Son terrenos que tenían obligación de estar desbrozados el pasado 31 de mayo
17 jun 2019 . Actualizado a las 17:56 h.La fecha límite era el 31 de mayo. El objetivo, que todas las llamadas franjas secundarias de las fincas estuviesen perfectamente limpias. Se trata de una de las grandes medidas de prevención de incendios forestales en Galicia y afecta a áreas de 50 metros en torno a núcleos de población, edificaciones e instalaciones que deben estar libres de maleza y árboles pirófitos. Son los terrenos más cercanos a las viviendas.
Solo en la capital ourensana se revisarán 2.000 parcelas en los próximos días Así es la norma, pero la realidad es bien diferente. La Xunta todavía tiene pendiente empezar la limpieza de 4.500 hectáreas en los 34 ayuntamientos que más padecen el fuego. Se trata de una medida acordada el pasado año con las administraciones locales, pero más allá de esta limpieza de oficio, el máximo responsable es el propietario del terreno. Una circunstancia que obliga a los concellos a agilizar su maquinaria burocrática. La prevención forestal no es solo un asunto de los concellos rurales. Es un auténtico reto también para las ciudades. Solo en la capital ourensana tienen más de 40.763 parcelas afectadas tanto en zona urbana como en su parte más rural. El concello tiene un censo de esos terrenos colgado en su página web. Incluso, durante gran parte del año se han realizado charlas para los vecinos.
A estas alturas aún no saben cuál es la situación de los terrenos sucios del ayuntamiento. Por ello, en los próximos días van a empezar a inspeccionar un total de 2.000 fincas. Son los terrenos que el departamento de Medio Ambiente considera de mayor riesgo para la población. A partir de ese momento, los propietarios de las fincas sin limpiar recibirán una notificación advirtiéndoles de que su parcela tiene que estar en condiciones en 15 días. Desde el concello de Ourense aseguran que, si esas limpiezas no se ejecutan, se pondrán en marcha las sanciones o el propio consistorio se pondrá manos a la obra. Eso sí, repercutiéndole el gasto a los dueños.
En el caso de A Coruña, el concello ya ha poblado algunas fincas con carteles que instan a los propietarios a que rocen y retiren la maleza. Les ponen una fecha límite y la advertencia de sanción. Unas comunicaciones que comenzaron como medida de prevención en el mes de abril, pero a las que algunos propietarios han hecho caso omiso. «Están obrigados a limpar as fincas reciban ou non a carta do concello», explican. Habitualmente se tramitan unos 400 expedientes. Este año serán 1.000.
Dueños ilocalizables
En muchas ocasiones el problema es directamente localizar a los propietarios. Suele suceder que los terrenos son de varios titulares o han sido una herencia. El consistorio compostelano asegura haber reforzado las comunicaciones, aunque matizan que se ha realizado una labor de inspección constante durante todo el año.
Solo en Lugo en el 2018 se enviaron unas 180 cartas con órdenes de ejecución. «Unha vez enviada, os técnicos municipais pasan a comprobar se a parcela se rozou ou non. De non ser así, iníciase un trámite de audiencia e dáse un novo prazo. De seguir así, imponse a primeira multa coercitiva -de 1.000 euros-. Teñen que pasar tres meses para a segunda multa, que se rexe pola Lei do Solo», explican fuentes oficiales sobre un proceso que, entre requerimiento y alegaciones sobrepasa con creces el período de alto riesgo de incendios.
Multas de hasta 100.000 euros por no limpiar las franjas
Galicia vive a día de hoy con un dramático recuerdo difícil de borrar: la ola de incendios de octubre del 2017. Se quemaron casi 50.000 hectáreas. Y lo que es peor, fallecieron cuatro personas. La comunidad suma desde el año 2008 más de 38.000 incendios por lo que la conservación de un monte, en muchas ocasiones sin explotar, es un asunto prioritario.
El pasado mes de abril la Xunta anunció que limpiaría de oficio las franjas de 695 aldeas gallegas, pero esta medida, aún pendiente de ejecución, no exime a los propietarios de su responsabilidad.
LIMPIEZA DE FINCAS
¿Quién tiene que hacerlo? Los titulares de los terrenos son los responsables de su estado. Son las llamadas franjas secundarias: 50 metros de perímetro alrededor de núcleos de población, viviendas aisladas o cualquier tipo de edificaciones. Son las zonas que evitarían que las llamas llegasen a la población. En esas zonas no puede haber especies pirófitas, como pinos o eucaliptos.
supervisión
Control y notificación. Los consistorios están obligados a vigilar y requerir a los propietarios para que tengan los terrenos en condiciones. Si estos no han cumplido, se enviará una notificación a los titulares. Si la situación no se resuelve en un plazo de quince días, el ente local o la consellería pueden abrir el proceso sancionador. La Administración podría asumir las labores de limpieza y repercutirle el gasto al propietario o propietarios del terreno. El precio por hectárea está unificado en 350 euros. En el caso de que el importe supere la valoración catastral, se podría iniciar un procedimiento de expropiación.
LAS SANCIONES
Pueden ser muy altas. El incumplimiento de la norma puede acarrear sanciones, que pueden llegar a ser muy importantes. El expediente le corresponde a la consellería de Medio Rural. Las sanciones leves se mueven entre los 100 y 1.000 euros. Las graves van de 1.000 a 10.000. En casos muy graves, con reiteración, podrían alcanzar los 100.000 euros.
el plazo
Terminó el 31 de mayo. La retirada de la biomasa tenía que estar lista a finales del pasado mes. Aun así, la mayoría de los concellos todavía están inmersos en el proceso de inspeccionar en qué condiciones se encuentran las fincas que suponen un riesgo.
¿qué pasó en el 2018?
2.400 sanciones. El pasado mes de agosto, la entonces conselleira de Medio Rural, Ánxeles Vázquez, cifró las notificaciones de sanción a los propietarios que incumplieron la obligación de limpieza en 2.400. No especificó eso sí, el montante económico al que ascendieron las multas.
