Los derribos de construcciones ilegales alcanzan cifras históricas en Galicia

Los datos presentados dentro del informe anual del 2018 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, revelan la continuidad de la tendencia de los últimos cinco años: se abren más expedientes y se derriban más construcciones ilegales que nunca en Galicia. Las cifras de derribos no han dejado de subir durante los últimos diez años, batiendo récords en cada ejercicio desde 2009. En el 2018, fueron 210 las reposiciones ejecutadas, cinco más que el año anterior (un ascenso del 2,5 %), y 173 más que el primer año que se contabilizaron, que solo fueron 37 (por lo tanto casi seis veces más). Del total de derribos, más de la mitad corresponden a la provincia de Pontevedra, seguida de A Coruña, con un 35 %, y terminando con Lugo (16 %) y Ourense (10 %). 

De los 405 expedientes de restitución que se iniciaron este pasado año, 116 llegaron incluso hasta la Fiscalía, ante la posibilidad de que pudiera existir un delito. La mitad de esas denuncias fueron interpuestas por la APLU, encargada de proteger la ley urbanística en Galicia. Al resolverse estos casos, en el 90 % de las ocasiones el veredicto judicial coincidía con el informe presentado por la agencia. De todas las irregularidades, alrededor del 50 % fueron alertadas por la propia APLU, dejando la otra mitad para los propios particulares, el Estado y los concellos.

Resoluciones y multas

En el 2018, siguiendo la tendencia detectada durante los últimos cinco años, se han abierto y resuelto más casos de restitución territorial que nunca. Sin embargo, paradójicamente, la recaudación pecuniaria está marcando mínimos desde que se tienen registros. El montante total de las 538 multas coercitivas ­­­_las que conllevan una compensación económica_ impuestas este pasado año, solo han aportado 2,44 millones de euros en ingresos para las arcas públicas. Es la primera vez que el cobro no supera los 2,5 millones desde que la APLU registra estos datos. La explicación, según la Consellería de Medio Ambiente, puede hallarse en la creciente conciencia social de los propietarios, ya que tienden cada vez más a derribar ellos mismos sus edificaciones antes de recibir más multas. Al ser estas de carácter coercitivo, van aumentando su importe a medida que se superan los plazos y el responsable no abona la cantidad que se le exige. Así que, según dicen desde la Xunta, los propietarios tienden ahora más que nunca a depositar el dinero que le corresponde y a derribar la edificación antes de que las multas aumenten.

Estos expedientes de restauración se distribuyen de forma desigual por todo el territorio gallego. Más del 60 % de las resoluciones representan casos en la provincia de Pontevedra, la absoluta dominadora, muy por delante del resto. Estos casos se dan, sobre todo, en las zonas costeras, como Vigo, Cangas o Redondela, ayuntamientos muy dados a recibir visitantes, que buscan viviendas para alquilar mientras pasan sus vacaciones en las Rías Baixas. Esta gran afluencia de turistas es la causa más representativa de todas las irregularidades que se producen en la urbanística de la zona costera de Pontevedra, según dicen desde la Consellería de Medio Ambiente. Los propietarios levantan estas construcciones o crean cámpings de caravanas ilegales para satisfacer a estos miles de veraneantes, que se alojan en estas viviendas ilegales por todo el territorio pontevedrés. La abundancia de visitantes se hace notar también en los expedientes abiertos y resueltos de la zona de la Mariña lucense _Viveiro, Foz o Barreiros_ y en el área circundante a A Coruña _Oleiros, Sada, Ferrol o Ares_. Donde menos casos hay, aunque siguen existiendo algunos puntuales, es en las zonas que rodean a las capitales de las provincias interiores: Lugo y Ourense.

Las cifras

• 210. Derrobos de construcciones no legales llevados a cabo en el 2018.
• 90 %. Porcentaje de resoluciones judiciales que coinciden con la APLU. 
• 2.440.000 euros. Dinero recaudado por la Xunta por multas urbanísticas

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