialmente en estos aspectos hemos disparado el gasto».

Valencia se desmarca

El president del Gobierno valenciano, Ximo Puig, ha sido el primero en desmarcarse de ese frente judicial abierto por la Generalitat. El dirigente socialista ha afirmado que no sabe si la vía judicial es «la vía correcta». «Cada Gobierno puede entenderlo de una manera o de otra», ha afirmado Puig, quien ha recordado que el Gobierno valenciano intentó en un momento determinado plantear un litigio de carácter judicial respecto a la financiación autonómica, al entender que estaban «asistidos por la razón» en tanto que «cualquier informe objetivo» señala que la Comunitat Valenciana es «la peor financiada».

No obstante, ha considerado que hay que «ir al fondo de la cuestión», que es que debe haber un Gobierno que tenga «competencias y capacidad para poder sustentar lo que es una financiación justa, y para eso pues es bastante importante que haya un Gobierno, no un Gobierno en funciones».

El presidente valenciano ha afirmado que «ojalá hubiera una vía» para que estas liquidaciones a cuenta se puedan producir y ha recordado que hubo voluntad por parte de la ministra de Hacienda de que fuera así, pero «parece ser que la Abogacía del Estado no lo permite». «En cualquier caso, más allá de la confrontación, nosotros estamos por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo o hacer confrontación de todo lo que tiene que ver con la financiación», ha manifestado.

La Xunta acusa a Hacienda de chantaje por ligar los fondos con la investidura

domingos sampedro
Feijoo, ayer, en un acto organizado por la Asociación de Médicos Galegos en Baiona.
Feijoo, ayer, en un acto organizado por la Asociación de Médicos Galegos en Baiona.

Feijoo lamenta la situación y la atribuye a la «vanidad» personal de Pedro Sánchez

Chantaje, vanidad, desprecio institucional hacia Galicia. Son calificativos empleados ayer por varios mandatarios autonómicos para referirse al Gobierno central y que constatan un aumento de la tensión política y de la carga verbal entre la Xunta y el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La disputa de fondo, aunque no la única, es la retención de parte de las entregas a cuenta a las comunidades con las que se financian los servicios públicos autonómicos, un quebranto que el Gobierno gallego cifra en 700 millones de euros y que el Ministerio de Hacienda arguye no poder afrontar por el fracaso de la investidura y las limitaciones que tiene un Ejecutivo en funciones que vive con un presupuesto prorrogado. «Iso é unha chantaxe pura e dura», advirtió ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que entiende que no se puede condicionar los apoyos a una investidura con la entrega de fondos que son de las autonomías.

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