El Defensor del Pueblo Europeo inspecciona el expediente a España por el accidente de Angrois

Dará más información a las víctimas el próximo mes de septiembre

Concentración de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois
Concentración de la plataforma de víctimas del accidente de Angrois

Representantes del Defensor del Pueblo Europeo han inspeccionado el expediente que la Comisión Europea mantiene abierto a España por un posible incumplimiento en materia de seguridad ferroviaria. El propio Defensor informó de ello a la plataforma de víctimas del accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois en el año 2013.

En la comunicación, realizada por escrito, el alto comisionado europeo explica que el pasado 5 de julio tuvo lugar una reunión entre un equipo de investigación de la institución y tres representantes de la Comisión Europea (dos de la Dirección General de Movilidad y Transportes y uno de la secretaría general). Entre otras cuestiones, los investigadores quisieron comprobar que el procedimiento de infracción abierto continúa en curso. Además, expusieron a los representantes del ejecutivo comunitario el procedimiento de inspección y les informaron sobre las reglas de confidencialidad. El Defensor también indicó a la plataforma de afectados que el próximo mes de septiembre les informará sobre el desarrollo del caso.

La Asociación Víctimas del Alvia 04155 presentó a principios de junio una reclamación ante el valedor europeo y contra la Comisión al entender que seis años después del accidente «todavía no ha realizado una investigación acorde a la legislación europea». Los afectados también reclamaron tener acceso a los documentos relativos al expediente abierto, algo a lo que el ejecutivo europeo se ha negado hasta el momento alegando cuestiones como el clima de confianza mutua con las autoridades españolas.

Bruselas abrió expediente de infracción contra España a principios de este año al entender que su modelo de seguridad «no cumple los requerimientos de la legislación comunitaria» y constatar una serie de «deficiencias» en el método para investigar accidentes por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y de la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios). Las autoridades españolas tenían dos meses para responder a la amonestación de la UE y, de ser preciso, ofrecer medidas correctivas. Las quejas de la plataforma de víctimas aseguran, sin embargo, que hasta el momento el Gobierno nacional «ha hecho caso omiso a los informes y advertencias públicos de la Comisión Europea».

Especialmente críticas se muestran con el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, quien, aseguran, les ha «defraudado», al incumplir su promesa de una nueva investigación independiente.

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