Contas cuestiona el ahorro logrado por la Xunta en su plan para reducir chiringuitos

Mario Beramendi Álvarez
MARIO BERAMENDI SANTIAGO DE COMPOSTELA

GALICIA

Fachada del edificio del Consello de Contas de Galicia
Fachada del edificio del Consello de Contas de Galicia PACO RODRÍGUEZ

Vicepresidencia responde que el informe del organismo fiscalizador recoge solo una parte reducida de las medidas de reordenación y cifra la reducción de gasto en 90 millones

26 jul 2019 . Actualizado a las 17:10 h.

La estrategia emprendida por la Xunta en el 2010 para racionalizar la compleja y enmarañada arquitectura administrativa ha sido más nominal que real. Así lo concluye uno de los últimos informes del Consello de Contas, el organismo fiscalizador del sector público, cuya memoria y documentos están desde esta mañana en manos del Parlamento. El trabajo analiza la extinción de las llamadas entidades dependientes, popularmente conocidas como chiringuitos, y muestra cómo en el período que va del 2010 al 2016 el sector público autonómico pasó de 157 a 112 entidades. Sin embargo, el ahorro efectivo de esa reducción fue de apenas 17,03 millones, de los que 7,03 se correspondieron con gastos de personal. Esto significa menos del 1% de los fondos que han gestionado las llamadas entidades dependientes. «Como conclusión global, na nosa opinión, os procesos de extinción levados a cabo nas entidades dependentes da Xunta simplificaron a arquitectura instrumental da administración autonómica agrupando funcións e medios e dotando de maior transparencia a unha xestión que se viña realizando a través dunha estrutura paralela opaca e atomizada, pero non conseguiron aforros económicos significativos como consecuencia de que se optou por manter as funcións e os medios materiais e persoais das entidades que desaparecen», asegura uno de los informes entregados esta misma mañana en el Parlamento gallego.

El informe del organismo fiscalizador no ha sentado especialmente bien en Vicepresidencia, el departamento liderado por Alfonso Rueda, quien responde que el trabajo de Contas recoge solo una parte reducida de todas las medidas de reordenación acometidas por la Xunta, una queja ya trasladada al organismo por las disfunciones detectadas. Según los cálculos de la Adminsitración gallega, durante los últimos años se ha logrado un ahorro de 90 millones en los planes de racionalización que supusieron la baja de 88 entidades y 644 contratos. «A pesar disto o informe de Contas inclúe únicamente os aforros producidos nos entes que causaron baixa, e non ten en conta as medidas de mellora de eficiencia aplicadas nos que seguen en funcionamiento, como redución do gasto de alugueres, cadro de persoal o contratos externos», apuntan desde Vicepresidencia. 

Mas allá de esta cuestión, Facenda ha destacado hoy mismo que el informe de Contas en el que analiza la cuenta general de la comunidad autónoma (igual que el resto) ratifica que la Xunta está cumpliendo todos los objetivos fiscales, al tiempo que sigue mejorando su gestión prespuestaria y las principales magnitudes financieras. «O organismo fiscalizador destaca en primeiro lugar que no exercicio 2017 Galicia non só cumpriu un ano máis o obxectivo de déficit público fixado polo Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF), do 0,6%, senón que conseguiu reducir o déficit un 32%, ata os 340 millóns de euros. Ao mesmo tempo, Galicia tamén cumpriu a regra do gasto común para todas as administracións públicas de España-, o que permitiu evitar a aprobación dun plan económico-financeiro», celebra el departamento liderado por Valeriano Martínez.

La Xunta celebra que Contas constate una reducción del 17 % del gasto en intereses en el año 2017, el cumplimiento de los límites de la deuda y que la Administración gallega se esté ahorrando 6,1 millones de euros cada año en altos cargos y personal eventual, en relación al gasto que había en el año 2008. Otro de los asuntos frecuentes de controversia es el llamado desplazamiento de gasto, el dinero que deja de contabilizar en un ejercicio por insuficiencia de crédito y que se imputa en el siguiente. En el 2015, este parámetro estaba en 171 millones, y en el 2017 se halla en 111, lo que supone una reducción del 30 % y evidencia, según Facenda, que la Administración autonómica está siguiendo las recomendaciones que cada año hace el organismo fiscalizador.