El Imserso pagó durante años 208 pensiones de gallegos fallecidos

El Tribunal de Cuentas destapa un fraude en prestaciones no contributivas y sitúa a Galicia como segundo territorio con más casos registrados


redacción

El Tribunal de Cuentas ha puesto cifras a una práctica aparentemente anecdótica: el cobro de pensiones de familiares fallecidos. En un documento que acaba de hacer público fiscalizando las cuentas del 2016 del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sitúa a Galicia como el segundo territorio (tras la Comunidad Valenciana) en el que más se suceden este tipo de casos. Ha llegado a la conclusión de que el Imserso ha estado pagando durante años 208 prestaciones a personas muertas en Galicia, sin que los mecanismos de control lo detectaran.

Para dar con esa cifra, el Tribunal de Cuenta cruzó datos de fallecidos aportados por el INE entre el 1 de enero de 1997 y 31 de diciembre del 2016, y las nóminas emitidas en diciembre del 2015 y en diciembre del 2016. Se trata en todos los casos de pensiones dependientes del Imserso, principalmente prestaciones no contributivas (a cargo a presupuestos generales del Estado, porque son complementos a cotizaciones bajas o inexistentes) o adscritas a alguna discapacidad. Son pagos de cuantía discreta (no como las pensiones de jubilación o viudedad, más elevadas), por lo que el importe conjunto defraudado en esos 208 casos no es especialmente abultado: 284.000 euros. Es decir, unos 1.300 euros por fallecido.

La cantidad anotada en Galicia está muy alejada de la situación detectada en Valencia: 234 personas, por un total de 9,8 millones de euros. En todo caso, el informe del Tribunal de Cuentas no explica por qué hay esa gran diferencia con respecto a otras comunidades, ya que solo en Levante se concentra el 90 % del fraude detectado (11 millones). Sí que recoge que 122 expedientes superan los 10 años de abono con posterioridad al fallecimiento, «llegándose a 19 años y 3 meses en uno de ellos». En total, para el conjunto de España la cifra supera el millar de casos, por un montante total de 11,2 millones de euros.  

El documento también recoge que de esos 284.000 euros pagados a nóminas de muertos en Galicia, solo hay posibilidad de recuperar 5.511 euros, principalmente porque ya han pasado cuatro años desde que se pudo cometer el fraude y la posible reclamación ha prescrito. En todo caso, el grueso del fraude (115 casos sobre los 208 detectados) se concentra entre los 3 y los 5 meses después del fallecimiento.

Los motivos del fraude

¿Por qué sucede esto? ¿No hay mecanismos de control? Eso es precisamente lo que quería detectar este organismo fiscalizador con su informe. Y la conclusión es directa: «El procedimiento presenta debilidades de control interno por una evidente ausencia de comunicación entre los distintos actores, Imserso, órganos gestores de las comunidades autónomas y Tesorería General de la Seguridad Social».

Recuerda además el Tribunal de Cuentas que el procedimiento de recuperación del dinero desde los bancos «está significativamente condicionado por las carencias en el control de fallecidos cuando el plazo transcurrido entre el fallecimiento y su detección es superior a cuatro años, con la consiguiente prescripción del derecho a recuperar las cantidades indebidamente abonadas». De hecho, de los 11,2 millones pagados, considera que solo se pueden recuperar dos. 

Los datos destapados por el Tribunal de Cuentas se conocen justo cuando han trascendido dos casos de cobro de pensiones -en este caso de jubilación- de gallegos muertos. En el primero, una mujer de A Estrada admitió el fraude y ha sido condenada a dos años de prisión; la cantidad cobraba superaba los 132.000 euros repartidos en 20 años ocultado la muerte de su abuelo. El segundo episodio se verá en los juzgados de Ourense pronto: 127.000 euros cobrados durante 8 años por una mujer y su marido, procedentes de la nómina del tío de la primera. 

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xurxo melchor

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Una vecina de A Estrada se sentará este jueves en el banquillo acusada de un delito contra la Seguridad Social por haber estado cobrando durante veinte años la pensión de jubilación de su abuelo ya fallecido. En total, 132.041,23 euros. Aunque España no es la Grecia de antes de la crisis en la que el cobro irregular de prestaciones era frecuente, el caso de esta estradense no es único, lo que lleva a pensar si es posible ocultar durante tanto tiempo a la Administración la muerte de una persona. «Chocante é, e raro tamén, pero como en todo hai picaresca e fraude, aínda que o normal é que se acabe descubrindo», explica Ramón Quintela, abogado compostelano experto en derecho sucesorio.

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