Alertan del aumento de agresiones a sanitarios, con 500 casos en un año en Galicia

«Estamos a tiempo de atajar este problema, para el que debemos mantener una actitud de tolerancia cero». El fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, lanzaba esta advertencia tras firmar un convenio con los presidentes de los colegios médicos gallegos para facilitar desde la Fiscalía la atención inmediata en los incidentes violentos contra los profesionales que prestan servicio en centros públicos y privados de Galicia. Se trata, añadió Suanzes, de garantizar la eficacia de la investigación, persecución y castigo de ese tipo de agresiones, que desde el año 2015 se consideran delitos de atentado contra la autoridad en el caso de los funcionarios públicos.

«La de las agresiones al personal sanitario es una de las lacras que nos toca vivir», aseguró Luciano Vidán, presidente del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña. Dijo que hay muchas dificultades para registrar todas las agresiones porque en muchos casos la víctima no denuncia porque minimiza las amenazas, los chantajes o los insultos. De todas formas, reveló que un reciente informe del Sergas cifra en 500 el número de profesionales sanitarios que fueron agredidos el año pasado en Galicia, una cifra que se duplicó en solo dos años.

Vidán señaló que la agresión a un médico no es solo un acto violento, sino que supone además que te agrede una persona a la que estás intentando ayudar: «No entendemos este tipo de conductas». Por todo ello, el presidente de los colegios médicos coruñeses calificó el acuerdo firmado con la Fiscalía como un gran paso para combatir las agresiones a los sanitarios. Los representantes de los médicos gallegos creen que esas cifras de agresiones son solo la punta de un iceberg, una pequeña parte de la realidad diaria que ocurre en la asistencia sanitaria.

Coincidió en el diagnóstico José Luis Jiménez, presidente del colegio de Ourense y del Consello de Colexios Médicos de Galicia. Pidió tolerancia cero con las agresiones, porque no son solo un problema de violencia, sino que también significan una pérdida de la confianza y del buen desarrollo del acto médico. «Un compañero agredido necesita un tiempo de recuperación para volver a tener una relación de confianza con sus pacientes», aseguró Jiménez, que recordó que hay estudios que indican que uno de cada tres profesionales médicos ha sufrido alguna forma de agresión. Incidió en la necesidad de que los sanitarios denuncien, sea cual sea el tipo de agresión que sufran, «porque no es solo un problema personal, es un problema de todo el colectivo».

La mayoría, en el sistema sanitario público

La mayoría de las agresiones, el 85 %, se producen en el sistema sanitario público, según los datos que maneja el observatorio de agresiones de los colegios médicos, y dentro de ese ámbito la mayor parte de los casos (40 %) ocurren en atención primaria. Las amenazas son el tipo de agresión más frecuente, seguidas de los insultos y los ataques físicos.

Los médicos admiten que los recortes, las listas de espera y la masificación tienen mucho que ver en la tensión que se genera en una consulta y que puede desembocar en una agresión, pero por lo general los motivos apuntan más hacia peticiones injustificadas de bajas laborales o a reclamaciones de un determinado tratamiento que el profesional no ve adecuado.

Convenio para que la Fiscalía agilice el proceso en casos de delito

El convenio firmado este lunes entre la Fiscalía Superior de Galicia y los colegios médicos establece un protocolo para facilitar la intervención inmediata en el caso de que se produzca un caso de violencia contra un médico. Según el acuerdo, los médicos que sean víctimas de una agresión en el ejercicio de su profesión deberán remitir al colegio profesional de su provincia un parte de lesiones, si las hay, o la documentación necesaria que acredite cualquier otro tipo de agresión, como por ejemplo las amenazas o los insultos. Tras conocer los hechos, el Colegio presentará una denuncia en la Fiscalía provincial que corresponda y esta abrirá diligencias de investigación penal para comprobar si hubo delito. En caso afirmativo, la Fiscalía llevará el asunto a un juzgado de instrucción y realizará posteriormente un seguimiento particular de cada caso.

El convenio da preferencia a ese trámite frente a la denuncia directa de la víctima en la policía o en el juzgado de guardia. De esa forma se evitan duplicidades y se garantiza una mayor efectividad en el proceso.

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