Fiscales gallegos reclaman leyes para frenar a las mafias de la okupación

Valoran positivamente la instrucción de la Fiscalía de Baleares que respalda la actuación policial contra los secuestradores de viviendas sin que sea necesaria una orden judicial


Vigo

La normativa legal existente en España no está resultando suficiente para frenar el fenómeno de la okupación de viviendas e inmuebles. La reforma aprobada el año pasado por las Cortes que da cobertura al desalojo exprés tampoco disuade a los crecientes y más extendidos grupos organizados que se dedican a asaltar hogares y luego pedir un rescate por su liberación o negociar su salida de las viviendas. Ante dicho marco legal, Fiscales de Galicia consultados por La Voz abogan por avanzar aún más en la adopción de leyes que permitan actuar específicamente contra las llamadas mafias de la okupación. Y mientras no se avance en ese camino, los representantes profesionales del ministerio público en la comunidad gallega valoran positivamente la instrucción cursada el lunes por la Fiscalía de Baleares que ampara las actuaciones policiales contra los okupas cuando sean denunciada una usurpación ilegal de un inmueble su aunque no exista una orden judicial que active la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.  

El portavoz en Galicia de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, considera a título personal que la instrucción de la Fiscalía balear «da una solución a los casos de okupación ilegal de viviendas que cada vez van a más, pero solo es un paso intermedio hasta que se lleve a cabo una reforma legislativa que aunque reserve la vía jurídica para resolver la confrontación de dos derechos, como es el del reconocimiento del de las personas que viven en una casa y el de la propiedad de la misma, permita actuar de manera más rápida y efectiva contra las mafias y la extorsión», apunta.

García Ortiz recuerda que la okupación de inmuebles es un delito considerado leve en España y que los desalojos que reconoce la ley son cautelares. Aboga por que la ley logre distinguir entre las ocupaciones que se hacen por negocio por los grupos de delincuencia organizada y los que protagonizan personas que atraviesan situaciones de necesidad y carentes de recursos. «Hay una alarma social enorme», añade el fiscal, por lo que estima que tanto los distintos estamentos de la Administración de Justicia como los representantes políticos «tenemos que estar atentos y actuar ante este tipo de fenómenos, que aunque son en número de casos menores que otros delitos, generan una gran preocupación en la sociedad», apunta por la intranquilidad que provocan y la puesta en cuestión del derecho a la propiedad. «Estamos ante una situación grave y el legislador debe saber distinguir entre los distintos casos para actuar con rapidez y eficacia frente a esos grupos organizados», concluye haciendo alusión a las denominadas mafias de la okupación.

Una posición similar argumenta Luis Anguita, delegado en A Coruña de la Asociación de Fiscales. Para él, la instrucción del fiscal jefe de Baleares solo es de momento un criterio de actuación, que pueden seguir o no las restantes fiscalías de España, pero reclama una actuación más decidida por parte de los legisladores para que se actúe de manera global frente a la okupación en todas las autonomías. «Su criterio es correcto y bien fundado y en mi actuación podría seguirlo también», llega a señalar. En todo caso, advierte Anguita que la instrucción de la Fiscalía balear se produce porque puede haber dudas sobre cómo actuar ante situaciones de asalto y secuestro de viviendas y su denuncia y porque el problema de la okupación va a más por los grupos que están haciendo negocio con dicha actividad. «Tenemos que estar atentos y dar al ciudadano una respuesta legal adecuada», añade el fiscal.

Fuentes de la Fiscalía General del Estado señalan que la instrucción de la Fiscalía de Baleares se lleva a cabo en función de la autonomía de dicho órgano en cada comunidad autónoma, sin que de momento se haya suscitado tomar para el conjunto del Estado una vía semejante de respaldar las actuaciones policiales frente a los okupas aunque no haya orden judicial.

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