Galicia eleva hasta los dos millones las multas por atentar contra la naturaleza

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

Agentes del Seprona tomando muestras del agua de un río en Barbanza
Agentes del Seprona tomando muestras del agua de un río en Barbanza CARMELA QUEIJEIRO

La sanción máxima de la ley anterior, aprobada por la Xunta de Fraga, era de 300.000 euros

04 ago 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

El Parlamento gallego aprobó el pasado 31 de julio la Lei do Patrimonio Natural e da Biodiversidade de Galicia, más conservacionista que la que estaba vigente hasta ahora y que databa del 2001, cuando Manuel Fraga aún era presidente de la Xunta. Solo un año después, el líder histórico del PP se enfrentaba a la mayor catástrofe ecológica sufrida por la comunidad: el vertido del Prestige. Aunque los grupos ecologistas consideran que la nueva normativa no supone un avance claro respecto a la anterior, salvo en lo que respecta a la introducción de preceptos de la legislación estatal y comunitaria, lo cierto es que el componente disuasorio de la ley es mucho más expeditivo que la anterior. En la normativa que estaba en vigor hasta hace unos días la sanción máxima por infracción muy grave era de 50 millones de pesetas (unos 300.000 euros) y ahora puede llegar a alcanzar los 2 millones de euros, una cifra pensada para los daños que puedan producir empresas solventes sobre el patrimonio medioambiental.

Aunque el régimen de infracciones es relevante, la nueva normativa es un amplio corpus de medidas de protección que toca casi todos los ámbitos del patrimonio natural y de las áreas que cuentan con algún tipo de protección medioambiental, como los parques, las reservas o los monumentos naturales.

Pero no hay ley que pretenda preservar -en este caso el patrimonio natural- sin tener instrumentos coercitivos. Las infracciones muy graves van desde los 200.000 euros hasta los dos millones y persiguen conductas como utilizar veneno en parques naturales; la captura de ejemplares incluidos en el catálogo de especies amenazadas por estar en peligro de extinción; la destrucción o alteración del hábitat de estas especies o ecosistemas que están en riesgo de desaparición; cualquier daño que supere los 200.000 euros en su valoración o cuando los beneficios de quien genera el daño supera los 100.000 euros.

Además de la multa, se podrán intervenir los medios empleados para cometer la infracción, se perderá la posibilidad de obtener ayudas de la administración autonómica y, finalmente, se revocarían las autorizaciones de la actividad que provocó el perjuicio. Para valorar la gradación de la infracción -desde las leves a las graves y muy graves- se tendrá en cuenta la magnitud del riesgo, el grado de intencionalidad, el beneficio ilícitamente obtenido y la posibilidad de que los daños producidos sean irreversibles.

La nueva normativa prevé incluso la posibilidad de aumentar los límites previstos en las sanciones si se demuestra que el beneficio de la acción ilícita es superior a la multa impuesta. Se trata de evitar que el atentado contra las áreas protegidas salga finalmente rentable a los que provocaron los daños.

También se prevé la exigencia de una garantía financiera para las actuaciones que se autoricen en zonas protegidas, con el objeto de tener un fondo de contingencias que permita hacer frente a cualquier daño que se pueda causar. Este depósito financiero se calcularía en base al perjuicio potencial que pudieran causar estas actividades.

Reparación del daño

Pero las medidas compensatorias exigidas por la nueva ley autonómica -que deberá ser desarrollada en distintos reglamentos, algo que no sucedió con la del 2001- no se quedan en las sanciones. Los infractores deberán reparar el daño causado para reponer la situación medioambiental previa a su acción ilícita, una medida compensatoria que ya estaba en la ley que elaboró el Ejecutivo de Fraga. Se prevé incluso demoler construcciones ilegales, acciones que la Xunta puede ejecutar de forma subsidiaria pasándole finalmente la factura al infractor. En caso de que no se repare el perjuicio causado, la Consellería de Medio Ambiente puede establecer multas coercitivas de hasta 3.000 euros -independientes del resto de sanciones- con el objeto de presionar para que se restablezca la situación anterior a los hechos. Las infracciones muy graves prescriben a los cinco años.

Si la acción es constitutiva de delito la indemnización impuesta por los órganos judiciales extinguirían el procedimiento sancionador administrativo.

Medidas de control para las especies invasoras y un catálogo para las amenazadas

En tres años, la consellería se plantea elaborar una estrategia gallega de infraestructura verde y de la conectividad y restauración ecológica, destinada a crear corredores seguros que sirvan, por ejemplo, para la migración de las aves o el intercambio genético de especies que están aisladas en reductos naturales y pueden sufrir endogamia.