El Estado solicita al juzgado medidas cautelares para evitar la venta de Meirás
GALICIA
El pazo aparece en la web de una inmobiliaria con un precio de 8 millones de euros
13 jul 2019 . Actualizado a las 22:56 h.Que se declare la nulidad de la donación del pazo de Meirás efectuada en el año 1938 entre la Junta pro Pazo y Francisco Franco Bahamonde en calidad de jefe del Estado, que se anule la escritura de compraventa celebrada en el año 1941 y que se declare que la propiedad de las edificaciones y del terreno pertenece al Estado. Esas son las peticiones básicas planteadas en la demanda de juicio presentada por el Estado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña para tratar de recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público.
Pero, además, en la demanda elaborada por la Abogacía del Estado se solicita una medida cautelar clave para evitar que el pazo de Meirás sea vendido, y que consiste en la anotación de la demanda judicial en las inscripciones existentes sobre el inmueble en el Registro de la Propiedad de Betanzos. En la práctica, esa anotación no impide que el pazo de Meirás se venda, pero sí sirve de advertencia al posible comprador de que existe una demanda judicial sobre esa propiedad, según explicaron fuentes jurídicas.
La venta del pazo es una posibilidad real, ya que la propiedad, ubicada en el municipio de Sada, aparece a la venta por un precio de 8 millones de euros en una inmobiliaria de Santander especializada en la venta de propiedades de lujo. Ayer mismo, horas después de la presentación de la demanda del Estado, la web de la inmobiliaria Mikeli mantenía en puesto destacado el pazo, que define como «un inmueble singular». La web añade: «Es un recinto sin par, lleno de historia y detalles especiales (biblioteca, cuadros, piezas arqueológicas, dependencias, blasones, fuentes, cruceros, decoración, etc.) que lo convierten en una oportunidad inmejorable. El pazo de Meirás es un paradigma de confort y contacto con la naturaleza».
La Abogacía del Estado también pide al juzgado que se notifique la demanda a la Xunta a los efectos de la intervención de la comunidad autónoma en el procedimiento, teniendo en cuenta que el Parlamento gallego aprobó en junio del 2018, por unanimidad, reclamar la devolución del pazo al Estado. Esa petición planteada desde Galicia fue la que puso en marcha las investigaciones de la Abogacía del Estado, que han terminado con la presentación de la demanda en el juzgado para recuperar la propiedad.