La Xunta ofrece asistencia económica y técnica para revisar redes y fijar protocolos
31 jul 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Los ayuntamientos gallegos, responsables últimos de la gestión del agua, empiezan a reaccionar a los peligros de la sequía. Ni uno solo de los 313 concellos tienen en la actualidad un plan de emergencia ante posibles episodios de falta de recursos hídricos, a pesar de que la obligatoriedad en los de más de 20.000 habitantes viene del 2005. Pero el panorama va a cambiar en los próximos meses, porque al menos 87 alcaldes han transmitido a la Xunta su intención de elaborar un plan entre lo que queda de año y el siguiente.
A pesar de que un tren de borrascas borró el problema de la actualidad a principios del 2018, la situación vivida en Galicia a lo largo del 2017 ha dejado preocupada a la Xunta, que comprobó de primera mano la escasa preparación que tienen las entidades municipales e incluso los graves problemas de entendimiento institucional que afloraron cuando algunas ciudades empezaron a verle las orejas al lobo.
La conversión de estos 87 alcaldes no es casual. Ante la evidente vulnerabilidad de los ayuntamientos, la Administración gallega, con competencias generales en la Demarcación Galicia Costa -la franja atlántica imaginaria que va desde O Rosal, al sur, hasta A Mariña lucense- inició los trámites para aprobar una Lei de Garantía de Abastecemento con bastantes requisitos, pero al mismo tiempo activó una línea de apoyo técnico y económico para que los concellos puedan elaborar sus propios planes antisequía. Tuvieron hasta el 24 de julio para solicitar una subvención de 15.000 euros que priorizaba a los concellos de menos de 50.000 habitantes, una iniciativa para la que la Xunta reservó una partida inicial de 250.000 euros que se van a quedar muy cortos, aunque ya se había anunciado una ampliación de recursos si los regidores reaccionaban, como así ha sido.
Objetivo, las fugas de agua
El principal incentivo para sumarse al proyecto autonómico tiene que ver con algunas de las medidas que incluye la nueva ley, que será muy estricta con las pérdidas de agua potable de las redes de abastecimiento. Una de las misiones de los planes es elaborar una auditoría inicial para identificar los espacios geográficos más vulnerables de cada municipio, e incluir actuaciones que garanticen el abastecimiento en caso de sequía. Entre las cuestiones en las que se va a poner la lupa de aumento es en el control de los caudales, de forma que unos contadores homologados van a permitir conocer casi al detalle cuánta agua se capta y cuánta llega finalmente a su destino. Según la Xunta, hay ayuntamientos con una red tan deteriorada que están perdiendo hasta el 40 % del líquido que ha pasado previamente por las depuradoras, con su consiguiente coste. El objetivo es que el agua de la red que se desaprovecha baje del 20 % en tres años, lo que obligará a los gestores del servicio, ya sean empresas privadas o públicas, a hacer un enorme esfuerzo en obras de reparación.
Los planes deberán estar redactados antes de que acabe el 2020, y la Xunta se ha comprometido a financiar el 80 %, mientras que el resto puede proceder de recursos propios o de otras administraciones. En este punto, el Gobierno gallego quiere que se impliquen las diputaciones provinciales, como «corresponsables» que son de la prestación de servicios en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, pero también el Estado, que en el caso de Galicia tiene competencias en buena parte de Lugo y Ourense, en la cuenca Miño-Sil. Entre los 87 solicitantes, hay numerosos concellos de pequeño tamaño, pero también hay localidades medianas como Ribeira, Arzúa, Arteixo, Lalín o Sanxenxo.
En el departamento que dirige la conselleira Ethel Vázquez no ocultan su satisfacción por la respuesta de las entidades locales, aunque los técnicos han tenido que solicitar ampliación de documentación a casi todos los solicitantes. Mientras se va resolviendo el papeleo, la Consellería de Infraestruturas tratará de habilitar más dinero para cubrir la demanda generada.
La nueva Lei encenderá todas las alarmas si no hay abastecimiento para tres meses
La inminente Lei de Garantía de Abastecemento es hija de la crisis hídrica que vivió Galicia en el año 2017, que además de encender todas las alarmas y dejar a la vista los fondos de muchos embalses, también hizo aflorar las dificultades de las administraciones para gestionar la situación. Por ello ataca directamente a las pérdidas de aguas de la red de saneamiento o a la posibilidad de hacer expropiaciones por la vía rápida si la situación lo requiere para acometer las obras necesarias, de ahí que la Xunta quiera conocer de antemano y coordinar las posibles necesidades, concello a concello. Y si estos no actúan, Augas de Galicia podrá tomar las riendas de la situación y pasar a continuación factura a los que hayan hecho dejación de funciones.
Otro problema que se planteó en su momento fue la cronología de las decisiones, que se fueron tomando sin referencias legales, sobre la marcha. A falta de que la Lei se desarrolle al detalle, el texto sobre el que se trabaja determina que una zona de Galicia entrará en «grave perigo de seca» si su suministro depende de un embalse y este no garantiza el abastecimiento más allá de tres meses.
La situación actual
¿Existe un problema inminente? A pesar de las previsiones meteorológicas que se adelantaron hace unas semanas, basadas en modelos de predicción, en su primera parte el verano gallego no ha sido tan seco como se anunció, pero precisamente son esos desvíos en los pronósticos los que obligan a mantener la atención tras el susto del 2017, en el que Galicia estuvo al borde de la emergencia tras un año con escasas precipitaciones que, además, no atendieron a la lógica de las estaciones. Entonces, la Xunta decretó la prealerta un 12 de enero del 2017, con la esperanza de que el invierno y la primavera hiciesen su trabajo. Las restricciones llegaron en junio, y la alerta en diciembre, cuando a ciudades como Vigo solo le quedaban 25 días de suministro.
