Hacienda eleva la presión y avisa: si Sánchez no es investido, no pagará los 700 millones a Galicia

Montero insiste en aludir al corsé del Gobierno en funciones y a un informe de la Abogacía del Estado para bloquear esas entregas a las comunidades


Santiago

Otra vuelta de tuerca más. La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, volvió este lunes a anteponer el pago íntegro de las entregas a cuenta a las comunidades -fondos ya previstos y con los que se sufragan servicios esenciales y se paga a proveedores- a que se celebre con éxito una nueva sesión de investidura, a que Pedro Sánchez se convierta en presidente y a que pueda formar un nuevo Gobierno que no esté en funciones.

Es el único camino posible, insistió Montero, para que se puedan «actualizar» las liquidaciones a las comunidades y Galicia pueda percibir los 700 millones de euros que demanda.

Son varias las comunidades que están reclamando al Gobierno de Sánchez que actualice las transferencias derivadas de su participación en los tributos del Estado. La Xunta de Galicia abrió esta batalla con Madrid, pero enseguida se vio acompañada por otros territorios de todo signo político, como Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Baleares o Extremadura, que en conjunto están reclamando al Gobierno central un cheque de 4.700 millones de euros. Sin esos fondos, además de tener que reducir servicios, podrían incluso incumplir el objetivo de déficit.

Montero aprovechó ayer una entrevista concedida a la Cadena Ser para explicar que se ha encontrado una fórmula, que tiene el visto bueno de la Abogacía del Estado, que permitiría actualizar las entregas a cuenta a las comunidades (porque se está con las del 2018, con el desfase correspondiente), aunque no estén aprobados los Presupuestos Generales del Estado. «Pero lo que no hemos podido superar es el doble salto con tirabuzón de hacerlo con un Gobierno en funciones», matizó la ministra de Hacienda, pues arguyó que la Abogacía del Estado interpreta que la actualización de dichos fondos no se ajustaría a la tarea de un Gobierno en funciones, pues condicionaría la actividad hipotética del futuro Ejecutivo.

«Hasta la fecha no ha sido posible superar esta segunda cuestión», insistió María Jesús Montero, dejando claro que, para poder hacerlo, lo primero que habría que hacer es facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente para que se pueda superar la fase del Gobierno en funciones.

La ministra fue todavía un paso más allá para elevar la presión al manifestar que si las comunidades no disponen de la totalidad de las entregas a cuenta es porque el PP, Ciudadanos y los partidos independentistas tumbaron el proyecto de presupuestos del 2019 antes de las elecciones: «No se puede soplar y sorber al mismo tiempo, aquellos que tumbaron el presupuesto no pueden venir ahora a pedir cuentas de las consecuencias de esa decisión».

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene de este modo en pulso contra las comunidades que, como Galicia, se han rebelado para reclamar unos fondos con los que contaban. «Es injusto», le dijo directamente a Sánchez la presidenta de Baleares, que es de su mismo partido. Con todo, la ministra de Hacienda negó que esté presionando a los gobiernos autonómicos con las entregas a cuenta, a diferencia de lo que hacía su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, que sí las utilizaba «para apretar con los presupuestos», resaltó.

Una «asfixia económica»

Esta situación podría incluso empeorar si el Ejecutivo no presenta tampoco unas cuentas para el 2020 -las del 2019 están prorrogadas-, y las comunidades no pueden calcular con precisión sus números para ese año.

La réplica a la ministra se la dio la portavoz adjunta del grupo del PP, Paula Prado, que acusó al Gobierno de Sánchez de promover una «asfixia económica» a Galicia al retener el pago de los 700 millones. «As vítimas, se as hai, son todos os galegos que están sufrindo esta aldraxe», puntualizó Prado, quien censuró que el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, y otros dirigentes socialistas actúen de «cómplices». El PP censura que el PSdeG sea cómplice del «aldraxe» de Sánchez a Galicia. 

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