El ministerio recalca que «no hay plan B» si el Gobierno no deja de estar en funciones
14 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno gallego ha hecho sonar todas las alarmas con el caso de los 700 millones de euros que dejará de ingresar este año por no actualizar el Estado las entregas a cuenta que le corresponden a las comunidades. Buena parte de esa cifra, unos 530 millones, ya estaban contabilizados en los Orzamentos de la Xunta para el actual ejercicio, y si estos ingresos no son recibidos, se producirá un «enorme burato» en las cuentas autonómicas que puede afectar a la prestación de varios servicios públicos o al pago a proveedores.
De ello alertó ayer el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que puso de relieve que los 700 millones de euros que el Gobierno central le adeuda a Galicia por su participación en los tributos del Estado «son ingresos cos que contabamos, que se tiñan que producir si ou si». Y advierte Rueda de que si dichos fondos quedan retenidos «vainos colocar nunha situación moi complicada» para hacer la liquidación del presupuesto a finales del 2019 y afrontar diferentes compromisos de gasto.
La deuda de los 700 millones supera con creces el gasto en conjunto previsto para el 2019 por las consellerías de Presidencia e Administración Pública, Cultura y Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. Supera lo que se destina anualmente al sistema de atención a las dependientes (383 millones) o lo que cuestan todas las universidades gallegas (433 millones).
Descontar ahora estos fondos ya presupuestados provocará importantes tensiones de tesorería, advirtió Rueda, que dejó la puerta abierta a que se produzcan ajustes, recortes en el gasto o incluso demoras en el pago a proveedores. «É claramente unha chantaxe, queren a investidura e non lles importa xogar cos cartos que se destinan a financiar servizos públicos», arguyó el número dos de la Xunta.
Entretanto, el Gobierno central repite de forma insistente el mismo mensaje. Sin una investidura que permita formar un nuevo Ejecutivo, no se podrán actualizar las entregas a cuenta a las comunidades. «No hay un plan B», insistían ayer fuentes del Ministerio de Hacienda, antes de llamar a la cautela: «Vamos a ver si hay Gobierno y después veremos como se puede desbloquear todo esto».
A la polémica de las entregas a cuenta a las comunidades se refirió también el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, que dijo que no había oído al presidente del Xunta, Alberto Núñez Feijoo, quejarse de cuando el Gobierno de Rajoy «congeló las entregas a cuenta y lo hizo por carta el 4 de enero de 2018». Además, Losada añadió que el Gobierno de Mariano Rajoy justificó aquel bloqueo «en que estaba cumpliendo la ley». «Y no hubo ni una palabra de Feijoo», zanjó.